La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA, controlada por el Estado) propuso al Gobierno un aumento del 48 por ciento, en dos tramos, para 2019. A partir del 1 de enero, la factura de agua subirá un 17%. Desde el 1 de mayo, aumentará un 27% más.

En 2018, los aumentos generales fueron del 26%. Sin embargo, hubo también una quita de subsidios que afectó a los sectores más vulnerables, que en total pagaron subas del 68%. En 2017, un 23%. En 2016, entre 200 y 375%. Así las cosas, desde la asunción de Cambiemos la boleta de agua subió entre 600 y 750%.

Con los nuevos aumentos, según detallaron desde ERAS, las tarifas residenciales llegarán en promedio a los 1.413 pesos, siendo de $ 1.527 las tarifas para usuarios de zonales altos y de $ 1.347 para los zonales bajos.

Sin embargo, en la audiencia pública celebrada este jueves en Tecnópolis, el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Pablo Bereciartua, no dudó en afirmar que la máxima prioridad del Gobierno es “la inclusión”, para que “el servicio esté disponible para todos los ciudadanos”. Además, llamó a “revertir atraso cultural” en materia de consumo, que “debe hacernos sentir vergüenza”. Bereciartua estableció una serie ítem en los cuales se basa su política: Tarifa social y comunitaria, cobro por consumo, extensión del servicio e inversión. Además, criticó los subsidios que otorgaba el Gobierno anterior, por considerar que beneficiaba a los sectores más pudientes, y celebró haber revertido ese rumbo.

En el mismo tono, se expresó el presidente de AySA, José Luis Inglese, al decir: “Queremos una empresa equitativa, eficiente y sustentable”, con foco en “la inclusión y el bienestar de la población”. Inglese aseguró que la empresa busca “garantizar el acceso para las personas con dificultades socioeconómicas”. En ese sentido, destacó que “375 mil usuarios reciben la tarifa social”. Luego, enfatizó el objetivo de “contrarrestar los efectos de la inflación que afectan a la empresa”.

Con respecto al aumento, Inglese detalló que el 17% inicial corresponde a una recomposición por lo perdido este año contra la inflación (a suba fue del 26%, contra un IPC-INDEC que se estima cerrará el año por encima del 45%), mientras que el 27% restante será por la inflación estimada para 2019. “Sólo vamos a seguir el ritmo de la inflación”, prometió.

Acto seguido, llegó el turno de los oradores. Pocos, en relación con otras audiencias. Muchos coincidieron en cuestionar por qué AySA estima una inflación del 27% para el año próximo, si el presupuesto aprobado este miércoles en el Senado calcula una inflación del 23%. La primera fue la Defensora del Usuario del Agua en el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), Ana Carolina Herrero, quien remarcó la importancia de que “los usuarios conozcan los beneficios de la Tarifa Social del Agua”. En ese sentido, detalló: “El piso de subsidios para aquellas familias que no pueden afrontar el pago de la factura de Agua y Cloacas, será de 178 pesos en enero y 226 pesos en mayo, con impuestos y si fuera bimestral. Además existe el Caso Social, donde se otorga una cobertura del 100% del servicio y la Tarifa Social Comunitaria para entidades deportivas barriales, comedores, escuelas públicas, universidades, etc., que tiene un descuento de entre el 25-30%”.

Para Roberto Feletti, quien habló en representación del municipio de La Matanza, el aumento “es mucho para no presentar el balance”. Por lo cual, pidió impugnar este aumento.

Por la Defensoría del Pueblo de Nación, habló la Dra. Mariana Grosso, quien aclaró que “los usuarios también se vieron afectados por la inflación y no tienen forma de recomponer esos ingresos”. El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, pidió que se respete el fallo Cepis, en el cual la Corte Suprema que ordenó se cumplan criterios de razonabilidad a la hora de establecer aumentos.

Walter Martello, por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, advirtió que “las cuentas incobrables sumaron más de 510 millones de pesos a fines de 2017, 56 % más que un año antes”, y que “podría ser aún más alta en 2018, si se tiene en cuenta lo registrado en la ejecución presupuestaria del primer bimestre de este año que, llamativamente, es la última que fue difundida por el Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS)”.

Por su parte, María Fernanda Lacey, de la Unión de Usuarios y Consumidores, argumentó que el aumento “no está debidamente fundado” y que el plan de AySA para instalar medidores debería estar complementado por “un plan de créditos blandos para reparaciones pertinentes”, ya que es probable que los usuarios tengan pérdidas en las cañerías, lo cual haría que las facturas sean aún más caras.

Con argumentos similares, se expresaron también Mariano Cascallares, de la municipalidad de Almirante Brown; Alejandro Gorrini, de la Defensoría del Pueblo de Lanús; Pedro Busetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO); Héctor Polino, de Consumidores Libres, y Ricardo Vago, de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos.