El fin de año encontró a los jueces y la jueza de la Corte Suprema en una unión extraña y efímera después de la carta en la que Cristina Fernández de Kirchner los responsabilizó del proceso de lawfare y de dictar fallos extorsivos. La desconfianza habitual es lo que define la relación entre ellos. Pero también los halló sintonizados en un dato auspicioso tratándose de un tribunal que va a contramano de la ampliación de derechos: hay ánimo en los despachos cortesanos de avalar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

No es que se desviven por escribir una sentencia fundada que genere jurisprudencia, con votos individuales como ocurrió en otros tiempos del tribunal, previo a la era macrista. Pero según consultas que pudo hacer Página/12, ningún supremo se plantea por ahora poner obstáculos con sus decisiones a la aplicación de la nueva norma que legaliza y despenaliza el aborto, aunque esperan presiones residuales de la Iglesia católica y sectores conservadores. ¿Implica esto un gesto amigable hacia el Gobierno? Para nada. El tribunal juega su juego a varias puntas, con preocupación por su mala imagen. Por eso no sorprende que haya secretarios/as haciendo listas y análisis de los recursos pendientes de resolver presentados por la vicepresidenta CFK y otros exfuncionarios, así como el que atañe a Milagros Sala y su condena a 13 años, y decenas de causas de lesa humanidad.

Rodolfo Barra, exsupremo, exministro menemista y ferviente expositor antiaborto en los debates legislativos llamó por teléfono a sus conocidos en el alto tribunal luego de la votación en el Senado para tantear el panorama.

--Perdimos--, le dijo a uno de sus interlocutores, a la espera de una respuesta empática.

--Perdimos, pero acá ganamos--, respondió el hombre de la Corte. 

La judicialización de la ley fue harto anunciada por diputados/as y senadores/as pro-vida y empezó su recorrido en Salta, con un planteo de la exsenadora María Cristina Fiore Viñuales que apuntaba a suspender la vigencia de ley, y que fue rechazado por el juez Julio Bavio. Aun así, en la Corte se preparan para la llegado de algún caso. 

De los actuales supremos, tres firmaron el llamado fallo FAL en 2012, que confirmó la constitucionalidad del aborto por las causales que ya preveía el Código Penal desde 1921 como no punibles. Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron aquella sentencia, que tuvo como gran impulsora a la fallecida Carmen Argibay, y que desarrolló extensos fundamentos que fueron determinantes para que se empezaran a aplicar protocolos. De los dos jueces que postuló Mauricio Macri, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el primero expuso en la audiencia pública preiva a su designación una posición que podía leerse en contra del aborto, con críticas jurídicas al fallo FAL, pero siempre con una salvedad que suele usar en otros casos: una eventual modificación a la ley, decía, podía cambiar el escenario.

Un razonamiento compartido en la Corte es que la ley fue muy debatida y refleja la evolución de un debate social. Las posturas en contra más difundidas no son jurídicas sino religiosas, filosóficas y sociales. Nadie parece advertir inconstitucionalidad flagrante. No habría motivos para evitar su aplicación, es una frase repetida. Pero los supremos no se desviven por escribir grandes votos. Podrían apenas firmar un rechazo.

Vacaciones supremas

Los Supremos cerraron el año entre los estertores de la carta de CFK, que tenía un párrafo crítico para cada uno, y un informe duro de la Comisión Bicameral de inteligencia que volvió sobre la conformación irregular de la oficina de escuchas dentrode la Corte Suprema, en los tiempos en que Lorenzetti la presidía, y las filtraciones de conversaciones de la vicepresidenta con el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, usadas con fines políticos. 

El Gobierno no tiene diálogo aceitado con el máximo tribunal, pero había logrado cierto ida y vuelta con Lorenzetti en pleno temblor por el caso de los jueces trasladados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que por impulso de Rosenkrantz la Corte trató en un per saltum. El supremo trataba de llevarles tranquilidad por el resultado del fallo que saldría.  Pero la sentencia dio en parte la razón a las objeciones a esa forma de designación a dedo de jueces/as que aplicó el macrismo, y dijo que no son definitivas, pero permitió que e trío BBC siguieran en sus cargos. 

Poco después, la confirmación de la condena a Amado Boudou y la posibilidad de su regreso a la cárcel en una sentencia basada en la fórmula 280 del Código Procesal Civil y Comercial para evitar fundamentar la decisión, elevaron el malestar en el kirchnerismo. En una oficina del tribunal hacen gala de su poderío con la anécdota de que había un borrador mucho más nocivo contra el exvicepresidente, que podía cerrarle puertas en tribunales internacionales, pero quedó en la nada. La Corte ni siquiera revisó la calificación en el caso Ciccone, donde se le atribuye cohecho, harto difícil de probar.

Aún no se sabe que efecto tendrá el informe de la bicameral sobre la oficina de escuchas, hoy llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), con denuncias sobre su primer titular el camarista Martín Irurzun, pero que apuntan a su principal armador, Lorenzetti. Este fue sorprendido de veraneo en Cariló por un periodista de Noticias que lo reconoció pese a los anteojos negros, la gorrita y el barbijo que llevaba puestos. Cuando el cronista le preguntó cómo imaginaba el año y la relación con el Gobierno, respondió: “Como todos los años desde que soy miembro de la Corte, o sea 16 años. Siempre es difícil”.

