Desde que asumió el intendente Carlos Arroyo, uno de los temas más polémicos fue la continuidad de los llamados PEBA, talleres barriales de educación no formal para chicos y jóvenes de zonas periféricas, que no tendrían a mano la formación en diversas disciplinas artísticas o deportivas fundamentalmente por razones económicas.

El actual programa tiene su antecedente en el plan Educare (Educación Abierta y Recuperación Escolar), puesto en práctica por el exintendente radical Elio Aprile. Como oportunamente recordaba el concejal de Cambiemos Luis Rech, “el programa Educare significó la apertura, desde la educación no formal, a múltiples perspectivas educativas organizadas en cuatro áreas, a saber: apoyo escolar, expresión artística, capacitación laboral y actividades deportivas. El hecho de que funcionara en distintos ámbitos de la comunidad como sociedades de fomento, entre otros, significó un programa que logró amplia y extendida inserción social en la comunidad. El programa originario tuvo como destinatario al conjunto de la población en todas las etapas de la vida: niños, adolescentes, adultos y ancianos, atendiendo tanto a personas que concurrían al sistema educativo formal como a aquellos que nunca concurrieron al mismo o que llevaban años sin participar de actividades formativas. En definitiva celebramos que el PEBA como continuador conceptual del Educare haya sido ratificado, y cualquier idea de optimización del mismo no debe entenderse sino como la posibilidad de mejorar, en la medida de lo posible, un instrumento que le permita a las personas descubrir nuevos ámbitos de capacitación”.

Pero ante la inminencia de los hechos, y de que en efecto una gran parte de la oferta no formal de proyectos formativos barriales no tenía continuidad, tanto en el PEBA como en los Almacenes Culturales, integrantes del Consejo de la Niñez acudieron a la justicia con el fin de conseguir un ampro, para que se impida lo que para ellos era una limitación del acceso al derecho a la educación para los chicos de los barrios marplatenses.

Y si bien había un ánimo entusiasta entre los reclamantes, ahora la conciliación convocada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 9 hizo que la discusión pasara a un cuarto intermedio hasta el 9 de agosto.

A la audiencia estaban convocados el intendente Carlos Arroyo, la secretaria de Educación, Ana María Crovetto, y la de Cultura, Silvana Rojas. Es decir, los tres funcionarios mencionados en el recurso de amparo que presentó el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes contra la disminución de las actividades en los barrios. Pero ninguno de los tres acudió. En cambio, representaron a la comuna el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y el subsecretario legal y técnico, Gustavo Gil de Muro.

Para las autoridades del Consejo la reunión había sido “positiva”, y creyeron posible mantener la esperanza de que hubiera modificaciones en el criterio utilizado por el municipio para distribuir las horas PEBA (Programa Educativo Barrial) y los programas culturales en los barrios.

Pero el secretario de Gobierno municipal, Alejandro Vicente, aseguró que la atribución de determinar esas políticas es exclusiva del municipio: “Tuvimos una larga charla, con un debate bastante profundo, y quedó muy en claro que es el municipio el que desarrolla las políticas culturales y educativas porque justamente la atribución que tiene el municipio es la de imponer estas políticas”, dijo en una rueda de prensa. Y agregó: “No obstante, se acordó un cuarto intermedio hasta el 9 de agosto a los fines de ir informándole a esta gente que interpuso el amparo las políticas que se van a ir implementando”, agregó.

Vicente

¿Quién es “esta gente”? El secretario de Gobierno se refiere de esta manera al Consejo de la Niñez, cuyas autoridades no son reconocidas por el gobierno actual, ya que debieron renovar sus funciones y cargos durante la gestión del exintendente Pulti, y tal acción no fue llevada a cabo. Por lo tanto sus mandatos están vencidos.

En respuesta al recurso de amparo, el municipio detalló y acreditó las horas PEBA que se están cumpliendo y los programas culturales que se están desarrollando en cada una de las secretarías.

Por una parte, Vicente negó que se estuvieran afectando los derechos de los niños de la ciudad y menos en la cifra que estableció el Consejo, que alcazaba los 13.200, obviamente partiendo del número de chicos que aparecían matriculados en los diferentes talleres durante el año anterior: “El intendente Arroyo siempre tiene como política atender a los sectores más vulnerables, entre los cuales están los niños y los ancianos”, mencionó.

El funcionario defendió el derecho del gobierno municipal de tomar las decisiones políticas que considerara pertinentes en todas las áreas, y dejó en claro que no tenía por qué consensuar criterios con nadie: “el que gana las elecciones toma las decisiones”, dijo. Y aclaró que quería dejar en claro que no iban a erradicar los PEBA ni a reducir la oferta: “lo que se está haciendo es redireccionar los programas y las políticas culturales”, afirmó.

