El camino de aplicación del aumento tarifario con un tope de hasta 400% para los residenciales no fue el único anuncio oficial sobre el servicio público del gas, que se aplica a partir de este viernes 7 de octubre.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, aseguró en una conferencia de prensa la ampliación de los criterios de inclusión para que más personas puedan pedir la tarifa social, que el Gobierno instrumentó desde abril a nivel nacional, y que proyecta llegar a 1,7 millones de usuarios.

Estos son los criterios actuales para tener el beneficio, con los que se suman 250.000 usuarios nuevos:

1. Jubilados, pensionados, monotributistas y  trabajadores en relación de dependencia que cobren por mes menos de $15.120 brutos, equivalente a dos salarios mínimo, vital y móvil. Este es el anuncio más novedoso de la conferencia.

2. Inscriptos en el Monotributo social

3. Empleados y empleadas de servicio doméstico

4. Personas que cobran seguro de desempleo

5. Beneficiarios de programas sociales

6. Personas con discapacidades

7. Titulares de pensiones vitalicias a veteranos de guerra del Atlántico Sur

"El objetivo es que queden cubiertos todos los que se encuentren pordebajo de la línea de pobreza", dijo Aranguren, en base a los datos publicados por el Indec, que estimaron que una familia de cuatro miembros necesita $12.489 para no ser pobre.

Más allá de los cambios en los criterios de inclusión, también se hicieron cambios en los de exclusión. Los que antes tenían una antigüedad de vehículos de hasta 15 años no podían pedir la tarifa social. Este límite se bajó a 10 años.

"Si una persona es discapacitada o electrodependiente  y tiene vehículo de, por ejemplo, tres años de antigüedad, igual puede tener la tarifa social. Ese criterio de exclusión no aplica para ellos", agregó.

En el contexto del servicio público de gas, también se anunció un beneficio para los electrodependientes o los que conviven con ellos para la tarifa social de electricidad: recibirán el beneficio por hasta 600 kw por hora.