Durante 2020 Lorenzetti hizo algunos intentos para adelantar la elección de presidente de la Corte, cargo del cual él fue desplazado en un golpe palaciego el 11 de septiembre de 2018 y que aspira a recuperar. Pero para sacar a su sucesor, Rosenkrantz, necesita tres apoyos. Su último intento, que habría sido en diciembre, falló. Ambos se detestan. 

Rosenkrantz fue visto este mes una panadería de la zona de Villa La Angostura. Llevaba barbijo y máscara plástica. Cuando se los corrió apenas para hacer su pedido lucía una tupida barba. El supremo suele vacacionar en el country Cumelén, donde tiene casa la familia de su esposa, Agustina Cavanagh, y hay propiedades de Máxima Zorraguieta, Enrique Pescarmona, Ignacio Blaquier, así como Luis y Nicolás Caputo. Mauricio Macri también elige ese barrio privado para sus escapadas en familia.

Maqueda se fue a descansar a su provincia, Córdoba, Rosatti en Santa Fe. A Elena Highton de Nolasco se la ve seguido por el Museo Evita, a una cuadra de su casa. 

Las escuchas

El informe parlamentario sobre las escuchas desnudó una situación paradójica: la mayoría de cortesanos maldicen porque esa dependencia siga hoy en la estructura del tribunal, donde llegó por un DNU de Macri; también rezongan en el oficialismo político, pero nadie hizo nada para sacarla de ahí. La DAJuDeCo responsabilizó por las filtraciones a la prensa a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), más la bicameral apunta a todo el mundo. Rosatti es el único supremo que públicamente dijo que las escuchas deberían estar en otro lado y controladas por el Congreso. 

Así como se podría derogar el DNU que mandó las pinchaduras a la Corte o rechazarlo por la vía parlamentaria, la Corte tampoco dijo nada y siguió el pacto de Lorenzetti. Podía haber rechazado el DNU de Macri por acordada porque para sacar las escuchas a la Procuración hacía falta una ley y porque, aun con ley, pinchar teléfonos no es atribución cortesana. En otra época hubo acordadas para declarar leyes inaplicables para sí, algunas con polémica como la del impuesto a las ganancias. A favor de la teoría de que la DAJuDeCo unió a Comodoro Py y la Corte, no sólo está el hecho de que multiplicó facultades para meterse en las causas, sino que pasó a estar integrada por parientes, amigos y conocidos de jueces y fiscales de los tribunales de Retiro, además de la relevancia de Irurzun que plasmó la doctrina para las prisiones preventivas. 

Factores de presión

Ciertos jueces de la Corte se dieron por ofendidos por no haber sido consultados para la reforma judicial ni convocados por el consejo asesor designado por Alberto Fernández, que además analizó al alto tribunal. El Gobierno desistió porque coincidió con el pico de tensión por los trasladados BBC. Ahora Fernández les encomendó a dos miembros del consejo la sugerencia de proyectos de ley: la creación de un tribunal intermedio es tema favorito, la regulación del artículo 280 es otro. En el máximo tribunal no abren la boca al respecto con la excusa de que les podría tocar revisar esas normas.

Hay dos grupos de fallos pendientes que son la gran arma de presión de los supremos: el que engloban como “casos de corrupción” y las causas de lesa humanidad. En el primero cuenta la revisión de la condena a Milagro Sala a 13 años en la causa conocida como “pibes villeros” –donde se pidió todo el expediente--, la absolución de Carlos Menem en la causa sobre la venta ilegal de armas y todas las causa que atañen al kirchnerismo, y en esencia a CFK. De ella hay siete recursos en la Corte. También hay de otros acusados, volvería el planteo sobre la prisión domiciliaria de Boudou, y la condena a Julio de Vido por el accidente de Once. Del macrismo no hay casos aún. La cautelar de Horacio Rodríguez Larreta por la coparticipación está en el freezer.

Los casos que simbolizan el máximo retroceso supremo son los de lesa humanidad y todo indica que ese rumbo se profundizará. Los supremos hacen gala de que resolverían en el primer semestre la mayoría de las causas, muchos de domiciliarias, otros que comprometen a civiles. Lo hacen cuando ya quedó en evidencia que ejercen  “demoras injustificadas”, como denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales. Fue cuando la Corte, después de seis años de tener la causa sobre la Masacre de Trelew, sólo revocó una resolución de Casación y le devolvió el expediente sin resolver el fondo. En la línea regresiva, otro fallo reciente benefició a dos civiles condenados por prestar una chacra en Tandil para que funcione un centro clandestino donde fue llevado, entre otros, el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno en 1977. El tema podría ser, como anticipó la periodista Luciana Bertoia en este diario, la antesala de una resolución pendiente en la causa por responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado contra Carlos Blaquier. 

Por Irina Hauser