Los diputados del PJ apuraron dictamen este martes y votaron favorablemente después del mediodía los pliegos de los dos candidatos que propuso el gobernador Carlos Verna para ocupar los lugares vacantes en el Superior Tribunal de Justicia. Los dos postulantes respondieron preguntas durante dos horas cada uno ante la comisión de Peticiones y Acuerdos. Los oficialistas votaron los pliegos inmediatamente para que se trate lo más pronto posible en el recinto. Los diputados del Frepam, que habían pedido postergar el trámite para cambiar el mecanismo de designación y permitir una audiencia pública y la posibilidad de presentar impugnaciones, participaron de la comisión y fijarán en cámara su postura.

El diputado de Pueblo Nuevo, el pastor Daniel Robledo, se quejó de la premura de los justicialistas. De todos modos, votó el dictamen. También lo acompañó el diputado Darío Hernández, del Frente Renovador. La diputada del PRO, Adriana Leher, también fijará su postura durante la sesión en la que definitivamente se voten los pliegos. El nombramiento necesita el aval de una mayoría simple, con la que contaría cómodamente el PJ.

La comisión está presidida por el vernista exintendente de San Martín, Raúl Zurgbrik, el vice es Carlos Bruno (UCR) y el secretario Rodolfo Calvo (h). Luego de los dos postulantes a jueces, también pasaron por el virtual coloquio el abogado José Vanini, propuesto para seguir en la Fiscalía de Estado, y la contadora María Elorriaga, la postulante a la Tesorería General.

El PJ avanzó en el cronograma más allá del pedido del FrePam y también desoyendo el reclamo del diputado Eduardo Tindiglia (Frente para la Victoria) de esperar la información estadística que había solicitado al STJ y que entendía podría aportar datos valiosos para la valoración de los nombres propuestos. El gobernador Verna había pedido rapidez para completar el quinteto de integrantes del STJ, que quedó reducido a un terceto. La principal fuerza opositora había criticado el apuro en el tratamiento de los pliegos de Losi y Sappa. Reclamaban otro mecanismo de designación, con consultas a ONG y entidades intermedias, similar al viente para elegir a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lossi, expeditivo

Durante la ronda de pregunta, Losi se mostró expeditivo y solvente ante las preguntas. Defendió el tratamiento de su pliego porque “es el mecanismo que prevé la constitución” e hizo un diagnóstico de la situación del sistema judicial en el cual marcó como falencia la falta de recursos humanos en la implementación del nuevocódigo procesal penal. “Nació amputado”, graficó. También señaló la demora en los mecanismos para remplazar a los jueces o secretarios que dejan vacante su cargo.

Losi opinó que no es necesaria la creación de un servicio penitenciario provincial sino que se deben profundizar las gestiones para el cumplimiento del cupo del convenio firmado en su momento con el Servicio Penitenciario Federal para descongestionar las comisarías y alcaidías provinciales, hacinadas de detenidos y condenados.

Por otra parte, defendió el sistema de jueces sustitutos “que han prestado un gran servicio y han dado grandes soluciones”, aunque reconoció que a veces se prolongan en el puesto sin que haya una designación de acuerdo a la selección prevista por el Consejo de la Magistratura. Sobre este órgano, estuvo de acuerdo en que las ternas que se elevan al gobernador tengan un orden de mérito y no alfabético, como hasta ahora, como le sugirieron los diputados de la UCR. Reconoció que debería reducirse la importancia de la evaluación discrecional de la entrevista personal a los postulantes.

Cuando el presidente del bloque del Frepam, Ricardo Consiglio, le pidió una definición sobre la posibilidad de dotar de autarquía presupuestaria al STJ, respondió que no tenía una posición definida aunque sugirió que la dependencia presupuestaria actual con el Poder Ejecutivo “no creo que condicione” a los jueces. También se manifestó por establecer un cierto grado de descentralización del STJ para atender necesidades de jurisdicciones olvidadas como Pico y Acha. “Todos nos cuesta más”, graficó Lossi, que es juez de audiencias en la ciudad del norte, donde realizó toda su carrera judicial.

Consiglio le recordó que en 2005 Losi le había enviado una carta, enojado, en forma "destemplada", porque él, como diputado, no había avalado su pliego con el argumento de que el Justicialismo siempre imponía designaciones de funcionarios afines ideológicamente. El radical aclaró que, en su caso, no conocía sus antecedentes profesionales. Losi le explicó que podía entender un voto sistemático en ese sentido pero no que a otros lo hubiese avalado la oposición con menos méritos, ya que el se había recibido con "medalla de oro". Ambos aceptaron la explicación del otro.

Por su lado, el diputado Tindiglia le planteó a Sappa si asume una concepción de género y dijo que responde con sus sentencias, en las cuales firmó condenas por homicidios y casos de violencia de género con esa perspectiva. Además le dijo que “no tiene sentido criminalizar” la protesta social, a excepción de cuando existan “delitos flagrantes”, como la quema de un edificio de tribunales ocurrida en Pico durante las manifestaciones por el crimen de Sofía Viale.

Losi le respondió al diputado Espartaco Marín que el incremento de las penas no funciona como disuasivo para la comisión de delitos. “Nunca dio resultados. Ya se prevén penas altas. Hay que fijarse en que el sistema sea más eficaz. Y estoy de acuerdo en que haya un control parlamentario en ese sentido”, dijo.

Consultado por el impuesto a la Ganancias que no pagan los jueces, respondió que “eso depende de una ley del Congreso”, aunque admitió que “no hay mayores argumentos para mantener esa excepción”.

Salvó su falta de especialización en materia de Derechos Humanos con el argumento de que es suficiente “conocer” la jurisprudencia de la última década de la Corte. Adhirió al fallo de despenalización del consumo de marihuana de ese organismo pero, en cambio, disintió con el que obligó a las provincias a dictar un protocolo de aplicación del aborto no punible. “La Corte se transformó en legislador. No estoy de acuerdo. Además hay cierta liviandad porque en el caso de violación basta la mera denuncia para autorizarlo”, explicó.