De un tiempo a esta parte las fumigaciones con agroquímicos han tomado relevancia en la ciudad, con denuncias por el indiscriminado uso y la amenaza que estos representan para el ambiente y la salud, además del tratamiento y revisión de la ordenanza de aplicación vigente.

En estos devenires, se han advertido conceptos que difunden una visión del agro “como negocio” y ante esto, como punto de partida, la especialista en Estudios Sociales Agrarios (Flacso), licenciada en Relaciones Internacionales (Unicen) e investigadora del Conicet, Virginia Toledo López, consideró necesario remarcar la importancia de ver también al agro como un espacio productor de alimentos sanos.

“En nuestro país se contabiliza que existen 2.544 explotaciones agropecuarias que realizan agricultura orgánica, diferenciando que 2.324 son agroecológicas y 409 de la agricultura biodinámica, según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, en el que por primera vez se distinguen las formas de agricultura ‘ecológica’”, precisó.

Además, puso en consideración la experiencia desde hace 30 años de “La Aurora” en Benito Juárez, reconocida por la FAO, o la de Monte Callado en El Gallo, aquí en Tandil, sin dejar de lado las huertas comunitarias urbanas y periurbanas.

“Respecto del conflicto por el uso de agroquímicos, el derecho y la política ambiental, considerando el rol del Estado en Tandil especialmente, creo que es importante, en primer lugar, tener en cuenta la pirámide jurídica”, planteó, anteponiendo el resguardo a los derechos de los más vulnerables y a un ambiente sano.

En este aspecto, destacó que el Municipio tiene la responsabilidad “histórica” de dar una respuesta al conflicto por el uso de agroquímicos para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Monocultivo, transgénesis y fumigaciones

Recordó que, desde que se aprobó el primer evento transgénico, en 1996, de soja resistente al herbicida glifosato, el modelo de agricultura industrial se expandió sobre vastos territorios, llegando a ocupar el 60 por ciento de la superficie sembrada. “Por eso se habla de monocultivo”, explicó.

También reveló que hoy son más de 60 los transgénicos aprobados para la comercialización de soja, “con la inminente aprobación del transgénico en el trigo, primero en el mundo, que presenta las características de resistencia a la sequía y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio, cuyas características sin dudas hablan de un avance de la frontera simbólica y física, del agronegocio”.

A su parecer, esto resulta especialmente importante aquí en Tandil, puesto que la empresa que lo desarrolló acaba de anunciar la instalación de un proyecto que utilizará el rastrojo de trigo para elaborar bloques de construcción, “emprendimiento que a sí mismo se pinta de sustentable”, dijo, advirtiendo que la aprobación de este trigo sería una amenaza a la alimentación de los pueblos, la salud del ambiente y las personas.

Toledo López determinó que el aumento de las superficies implantadas con la agricultura industrial se relaciona íntimamente con “el aumento alarmante del uso de agrotóxicos, biocidas, también llamados fitosanitarios o agroquímicos en el proceso productivo”.

“Sopa química”

La experta estimó que en Argentina se utilizan más de 525 millones de litros de agroquímicos, aunque indicó que la cifra sólo es reconstruida a partir de datos brindados por la cámara de empresas que vende agroquímicos (Casafe).

Asimismo, puntualizó que la información respecto de la situación sanitaria de las poblaciones expuestas ha sido construida gracias a un incansable esfuerzo de las poblaciones afectadas y de profesionales de la ciencia digna a través de investigaciones de epidemiología critica. “Gracias a este esfuerzo conocemos impactos del creciente uso agroquímicos en la salud, como disruptores endócrinos, como causantes de daño del material genético, de desórdenes reproductivos tales como abortos espontáneos y malformaciones congénitas, trastornos respiratorios y epidérmicos, alergias, déficits neurológicos y neurocognitivos, estando también asociados a altos índices de cáncer”, advirtió.

También afirmó que en el país, recuperando un informe de la Auditoria General de la Nación realizado en 2012 ante el pedido de varias organizaciones sociales, la mayoría de la población continúa siendo víctima de “intoxicaciones silenciosas”, ante la escasez de registros sanitarios y la ausencia de controles respecto del uso de los agrotóxicos en el contexto de expansión del agronegocio.

Por esto es que reconoció imperante que haya más investigaciones públicas que permitan dar cuenta del daño a la salud y el ambiente. Recordó, en este marco, que Tandil cuenta con el informe de la Unicen que muestra la presencia de más de 16 agroquímicos en 15 escuelas rurales del partido. Además, mencionó a las poblaciones rurales de Iraola, María Ignacia (Vela) y Gardey que denuncian fumigaciones sistemáticas en sus espacios de vida; mientras que en La Porteña se probó la fumigación en el límite de la escuela, la que justamente dio lugar a la actual cautelar del juez Francisco Augusto Blanc.

