Se habla en la calle, en la cola del banco, en la carnicería, en las cenas de amigos y hasta en el pospicado del sábado a la tarde. El tarifazo en los servicios públicos, cuyo mayor impacto todavía no llegó a los usuarios, es tema recurrente dentro de un humor social cada vez menos tolerante con el costo de las prestaciones esenciales.

Para el Gobierno, el aumento en las tarifas (fundamentalmente de luz y gas) también significó que, por primera vez, la oposición le ganara en la agenda. El impacto de esa consecuencia no fue mayor porque la atomización del peronismo juega aún en favor de Cambiemos. El ejemplo cabal de ello es el fracaso de la sesión que se pretendió realizar en la Cámara de Diputados bonaerense, donde sólo hubo 18 legisladores sentados con el kirchnerismo en retirada.

También le significó algún cimbronazo a la alianza gobernante por los planteos de Elisa Carrió y del radicalismo. Entonces: ¿Por qué el Gobierno nacional se muestra reticente a corregir los impuestos que cobra sobre los servicios? Sencillamente, porque detrás de la suba en el pago de las facturas hay una fenomenal recaudación impositiva. El pedido de Mauricio Macri fue que ese esfuerzo -cuándo no- lo hicieran las provincias. Y María Eugenia Vidal fue la primera en obedecer, y aununció reducción de impuestos provinciales.

El fagocitador déficit fiscal nacional de-manda cada vez más ingresos a las arcas públicas. En un contexto de retracción del consumo, los impuestos adosados a los servicios públicos, que rondan hasta ahora entre el 30 y el 50 por ciento del costo final de la factura (ver ejemplos), son un paliativo inestimable. El Gobierno necesita de servicios públicos caros para recaudar más.

Hay, sin dudas, un impuestazo encubierto detrás de las subas. De no ser así, el oficialismo hubiera tomado antes la decisión de recortar impuestos a los servicios o bajar las alícuotas, para morigerar el impacto de las boletas en los bolsillos de los usuarios.

De un informe elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda se desprende que nuestro país “verificó desde inicios de 2016 incrementos acumulados promedio del 920% en energía eléctrica, de casi un 930% en gas natural y del 683% en agua. En materia de transporte, por su parte, se encuentran subas del 455% en peajes, 224% en el boleto del tren, 207% en colectivos de corta distancia y 66% en subtes, para el acumulado trianual.

El Gobierno se justifica con la lógica de sacar los subsidios a todos estos servicios, pero el mismo estudio universitario consigna que “los menores egresos del erario público no redundaron en una suba en los desembolsos para obras públicas” destinadas a la generación de energía. Y se apunta que en el Presupuesto 2018 se “prevé un menor esfuerzo económico en gastos de capital aplicados a la generación de fuentes de energía que el destinado en 2017, a partir de una baja del 0,1% en relación al PBI”.

Entonces, ¿a dónde va destinado el enorme caudal de dinero que entra en el Estado por los impuestos y tasas cargados a los servicios? La sospecha de los economistas y de la política, fundada en hechos concretos, es que pasan a engrosar las rentas generales del Estado nacional y de los estados provinciales. Los municipios, también, se ven beneficiados en algunos casos.

Retoques

Las facturas de gas mantienen el cobro de los Ingresos Brutos que gravan la generación, transporte y distribución del producto; permanecen con un IVA del 21 por ciento para los usuarios residenciales y sostienen un fondo para subsidios en las provincias desfavorecidas climáticamente. A eso, los usuarios bonaerenses deben agregarle un altísimo impuesto provincial para solventar el fondo de obras del Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE).

Vidal anunció el lunes una rebaja del 6,3 por ciento en los impuestos provinciales al gas. Se refiere a un ajuste en el cobro de la tasa establecida por la ley provincial 8.474 (y sus modificatorias), donde el gas tiene un gravamen del 9 por ciento. En este caso, la propia ley establece, en su artículo 2, que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de “reducir la alícuota establecida precedentemente (9%) en forma total o parcial cuando razones de orden estacional, geográfico, zonal, económico, de actividad y/o social así lo indiquen”. Es lo que anunció la mandataria, aunque no será por el total.

En el caso de las compañías de energía eléctrica, el coste se ve incrementado por impuestos provinciales y municipales a la prestación del servicio, que las empresas están autorizadas a trasladar a los usuarios. La Provincia se comprometió ahora a reducir en 15,7 por ciento sus impuestos sobre la luz. De ello, el 10,4 por ciento de la carga provincial se redujo por decreto, mientras que el rstante 5,3% se achicará con el cambio de la ley 11.769.

Como se ve en los ejemplos que aparecen en estas páginas el IVA, cuando se trata de responsables inscriptos, asciende al 27 por ciento (pasa, además, con otros servicios públicos). ¿Es acertado mantener estas alícuotas si, en verdad, se quiere impulsar la inversión productiva?

Las prestaciones de agua y cloacas, quizá los servicios más emparentados con una cuestión de salud pública, contienen gravámenes para el financiamiento del Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA), en el caso de Aysa en Capital; y contribuciones a los municipios que son cargadas a los usuarios, a quienes también se les adosan los costos por inspecciones, cuando se trata de empresas del territorio provincial.

En este sentido, la Gobernadora decretó una rebaja del 3,1 por ciento en los impuestos provinciales, y otra baja de igual cifra a través del cambio en la ley 13.404, por la que se traslada a los usuarios lo que las empresas pagan a los municipios.

