Las comisiones de Promoción Comunitaria, de Obras y Servicios Públicos, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, desde la sesión extraordinaria del jueves 16 de febrero de 2017, estudian el Proyecto de Ley (Expediente 32552 CD-DB) ingresado el día anterior, el 15 de febrero, por mesa de movimiento, de autoría del diputado provincial Rubén Giustiniani (IP-FPCS), con el acompañamiento de sus pares: Silvia Augsburger (IP-FPCS), Mercedes Meier (FSP), Carlos Del Frade (FSP) y Claudio Fabián Palo Oliver (UCR-FPCS), que consta de 14 artículos cuidadosamente elaborados, por el cual se establece un sistema de tarifa social en todo el territorio provincial, en los servicios de agua potable y saneamiento, ya sea que dichos servicios sean prestados por el Estado en sus distintos niveles, por Empresas cualquiera sea su forma o Cooperativas; para su tratamiento a partir del 1º de mayo de 2017, fecha de inicio del 135º Período Ordinario de Sesiones.

Serán beneficiarios de este sistema los usuarios titulares del servicio que sean: personas jubiladas y pensionadas cuyo haber mensual sea menor o igual a dos veces el haber mínimo nacional; personas en relación de dependencia cuya remuneración bruta sea menor o igual a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; personas titulares de programas sociales; y personas inscriptas en el Régimen del Monotributo Social.

Además, personas incorporadas al Régimen Especial de Seguridad Social para empleadas y empleados del Servicio Doméstico; personas que se encuentren percibiendo el seguro de desempleo; y personas que trabajen en forma autónoma o informal cuyo ingreso sea menor o igual a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Serán criterios de exclusión del beneficio de la tarifa social: ser titular de más de un inmueble, ser titular de un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, o ser titular de una aeronave o embarcación de lujo. Las personas beneficiarias de la tarifa social gozarán de un porcentaje de descuento sobre el monto total de su factura del 50%. Si en el grupo familiar residente en el domicilio hubiere personas con discapacidad, se adicionará un 15% más de descuento considerado sobre el total de la tarifa.

Se faculta al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), que será la institución responsable de implementar este beneficio, a “exceptuar el 100% del pago de la tarifa y del cargo de conexión para casos de indigencia”.

El beneficio de la tarifa social “se extiende por un año y se deberá renovar un mes antes de su vencimiento”. Tanto para la incorporación a la tarifa social como para su renovación, el ENRESS deberá implementar mecanismos automáticos en base a padrones existentes en los distintos organismos del Estado Nacional o Provincial sobre el universo de beneficiarios establecido en esta Ley.

Asimismo, “se establece un descuento total de la tarifa de agua potable y cloacas para inmuebles de Centros de Jubilados y Vecinales, que sean de su propiedad o que les hubieren sido cedidos gratuitamente para su uso exclusivo”.

En el mismo sentido, “se ratifican en su totalidad las Exenciones, Rebajas y/o Subsidios existentes establecidos por la normativa vigente tanto para casos sociales como para instituciones”, ya que “el agua potable es mucho más que un bien, un recurso o una mercancía, es concretamente un derecho humano de primer orden”.

Si bien desde hace casi siete años “sigue pendiente la aprobación de un nuevo marco integral regulatorio del servicio y de un nuevo esquema tarifario, al igual que la instalación de medidores” que permitan transparentar el sistema, “las tarifas no han dejado de incrementarse año a año”, en particular el incremento fijado para el presente año por la Resolución 054/2017 que aprueba una modificación de los precios y valores tarifarios en dos etapas: la primera del 28% en febrero y la segunda del 10% en junio, reservándose la posibilidad de incrementos para el cuarto y quinto bimestre.

El sistema de tarifa social planteado “está en sintonía con el universo de beneficiarios y los descuentos por tarifa social que ya reconocen, por ejemplo, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Litoral Gas”, sin olvidar que se encuentra en tratamiento una iniciativa con media sanción del Senado que busca establecer un subsidio per cápita para las cooperativas prestadoras del servicio de agua y cloacas y para los municipios que lo prestan en forma directa.

En la misma dirección, “entendemos que otorgar idénticos beneficios a todos los ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe es un imperativo constitucional indiscutible”, fundamentó el diputado Rubén Giustiniani (IP-FPCS), acompañado de sus pares: Silvia Augsburger (IP-FPCS), Claudio Fabián Palo Oliver (UCR-FPCS), Carlos Del Frade (FSP) y Mercedes Meier (FSP), el Proyecto de Ley (Expediente 32552 CD-DB) de su autoría y suscripto por los nombrados, ingresado el 15 de febrero de 2017 por mesa de movimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y que, desde la sesión extraordinaria del jueves 16 de febrero, estudian las comisiones internas para su tratamiento a partir del 1º de mayo de 2017, fecha de inicio del 135º Período Ordinario de Sesiones; no sin antes reiterar que “el agua potable es mucho más que un bien, un recurso o una mercancía, es un derecho humano de primer orden”.