“Los niños crecen en un entorno en el que persiste una sopa química, como bien se le dice a este experimento a cielo abierto en el que nos encontramos”, consignó y remarcó que hoy los estudios para aprobar estos agroquímicos consideran para calificar su efecto tóxico sólo a las dosis letales y no su proceso acumulativo y a lo largo del tiempo, derivada de la exposición crónica.

Sostuvo que es en este punto que se reconoce la incertidumbre, que también “es propia de muchos problemas ambientales contemporáneos”.

La política ambiental del país

Frente a esto, en nuestra legislación hay pistas que delinean, mediante una serie de principios, la política ambiental argentina, y que habilitan a pensar procesos como los de hoy en Tandil, que además se repiten en otros lugares de nuestro país.

Respecto del conflicto por el uso de agroquímicos, el derecho y la política ambiental, considerando el rol del Estado en Tandil especialmente subrayó importante, en primer lugar, tener en cuenta que la pirámide jurídica pone en su fundamento a los derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

En este sentido, rescató el especial resguardo a los derechos de los más vulnerables, en especial niñas, niños, trabajadores y mujeres, el derecho a un ambiente sano y la distribución de competencias que reserva al Estado nacional la capacidad de definir “contenidos mínimos” en materia de política ambiental.

Mientras tanto, manifestó que existen algunas regulaciones y cierta institucionalidad destinada al control y monitoreo del uso de agroquímicos, dentro de las cuales las autoridades sanitarias y ambientales poseen un lugar secundario, predominando un enfoque productivista “y mercantil” en las regulaciones en el tema. “Al no existir normas que regulen distancias de uso a nivel federal, estas facultades recaen en ámbito provincial y/o municipal. Al respecto, en nuestra ciudad existe la Ordenanza 12.316, y estamos ante un conflicto judicial por su violación”, aseveró.

Profundizando, se refirió a que el principio de congruencia, que afirma que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá corresponderse con la ley general 25.675, que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible en Argentina.

Hizo hincapié luego en el debate que se encendió en Tandil a raíz de la medida cautelar que fijó por seis meses una distancia de exclusión para las pulverizaciones terrestres a 500 metros y de 2000 metros para las aéreas de escuelas, poblados, cursos y pozos de agua.

La responsabilidad de generar bienestar

“La medida cautelar también recuerda la competencia local en materia de protección de derechos fundamentales como el ambiente sano y convierte a la causa por las fumigaciones en las escuelas rurales en lo que es una causa de incidencia colectiva”, estimó Toledo López.

Asimismo, señaló que la medida se suma a los más de 70 fallos favorables, “algunos ya emblemáticos” como el de los barrios Ituzaingó Anexo en Córdoba y el de San Jorge en Santa Fe, y otros recientes como el de Pergamino, que han limitado las fumigaciones en escuelas y movilizado el derecho humano al agua y la protección integral de derechos de los niños.

“No obstante, desde las principales cámaras y grupos que nuclean al sector productivo, desde las empresas proveedoras de agroquímicos y semillas, así como -y alarmantemente- desde ciertas voces  del gobierno, se ha sustentado una posición que defiende intereses y ganancias sectoriales, ninguneando la evidencia sobre los impactos negativos sobre la salud humana y el ambiente, así como los principios de precaución y prevención en la política ambiental”, lamentó.

A su entender, el Municipio de Tandil, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo, tiene la oportunidad y la responsabilidad histórica de dar una respuesta al conflicto por el uso de agroquímicos para el bienestar de las generaciones actuales y futuras, y el ambiente sano.

Para esto propuso valorar los aportes que han sido alcanzados desde distintos medios por parte de las comunidades afectadas y la comunidad científica local, puntualmente, los estudios de la Universidad del Centro y el proyecto de ordenanza presentada el año pasado por Banca 21, “y así atender las demandas en el campo de la salud y la protección a biodiversidad y las poblaciones vulnerables, así como también escuchar las voces de las experiencias productivas, económicas y educativas locales vinculadas a la agroecología”.

“Creo que es momento para la construcción de un Tandil más saludable y se necesita que el Municipio ejerza una política ambiental para el bienestar y el ambiente sano, para beneficio de las mayorías, con especial resguardo de las fumigaciones y fundada en los Derechos Humanos y la agroecología”, concluyó.