“Esto no es una sentencia, sino un castigo disciplinador del STJ para desalentar los reclamos de una sociedad que no deja de padecer los efectos de la política neoliberal”, aseguró el legislador Nicolás Rochas luego de la presentación.

“El mensaje que pretenden dar es claro: aquellos que reclamen por los intereses colectivos y defiendan los derechos del pueblo, no sólo serán rechazados sino que además deberán pagar por la osadía de pedir Justicia”, aseguró.

Rochás estuvo acompañado por el presidente del bloque, Alejandro Marinao, y los concejales de Viedma, Evelyn Rousiot, Silbana Cullimilla, y Diego Santos.

El recurso presentado indaga respecto de la aplicación de costas (gastos y honorarios del juicio) preguntando expresamente si esta condena económica le será también impuesta a la presidenta del STJ, Liliana Piccinini, “dado que fue ella quien torció el rumbo de la acción dándole la excusa por la que rechazaron el planteo”, dijeron.

Las costas también deberán ser abonadas por la asociación civil de defensa del consumidor DECORO, quien formó parte del amparo colectivo.

La queja de los legisladores y concejales se basa en la intervención de Piccinini, quien consideró que no tenían representación para ser amparistas, por lo tanto transformó el amparo en un prohibimus y eso fue rechazado por la Corte rionegrina.