Conocidos los resultados de las últimas elecciones legislativas, Colombo, quien fue reelecta como diputada, pidió que a partir del nuevo armado o estructura que tendrá la Cámara baja provincial “se respete la voluntad popular y se pueda convocar a cada una de las fuerzas, manteniendo su identidad y cumpliendo con el mandato que recibió de sus votantes”.

“El trabajo legislativo deja mucho que desear”, cargó la diputada al tiempo de sostener que “los debates no son profundos, ni se hace valer una herramienta como lo es la ley de Audiencia Pública, como tampoco se convoca a expertos u organizaciones sociales interesadas en los temas”.

En este sentido, Marita Colombo expresó que desde el radicalismo en su conjunto existe “una verdadera preocupación anta la falta de trabajo y debate en el ámbito legislativo provincial”, ya que de una manera u otra, no se está cumpliendo con lo que se exige en la Constitución, “ni se definen políticas públicas que recaigan en la mejor calidad de vida de la gente”.

Vale destacar que la postura de la diputada tendría que ver con la falta de sesiones y debates que de un tiempo a esta parte no estaría dándose a nivel legislativo y que se lo puede ver reflejado en dos leyes importantes como la de Educación y Seguridad.

“Hasta que el Tribunal controla y hace la auditoría, termina la gestión”

En coincidencia con la denuncia del intendente de Fiambalá Amado “Coco” Quintar respecto del pago tres veces superior para módulos habitacionales que costarían entre 70 y 85 mil pesos, el diputado provincial Pablo Sánchez aseguró: “No es la primera vez que pasa esto en el Gobierno”, y disparó remarcando que “no solo se da en el tema viviendas sino en otras áreas como Servicios Públicos”. No obstante, el planteo del legislador llevó a otra institución como los organismos de control. “Hoy las auditorías del Tribunal de Cuentas y cierres llevan entre dos y tres años, y hasta eso la gestión ya está terminando”, disparó.

En declaraciones a Multimedios Unión, Sánchez señaló que si bien “no sea el espíritu del Gobierno en general, hay algunos funcionarios pícaros que quieren hacer la diferencia económica y por eso proceden de esta forma”, mientras que depende de la propia mandataria provincial “poner en orden a esos funcionarios”.

“Al parecer no se dan cuenta que a quien se perjudica es a la gente y al mismo Gobierno”, lanzó el presidente del bloque de la oposición en Diputados subrayando una responsabilidad importante de parte de los organismos de contralor.

“El Tribunal de Cuentas no acciona. Es imposible que al día de hoy estemos hablando que una auditoría a la Provincia o a los gobiernos municipales esté demorando entre dos y tres años, o sea casi lo que demora una gestión”, recriminó Sánchez al tiempo de recordar aquella denuncia llevada por el FCS ante las acusaciones cruzadas entre Eduardo Andrada y Julio Molina, ex funcionarios de Servicios Públicos de la gestión de Lucía Corpacci.

Respecto de la última área, el diputado mencionó concursos de precios a los que no pudieron acceder y que “de acuerdo con la información con que se cuenta, el costo está muy por encima de los valores de mercado”, manifestó.