Poco después de las 4 de la tarde, la Justicia condenó a 21 de los 28 imputados por el choque del tren “Chapa 16” contra el andén de la estación Once que, el 22 de febrero de 2012, terminó con la vida de 51 personas “más una por nacer” y causó heridas de distinto tipo a 789 personas. Tras los nombres de todas las víctimas fatales, en la sala Amia de los tribunales de Comodoro Py sonaron las condenas, que recayeron sobre el dueño de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) Claudio Cirigliano (9 años de prisión), los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi (8 años) y Ricardo Jaime (5 años, a los que se sumó uno más de otro proceso, por lo que quedó condenado a una “pena única” de 6), para quienes además pesa “inhabilitación especial perpetua”, el maquinista Marcos Córdoba (3 años y seis meses, además de “inhabilitación especial para desempeñarse como conductor de cualquier clase de formación ferroviaria por el término de 7 años”), 13 funcionarios de TBA y 4 de Cometrans. El veredicto (ver aparte) deslindó responsabilidades (autoría o coautoría) en cargos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado, y en todos los casos señaló que la pena es “por haber causado la muerte de cincuenta y una personas, más una por nacer, y lesiones en setecientas ochenta y nueve personas”. Los imputados, devenidos condenados, se encontraban en la sala. Tras escuchar el fallo, los familiares de las víctimas realizaron un pequeño acto frente a los tribunales, que empezó y terminó con la misma frase: “¡Compañeros, justicia por los muertos y heridos de Once!” (ver aparte). Hacia el final de la tarde, el fiscal Fernando Arrigo solicitó al tribunal la inmediata detención de Jaime, Cirigliano y Ricardo Pafumi por considerar que existe “peligro de fuga”.

En la sentencia, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 2 también dieron indicaciones para remitir copias de testimonios y actuaciones a otros juzgados y organismos, de modo que procedan a investigaciones y, en algunos casos, se sirvan de lo tramitado en esta causa para resolver otros procesos en curso. Entre esas más de diez instrucciones, los jueces Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini ordenaron investigar “la posible responsabilidad penal” del ex ministro Julio De Vido, el secretario ejecutivo de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos Jorge Gustavo Simeonoff, el perito de TBA Julio César Pastine, el jefe de Tráfico de TBA Ernesto Ianni y la contadora de TBA Silvia Emilse López. Además, pidieron investigar la “posible comisión de un delito de acción pública en el marco del otorgamiento de la concesión a las empresas Trenes de Buenos Aires S.A. y Cometrans S.A. de los servicios ferroviarios conocidos como ‘Tren Misionero’ o ‘El Gran Capitán’ y el ‘Tren Binacional’ o ‘Tren de los Pueblos Libres’”. También pidieron remitir copia de la sentencia a comisiones de Diputados y el Senado, el Ministerio de Transporte, la Auditoría General de la Nación y el Ministerio de Justicia “para que, dentro de la órbita de competencia, se tome conocimiento de las graves falencias e irregularidades por parte de los componentes del sistema público ferroviario y de las empresas prestatarias que fueron advertidas en el transcurso del debate”. Por otra parte, el fallo ordenó remitir testimonios del proceso a la Dirección General Pericial de la Corte Suprema, para “poner en su conocimiento las consideraciones” referidas a “la aptitud del perito ingeniero oficial Raúl Díaz para ejercer tal función” y que se evalúe su “exclusión” del listado de peritos habilitados por la Justicia.

La última audiencia del juicio, que concluyó tras 22 meses de debate oral, comenzó poco después de las 9.30 de la mañana, en la sala Amia, de los tribunales de Comodoro Py. Los familiares de las víctimas, munidos de carteles con fotos y nombres de sus seres queridos y también carteles que reclamaban justicia, habían comenzado a llegar al lugar poco después de las 7. El primer tramo de la jornada estaba destinado a que dijeran sus últimas palabras ante el tribunal los cuatro acusados que todavía no lo habían hecho, Antonio Sícaro, Sergio Tempone, Antonio Suárez y Miguel Werba. Sin embargo, los imputados desistieron de hacer uso de ese derecho, que antes sólo había sido declinado por Schiavi y los hermanos Claudio y Mario Cirigliano. Ante la negativa, el tribunal ordenó un cuarto intermedio hasta la tarde, cuando se leería la resolutiva del fallo (los fundamentos serán dados a conocer el 30 de marzo al mediodía).

Al comienzo de esa espera, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, señalaba que tenía “mucha expectativa” por la decisión que pudieran tomar los jueces. “Me costó dormir por la ansiedad, pero estoy convencida de que el tribunal tiene una enorme cantidad de pruebas para valorar y dictar sentencias condenatorias, y estoy confiada”, declaró en diálogo con Radio Belgrano. “Lucas, que tenía 20 años y toda la vida por delante, dejó una nena de cuatro años que sabe que su papá fue víctima de la corrupción, que hay responsables de su muerte y me acompaña en cada acto”, agregó. El padre de Lucas, Paolo Menghini, advertía, a su vez, que también contemplaban la posibilidad de que la Justicia no cumpliera con sus expectativas: “Si el fallo no es lo esperado, si dicen algo que no queremos escuchar, seguiremos luchando como hasta hoy”.

Apenas pasadas las 4 de la tarde, en la sala del tribunal, los imputados se encontraban en la sala Amia, junto con sus abogados. También estaban presentes familiares de las víctimas, quienes se ubicaron en un área destinada al público, separada por un vidrio del espacio destinado a la audiencia. Desde allí, mantuvieron en alto los carteles con las fotos, los nombres, las edades de sus seres queridos fallecidos en el choque, como lo habían hecho por la mañana y en jornadas anteriores. En la calle, otro gran grupo de familiares y amigos se preparaba para seguir en una pantalla gigante las alternativas de lo que sucediera en el tribunal, habida cuenta de que –por primera vez– los jueces del TOCF 2 permitieron que se transmitiera en directo, para lo cual también el sitio web del Centro de Información Judicial.

Durante los alegatos en el debate oral, la fiscalía había solicitado penas para los 28 imputados, en una demanda que terminaba unificando los pedidos realizados, a su turno, por las cuatro querellas. Mientras que las querellas 1 (representada por Gregorio Dalbón, Virginia Marta Cassola y Antonio Jesús García) y 2 (representada por Javier Moral) acusaron sólo al motorman Córdoba, para quien pidieron 22 años de prisión, la querella 4 (representada por Patricia Anzoátegui, quien en mayo de este año se separó de la encabezada por Moral, por diferencia de criterios) pidió entre 9 y 10 años de prisión para todos los imputados excepto el maquinista. Por su parte, la querella 3 (integrada por Leonardo Menghini –tío de Lucas Menghini Rey–, Lelia Leiva, Damián Cardillo y María Eugenia Visconti) había pedido condenas para todos los acusados, porque “por su acción o por omisión” todos ellos tuvieron “dominio del hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012”.