A pesar de que una jueza federal suspendió los aumentos que el Gobierno Nacional había aplicado en el servicio eléctrico, los usuarios mendocinos deberán pagar este mes facturas que harán caso omiso de ese fallo.

Así lo indicó el presidente del EPRE (organismo de control del servicio), Elián Japaz. "Se toma el valor del 1 de febrero, como si estuvieran vigentes las resoluciones 6 y 7 del Ministerio de Energía de la Nación", explicó el funcionario. Esas resoluciones establecieron el aumento por quita de subsidios y la aplicación de una tarifa social para atenuar su impacto en la población.

Japaz fundamentó esta decisión en una medida tomada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Desde ese ámbito se emitió la semana pasada el Documento de Transacción Económica (DTE) correspondiente a julio, en el cual quedó reflejado que los aumentos aplicados en febrero siguen en pie.

La disposición de CAMMESA actúa como una suerte de orden para las distribuidoras de energía locales y tiene impacto en uno de los ítemes de la tarifa: el costo de abastecimiento y transporte. Ese rubro tuvo incrementos de entre el 400 y 500 por ciento en febrero, pero en la factura total, el impacto final fue de alrededor del 150 por ciento.

Los otros dos elementos de la facturación de la electricidad en Mendoza son los impuestos y el Valor Agregado de Distribución (VAD), que favorece a las empresas locales y que se maneja desde el Gobierno provincial. De hecho el VAD se viene ajustando desde diciembre, cada tres meses, en un 8,75 por ciento por periodo.

Pero en el caso del costo de abastecimiento, según el EPRE, las distribuidoras de electricidad deben cumplir con la orden nacional y trasladar a los usuarios los montos que les factura CAMMESA mensualmente en la DTE.

De acuerdo con ese documento, a nivel nacional se entiende que la cautelar de la jueza Martina Forns no está en firme y ha quedado sujeta al resultado de la apelación del gobierno de Mauricio Macri.

En este sentido, el EPRE entregó una suerte de comunicado de CAMMESA a las distribuidoras locales: "El DTE de julio de 2016 fue realizado con los precios estacionales establecidos por las resoluciones de la Secretaría de Energía Eléctrica números 41/2016 y 11/2016, y del Ministerio de Energía y Minería número 6/2016", dice ese texto.

El titular del EPRE agregó que "si llega a haber modificaciones sobre las resoluciones 6 y 7, se van a tomar los recaudos necesarios", lo cual se traduciría en notas de crédito a favor de los usuarios que pagaron de más en la anterior facturación.

Eso parece sostener la segunda parte del comunicado entregado a este medio por el EPRE y atribuido a CAMMESA, el cual dice que "la documentación comercial de dicho periodo (julio 2016) será emitida considerando los eventuales ajustes que correspondan en virtud de medidas cautelares y resoluciones judiciales".

Pero el recálculo y las notas de crédito o descuentos a favor de los que paguen de más recién llegarían a mediados del mes que viene. Ahora, correspondería liquidar los aumentos eléctricos sin tener en cuenta la orden de la jueza Forns, según sostiene el EPRE.

Esta afirmación es un alivio para las 11 distribuidoras de electricidad local (EDEMSA, Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y Edeste, que a su vez abastece a 8 distribuidoras más), las cuales esta semana comenzaron a emitir sus facturas con los mismos valores de los últimos meses y no tendrían problemas con CAMMESA.

Sin embargo, esto choca con la mirada de la ONG Protectora, que defiende los derechos del consumidor. El abogado Mario Vadillo señaló en ese sentido que Protectora, poco después del fallo que frenó los aumentos, intimó por cartas documento al EPRE y a las distribuidoras eléctricas para no apliquen los aumentos.

Vadillo aseguró que la cautelar de la jueza Forns está vigente y que seguir facturando con los mismos valores de los meses anteriores contradice la orden judicial.

También criticó al titular del EPRE por no haber respondido una nota en la que Protectora le indicó que debía ordenarles a EDEMSA, Edeste y Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz el cumplimiento de la medida judicial y la consecuente suspensión del cobro de las facturas emitidas como resultado de la resolución número 6 del ministerio que conduce Juan José Aranguren.

Desde que se conoció el fallo de la jueza Forns, el Gobierno provincial se ha expresado tímidamente en contra de frenar los aumentos. "Salvo algunas industrias, no hubo reacciones como con el gas", diferenció el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, el 4 de agosto, apenas surgió el fallo contra de la suba.

Ayer, en este sentido, el titular del EPRE dijo que el impacto del incremento nacional no fue general y reiteró la "preocupación" oficial por la suerte de la tarifa social. Esa tarifa eléctrica tiene hoy tiene impacto en unos 130.000 de los 400.000 usuarios mendocinos, quienes "pagan menos" que antes del aumento, según aseguró Japaz.