Casi por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe al Banco Supervielle sobre cuestiones referidas a las falencias en la atención al público de la provincia.
Es importante mencionar que el banco es el agente financiero del Gobierno y varios diputados tanto del oficialismo como de la oposición manifestaron su molestia por la atención al público que se presta en las sucursales de la entidad bancaria.
“En esta Legislatura estamos pensando que debe mejorar el servicio en relación a todos los clientes del banco. En la ciudad de San Luis se percibe un trato distinto por parte del banco de la gente que está en el centro con la gente que está en la periferia de la ciudad. Por ejemplo, en el centro, los cajeros tiene una mayor cantidad de recarga. A medida que nos alejamos del centro no pasa lo mismo”, expresó Gonzalo Estrada.
Por su parte, el kirchnerista Luis Foresto manifestó que en Villa Mercedes padeció horas de espera para comprar un sellado en la sucursal del Centro Cívico.
Al margen de las opiniones de los legisladores, en el texto del pedido de informe ya se puede apreciar que los diputados, no tienen buen concepto sobre la atención al público que realiza el Banco Supervielle en la provincia.
El proyecto aprobado pide que las autoridades del Banco Supervielle informen en un plazo de 15 días lo siguiente:
a) Nómina de estado de operatividad de las sucursales de la provincia.
b) Razones del levantamiento de las sucursales en el Departamento San Martin. Que cuenta al día de hoy, con siete Municipios y ninguna sucursal.
c) Criterios de instalación y frecuencia de carga de los cajeros automáticos.
d) Razones de la inconveniente atención que se evidencia en las sucursales más importantes de la Provincia, en particular, Ciudad de
San Luis, Villa Mercedes, Buena Esperanza y Villa de Merlo.
e) Planes de inversión en infraestructura, recursos humanos y estrategias para mejorar y eficientizar la prestación de servicios y atención al público.
El pedido de informe se aprobó por 32 votos a favor y el voto en contra de Raúl Laborda, quien consideró que el proyecto debía ser más duro contra la empresa.
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