Mientras en Mar del Plata existen 150.000 personas con problemas de trabajo, un 35 % de precarización laboral y alrededor de 50.000 planes sociales, los legisladores bonaerenses de la Quinta Sección Electoral por Mar del Plata, Pablo Farías, Alfredo Lazzeretti, Alejandra Martínez, Fernanda Raverta, Manino Iriart y Juan Curuchet, gozan de privilegios procaces en relación a los índices de desocupación, pobreza e indigencia que admiten hasta las cifras oficiales del INDEC, lo cual se multiplica cuando los datos pertenecen a consultoras confiables.

Se habla además de cajas, cómo se reparten (en algunos casos) esos suculentos haberes, que gozan además por el hecho de pertenecer a diversas prerrogativas, inaccesibles para cualquier trabajador del sector privado, aún en cargos ejecutivos.

Este irracional dispendio, tampoco es correspondido, como en el caso de los  legisladores mencionados, que no precisamente se han destacado ni por la cantidad ni por la calidad de los proyectos elevados y aprobados, que puntualmente mejoren la calidad de vida a los habitantes de Mar del Plata.

Los datos fueron publicados en el diario La Nación de hoy, por María José Lucesole, y dejan al desnudo un cuadro de exagerada desigualdad de sus extraordinarios emolumentos, y más aún cuando prácticamente no existe diferencia entre oficialistas y opositores, que muchas veces parecen estar de acuerdo, con pactos espurios que sublevan a ciudadanos y contribuyentes, que ingenuamente todos los meses pagan hasta religiosidad todos los impuestos, tasas y gabelas que impone el gobernador Daniel Scioli, sin prestar además los servicios obligatorios, sin ir más lejos los 15 días de paro docentes que hubo en la provincia.

¿Por qué esa complicidad tácita? ¿Por qué Scioli cuenta con demasiados silencios cómplices? La respuesta está comprendida en el siguiente detalle:

CIFRAS DE UNA CAJA MILLONARIA Y SIN CONTROL

·         $ 2.191millones

Es el presupuesto de la Legislatura bonaerense para este año. Es la caja política más grande de todo el país

·         $ 16 millones

Es lo que cada legislador bonaerense le cuesta al Estado por año. Integran el Poder Legislativo de la provincia 92 diputados y 46 senadores

Aumento sin debate

El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron subas de 30% en sus gastos en sesiones exprés y a libro cerrado

Silencio unánime

La falta de transparencia es avalada por todos los bloques, que usan el dinero para financiar sus partidos

·          $ 240.000 En módulos

Cada senador recibe esa cifra por mes para pagar a sus colaboradores, además de su dieta de $ 54.000. Y disponen de $ 500.000 para becas y subsidios

·         $ 395.000 En personal y becas

La cifra surge de sumar los $ 235.000 que cada diputado reparte en subsidios y los $ 160.000 para contrataciones. La dieta es de $30.000.

Cada legislador bonaerense le cuesta $ 16 millones anuales a la provincia

Los parlamentarios disponen cada uno de hasta $ 240.000 mensuales para contratar empleados y de hasta medio millón al año para becas y subsidios sin control.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires es probablemente uno de los mayores símbolos de la utilización de una institución como caja política. Maneja un presupuesto de 2.191 millones de pesos al año, lo que significa que cada legislador bonaerense representa una erogación de 16 millones por año.

A esos montos se llegó luego de que en trámites a libro cerrado ambas cámaras aprobaran para este año un aumento de gastos en torno al 30% respecto de 2013.

Dentro de este millonario presupuesto se incluyen los montos de entre 235.000 y 500.000 pesos al año que puede entregar cada legislador en becas y subsidios, prácticamente sin controles efectivos y con la posibilidad de solventar de allí favores y pagos políticos. También es importante la cifra de la que disponen para nombramientos de empleados, que oscila entre 160.000 y 240.000 pesos mensuales.

Esto hace que tanto el Senado como la Cámara de Diputados sean destinos muy codiciados políticamente, al punto de que muchos de sus miembros tienen décadas en sus bancas.

La magnitud de esos beneficios ha logrado que, independientemente del partido o bloque al que pertenezca el legislador, prevalezcan la defensa corporativa y los acuerdos legislativos por sobre los intentos de reforma y las demandas de transparencia. Y en algunos casos ha dado lugar a denuncias por supuestos pagos de sobornos.

El presupuesto de la Legislatura bonaerense es nueve veces superior al de la provincia de Córdoba, casi tres veces mayor al de Santa Fe y el doble del de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sólo es superado en montos por el Congreso Nacional.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto de 1252 millones de pesos para 92 legisladores, y el Senado distribuye 939 millones de pesos entre sus 46 miembros.

