En el expediente que lleva adelante la justicia platense, figura que entre 2013 y 2015 se usaron facturas truchas para simular servicios que no se brindaron. Hay cinco empresas apuntadas que, según corroboró la AFIP, figuraban en la base de datos de facturas apócrifas -Base Apoc- de la entidad, publica el diario El Día de La Plata.

En parte de ese período bajo la lupa judicial, el presidente de la firma fue el ex diputado platense Gonzalo Atanasof, quien dijo al matutino de la ciudad de La Plata que está “a disposición ante cualquier requerimiento de la Justicia” por su actución al frente de la firma provincial.

Aubasa es la empresa que administra, entre otras, la Autopista La Plata Buenos Aires y la Autovía 2. Fue creada en 2013 en la gestión de Scioli, quien al poco tiempo nombró al frente a Artanasof, quien provenía del sector de Francisco De Narváez.

Obras inexistentes

La Justicia provincial ahora puso la lupa sobre una serie de trabajos de reparación y mantenimiento en la Autopista La Plata - Buenos Aires que aparecen en los registros como realizados pero que en rigor nunca se habrían realizado.

Según un informe que tiene la Justicia y que elaboró el departamento de legales de la actual gestión de Aubasa SA junto a la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) de la Provincia “no surge evidencia sobre la realización de los trabajos contratados, no se encuentran registros documentales por órdenes de compra o certificaciones, ni constancia de entrega de materiales por parte de los proveedores”.

Entre otras irregularidades, en el informe que elaboró la OFI y que es parte del expediente, detectaron que los servicios y contrataciones que realizó Aubasa con las empresas bajo investigación habían sido saldados “con más de una factura, al solo efecto de sortear los sistemas de concurso de precios o de licitación privada contemplados en el reglamento de contrataciones”.

Atanasof

Según el diario Clarín, la Justicia apunta a la responsabilidad de Atanasof y podría encuadrarlo en los delitos de supuesto fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. A cargo del caso están el juez de Garantías platense Fernando Mateos y la fiscal Virginia Bravo. Las compañías, entre toda, facturaron -según la Justicia de de manera irregular- un total de $ 3.526.374, dice la nota de Clarín.