Ese redireccionamiento implica tomar como punto de partida el criterio imperante  durante la gestión del ex intendente Pulti: ”En la gestión anterior hubo una sobreejecución de los programas culturales y educativos. ¿Qué significa sobreejecución presupuestaria? Significa ni más ni menos que se llevaron a cabo programas que no se pudieron pagar. Es decir, había más programas que dinero para poder sustentarlos. Entonces, los programas se van a ejecutar en la medida de los presupuestos, y este presupuesto educativo y cultural es superior al del año pasado”.

Pero lo más sustancial de las declaraciones de Vicente fue que, según su punto de vista, no es posible establecer un amparo para una acción política por la vía judicial. “La realidad es que es el municipio es el que define las políticas culturales y educativas, de salud, de producción, etcétera. No podemos sostener la imposición de decisiones políticas cuando es justamente el gobierno que resultó elegido el que debe desarrollar las políticas”, insistió. Es decir que el que ganó decide, y más en este caso, ya que no puede aceptar que el Consejo sea para él un interlocutor válido: dijo que el organismo fue creado por ordenanza para ser un órgano consultivo del ejecutivo, y no para actuar como si fuera independiente y se pudiera presentar ante la justicia a reclamar.

La reducción

De la reunión donde se discutieron las políticas de educación no formal en los barrios participó Leticia González, profesional de amplia trayectoria desde diferentes funciones de la política local. Luego, en entrevista con la 99.9 expuso: “Me ha tocado vivenciar de manera directa cuáles han sido los beneficios de poder participar de talleres de educación no formal para chicos en situación de vulnerabilidad”. Detalló que los talleres abarcaban actividades tanto educativas como culturales y artísticas de manera gratuita, sobre todo en barrios periféricos de la ciudad, pero –a su criterio- hay objetivamente una decisión del gobierno actual de dejar de impartirlos. “Cuando la política pública cierra esa oferta, algunos sectores podrán seguir teniendo acceso porque pueden pagarlo, pero otros sectores se quedarán definitivamente sin acceso“, agregó. También contó que ella, durante mucho tiempo, trabajó con chicos que realizan tareas en el basural, y que, en esos casos, recursos como los Programas Educativos Barriales (PEBA) y Almacenes Culturales eran fundamentales. “Esto no es una monarquía”, dijo, explicando que los derechos adquiridos por una comunidad debían ser protegidos.

En cuanto al tema particular de elevar a la justicia el reclamo, lo defendió expresando  que le parece “innovador” reclamar derechos intangibles en la justicia, y al mismo tiempo, que esta podía ser una vía para alcanzar una mesa de discusión. Para graficar vivamente las diferencias profundas de perspectiva, González también habló de “esta gente”, pero para ella, el tratamiento se aplica a las secretarias de Educación y Cultura, que a su criterio no han tenido capacidad de diálogo ni conocimiento de las necesidades de la ciudad: “No es posible hablar con esta gente. Tanto la secretaria de Educación como la de Cultura no atienden, no se sientan, eluden, van diciendo cosas que no son ciertas. Si el Consejo determinó que esa era una estrategia para poder sentarse a hablar, bueno, bienvenida sea, y bienvenidas sean otras en el marco de lo que es la convivencia institucional”.

González niega que el reclamo por los PEBA sea una cuestión de política partidaria y de un sector embanderado en el FPV o Acción Marplatense. Explicó que la reunión en la que ella participó fue multisectorial, y que también participaron personas de la izquierda, de unidades académicas, e incluso figuras nacionales. Recordó que ella misma, en muchas ocasiones criticó, la política social de Pulti por no estar de acuerdo, y que esta discusión va más allá de la disputa por el poder local: “Yo recuerdo cuando los distintos participantes del Plan Estratégico plantearon un modelo de ciudad equitativa, que utilizara la educación, la cultura y el deporte como herramientas igualadoras, para construir una sociedad lo más equitativa posible“, recordó, y también agregó: “aquellas cosas que discutimos como sociedad hace un montón de años, que adquirimos como sociedad a pesar de las políticas sociales de Pulti, que en muchos casos no han sido buenas, lo que se avanzó y es patrimonio de todos no puede volver atrás por gente que no tiene la menor idea de lo que es la cosa pública de esta ciudad“.

Sin embargo, para Alejandro Vicente todo sigue siendo un “show mediático”, ya que, según aseguró, “tener que dar explicaciones ante un juzgado por las políticas implementadas en un gobierno no tiene ningún sentido, en tanto y en cuanto no haya arbitrariedad manifiesta o una violación de un derecho constitucional. Creo que el motivo es político, se trata de crear un show, montar un espectáculo”.  A su criterio, está instrumentado por quienes “han perdido las elecciones”.

Finalmente, aseguró: “este gobierno tiene asignado mayor presupuesto educativo, mayor presupuesto en cultura y ha comprometido y ejecutado más presupuesto que el gobierno pasado“. Así llamó a ser democráticos, y a aceptar las medidas que legítimamente toma un gobierno.