El ex secretario de Obras Públicas, José López, declaró ante el juez Marcelo Martinez de Giorgi por las irregularidades en el Plan Sueños Compartidos, que significó una inversión de más de 1200 millones de pesos (en total se transfirieron casi 750 mil). Tal como había adelantadoClarín, López hizo un relato detallado del funcionamiento del programa de construcción de viviendas. Dijo que la facultad de controlar estaba en manos de las jurisdicciones (municipios y provincias) y que luego del escándalo de los hermanos Schoklender, en mayo de 2011, ordenó una auditoría que descartó el desvío de fondos. 

López fue trasladado bien temprano a los tribunales de Comodoro Py desde la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde el 14 de junio por el episodio del convento. Antes de subir al despacho del juez, se puso un traje gris y unos zapatos que le trajeron sus abogados. La ropa fue retirada en las últimas horas por sus abogados de la casa de Tigre con una orden judicial. 

Antes de dejar los Tribunales de Retiro, López otra vez se sacó el traje y volvió a vestirse con la ropa habitual que usa en la cárcel. Se lo vio muy delgado. En el juzgado dijo que bajó unos 15 kilos.  

En su declaración, que duró alrededor de dos horas, López hizo hincapié que los mecanismos de control de las obras eran ajenos al Ministerio de Planificación. ​De esa manera, responsabilizó a las gobernaciones y municipios que firmaban los acuerdos con la Fundación Madres de Plaza de Mayo. "En el convenio se dejaba aclarado el rol de comitente de la obra y facultaba a auditar cuando se considere conveniente, a rescindir, y en caso de incumplimiento a requerirle a la jurisdicción la devolución de los fondos", aseguró. 

El sistema cambió en 2009, a partir de la muerte del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Bontempo. "Se estableció un doble control a efectos de equilibrar la carga laboral de las subsecretarias a mi cargo. El seguimiento principal de la obra lo asume el subsecretarios de Obras Públicas", aseguró López en alusión a Abel Fatala, otros de los imputados. 

En esta nueva etapa de la causa, el juez citó a todos los responsables de Planificación, pero también a gobernadores e intendentes que recibían los fondos estatales. Entre los funcionarios que deben declarar como imputados se destacan el ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora; el intendente de Ezeiza Alejandro Granados; el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich (por su rol de ex gobernador de Chaco); y el ex gobernador de Misiones Maurice Closs, entre otros. 

López contó en su declaración que luego de la pelea de los hermanos Schoklender, en mayo de 2011, ordenó una auditoría de las obras en marcha. Según su testimonio, ese estudio determinó que no hubo desvío de fondos. "El nivel de terminación de las obras era el adecuado y los avances se correspondían con los certificados enviados por las jurisdicciones", dijo.    

En las próximas semanas declararán más de 40 personas por la causa Sueños Compartidos. La Justicia ya comprobó que hubo un desvío de más de 200 millones de pesos con los fondos oficiales. No es la única irregularidad. También constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales.

La investigación ya lleva más de cinco años. Todo comenzó en mayo de 2011, cuando Clarín reveló una pelea entre los Schoklender en la sede de las Madres. En ese momento se abrieron dos causas judiciales. El ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los hermanos Schoklender y a sus allegados. Pero la investigación fue un fracaso. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartarlo. Desde entonces, todo el expediente se concentra en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra algunos funcionarios.