“Cuando las tarifas eran muy baratas se empezaron a meter impuestos especiales. Cuando los precios empezaron a ser caros debieron sacar esos impuestos. Entonces te pegan con un precio núcleo y con impuestos altos que se calculan sobre un porcentaje de un precio que antes era bajo y ahora es alto”, coincidieron dos economistas consultados por este medio. Uno de ellos agregó que “además se están pasando de largo con el precio del núcleo de la tarifa, porque el costo de producción ya está cubierto. Y si hay un nuevo aumento, como anticipan, ya van a estar pasados”.

En efecto, ya se sabe que algunos servicios tendrán nuevos ajustes. Y mientras buena parte de la política, incluso en el propio oficialismo, cuestiona los procederes del ministro de Energía, Juan José Aranguren es considerado por el presidente Mauricio Macri como uno de los mejores del equipo. La razón es sencilla: Aranguren avanza impertérrito con los precios, asume el rol del malo de la película, y el protagonista principal se ve recompensado con una suba recaudatoria. La que no podrá gozar más de esos beneficios es la Provincia.

EL PESO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL BOLSILLO DE LOS ARGENTINOS

Un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda analiza el impacto que tienen los servicios en el sueldo mínimo de cada uno de los países de América del Sur. Concluye, entre otras consideraciones, que “el proceso de recomposición del precio de los servicios públicos que se produjo desde 2016 fue uno de los más significativos de la historia argentina”.

En el informe se consigna que “el ahorro que posibilitó la supresión de los subsidios en las tarifas fue más que compensado por la merma de otros recursos, tales como menores ingresos por retenciones a las exportaciones, a la minería y la reciente rebaja impositiva para las grandes empresas en contribuciones de la seguridad social”.

“La previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios económicos para 2018. Según lo sancionado por el Congreso, se pasará de un peso del 2,3% sobre el PBI en 2017 a un 1,6% en el corriente año”, observaron los responsables de la investigación que tiene como coordinador a Santiago Fraschina.

A continuación se detalla la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red, agua potable y transporte) sobre el salario mínimo, que tiene un acumulado de 15 puntos porcentuales en los últimos tres años, multiplicándose 3,5 veces con respecto a 2015.

“CREO QUE HAY UNA DECISION POLITICA DE DEJAR CORRER LA INFLACION”*

En base a lo que viene ocurriendo desde la conferencia de prensa de diciembre con el cambio de las metas inflacionarias, creo que uno podía trazarse una situación de tres posibles comentarios respecto a la evaluación de la política del Gobierno especialmente en lo inflacionario y en lo económico en general. Uno, que es un Ggobierno tonto; dos, que se trata de un Gobierno de gente poco preparada, que no sabe qué hacer la inflación; y tres, es que es una decisión política.

Conociéndolo al Presidente, y sabiendo que es alguien extremadamente capaz, considero que esto es una decisión política de dejar correr un poquito el tema inflacionario este año, y en eso, el aumento de tarifas ayuda. Después de haber visto que la reforma previsional terminó en un caos en la calle; y que la reforma laboral, que necesitaban este año, no iba a ser posible, entonces, el Gobierno se dio cuenta de que le cerraban mejor los números del año con un poco más de inflación.

No creo que este sea un Gobierno incapaz ni tonto. Creo que ha tomado la decisión política de hacerlo así. Pero es una decisión peligrosa. Yo siempre comparé la inflación con crear cachorros de tigres de Bengala, que son muy lindos cuando son chiquitos, pero en algún momento se crían y le pegan a uno un zarpazo. Considero que es una decisión peligrosa, pero quizá sensata desde el punto de vista de haber tenido que archivar reformas estructurales que tenían previstas para este año.

*POR SANTIAGO MONTOYA

EN EL MEDIO DEL DESCONTENTO, LAS COOPERATIVAS TAMBIEN SE QUEJAN

Por fuera del impacto directo en los usua-rios que el incremento tarifario conlleva, las cooperativas que garantizan la prestación del servicio eléctrico en buena parte de la Provincia dicen sentirse perjudicadas. Ostentando el 40 por ciento del mercado energético, las diferentes instituciones que las nuclean quieren que el gobierno bonaerense morigere el tarifazo o, caso contrario, lidere las explicaciones a los usuarios.

“Las cooperativas somos los que atendemos la demanda y ponemos la cara para justificar lo que no hacemos, que son los precios que pone el Estado provincial en la venta y en la compra el Estado nacional”, expresó, en diálogo con La Tecla,

Omar Malondra, presidente de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (CONAICE).

“Hablan de gradualismo pero hay un aumento de 545 por ciento en dos años, eso no es gradualismo”, explicó.

En ese sentido detalló cuál es la posición de las cooperativas al exponer que “estamos obligados por ley, como distribuidor eléctrico, a cumplir con los parámetros que disponen el organismo de control y la Dirección Provincialde Energía. No podemos accionar porque el Estado está cumpliendo con sus facultades; el tema es cómo las cumple, y esto es algo que se tiene que solucionar políticamente”.

Malondra agregó: “Para accionar legalmente, técnicamente no tenemos argumento, porque los precios los fija quien los debe fijar; el tema es qué precio le ponen”. Además expuso un cuadro de situación impositiva que alarma al sector: “Una cooperativa media, en enero del 2016 aportaba un millón y medio de IVA por mes del facturado eléctrico, que representa alrededor de 14 millones de pesos al año, y hoy, esa misma cooperativa aporta 90 millones de pesos”.

Por último, el cooperativista reveló que existe una disputa de creación de sentido alrededor de los tarifazos que también los perjudica: “Hay que explicar que la cooperativa tiene que ponerse a enfrentar con los vecinos, darles explicaciones a nuestros vecinos de que no somos los que ponemos el precio, porque el Estado no lo explica”.