El Senado, presidido por el vicegobernador Gabriel Mariotto, se fijó una suba del 28,8% respecto de los 728 millones de 2013. Al igual que en la Cámara de Diputados, no hubo debate público, sino una votación exprés registrada horas después de la sanción del presupuesto general de la provincia, en noviembre pasado. La votación fue avalada por todos los bloques políticos sin debate público.

Cada senador tiene una dieta de 54.000 pesos. Pero esos ingresos pueden resultar insignificantes si se los compara con los millones de pesos que administran cada año. Según cifras oficiales, cada senador dispone de unos 4000 módulos, a valor de 60,86 pesos cada uno, para contratar empleados políticos. Es decir, unos 240.000 pesos mensuales, para pagar a sus “colaboradores”.

Disponen también de medio millón de pesos por año para becas y subsidios y subvenciones.

De los 1252 millones de pesos de presupuesto de Diputados, 845 millones corresponden a gastos de personal; otros 199 millones, a servicios no personales, y 175 millones, a bienes de transferencia. Hay 790 empleados de planta permanente con estabilidad, 149 cargos de planta temporaria, 92 cargos de planta permanente sin estabilidad y seis funcionarios de ley.

Cada diputado tiene una dieta de 30.000 pesos mensuales. Pero además reparte subsidios por 235.000 pesos al año y administra becas por un monto similar, además de unos 3000 módulos -a 53 pesos cada uno, es decir, 160.000 pesos- para contratar personal.

“Cada diputado se hace cargo de pedir los subsidios y de la entrega de los mismos. No estamos autorizados a difundir la nómina completa”, dijo el secretario administrativo de la Cámara, Daniel Lorea, ante una consulta de LA NACION para ver los registros del dinero público.

Este registro es importante porque, según ex empleados de la Cámara, los beneficios no siempre llegan a los destinatarios: “Históricamente, los legisladores tienen militantes amigos a los que les piden el número de DNI y les sacan subsidios. Luego les entregan sólo una décima parte de ese dinero. O nada”, admitió una ex funcionaria en estricto off the record.

Lo mismo sucede con los nombramientos de personal: “Piden el DNI a personas necesitadas a cambio de darles cobertura médica de IOMA y aportes jubilatorios. Ellos se quedan con el dinero de los contratos”, explicó la fuente, que fue secretaria de distintos legisladores durante más de diez años.

“Es una locura. Si supiéramos de estas maniobras, sólo podríamos denunciarlas”, se defendió el director administrativo del Senado, Ignacio Cingolani.

Los manejos económicos llegan, según algunas fuentes, a niveles más altos. A puertas cerradas y en estricta reserva, el relato de ex empleados da cuenta de supuesto reparto de dinero en efectivo entre los legisladores a la hora de votar leyes controvertidas. “Hubo épocas en las que el dinero llegaba en valijas o bolsos. Los legisladores se encerraban en los despachos de los presidentes de bloque y se repartían las pilas de dinero en sobres”, dijo a LA NACION una fuente que trabajó con distintos presidentes de bloques.

El diputado Ricardo Vago (FAP) admitió a LA NACION: “Yo nunca vi reparto de dinero en efectivo. Pero con la ley Siam -expropiada en 2012 a una cooperativa de trabajadores para ser entregada a un empresario cercano al poder- me dijeron: «El tipo [no aclara quién] tiene una habitación llena de euros en Puerto Madero». Eso se corrió en el momento de la votación. Nuestro bloque votó en contra, pero otros se dieron vuelta entre la reunión de labor parlamentaria y la votación”, aseguró el

“Es todo fantasía”, replicó Lorea. “No es real. Quien tenga pruebas debe denunciarlo”, desafió.

El botín económico es tan preciado que algunos senadores y diputados llevan décadas reconvertidos en representantes de distintos partidos. Por caso, el diputado Alfredo Antonuccio permanece desde hace 23 años. Llegó en 1991 por el PJ. Tras militar y presidir el bloque del Frente para la Victoria, ahora es diputado por el Frente Renovador. Otro caso emblemático es el senador Patricio García, ex intendente de Florentino Ameghino, quien llegó al Senado en 1997, durante la gobernación de Eduardo Duhalde.

Para enfrentar el problema, Mariotto dispuso bancarizar todos los pagos, pero algunos son escépticos sobre los alcances de la medida.

“Igual, las secretarias de los bloques se quedan con las tarjetas de los empleados contratados. Cobran, entregan una porción del salario a los militantes y el resto se lo quedan. Lo mismo sucede con los subsidios: les cobran los cheques”, dijo a LA NACION un representante gremial que conoce los movimientos de la Cámara alta.

“Es imposible. Las tarjetas electrónicas de los empleados contratados llegan al banco. Y ahí las debe retirar el beneficiario, al igual que los cheques, que se hacen a nombre del destinatario”, dijo Cingolani, el director general de Administración del Senado.