El primer paso sería una reunión entre el juez Darío Alarcón y el fiscal Julio Vidal, quienes recibieron la denuncia interpuesta por la titular del Consejo de Educación, Marcela Menini de Barchini, que alertaba a la Justicia sobre un caudal de sueldos por cargos ficticios.

Los funcionarios analizarían planillas entregadas días atrás.

Previo asesoramiento de la División Delitos Económicos, un alto funcionario adelantó que en su dictamen el fiscal Vidal solicitaría una batería de medidas.

Todas ellas conllevarían el objetivo de establecer cuántos docentes serán investigados y eventualmente imputados, una cifra que bordearía varios centenares (sobre un total de 25.000), adelantaron voceros cercanos al Consejo.

Un experto del Derecho, con funciones en la Justicia, destacó que es muy posible que Alarcón impute a los maestros sospechados las figuras de asociación lícita y defraudación en perjuicio del Estado.

Contemplado desde una concepción legal, el letrado explicó que el juez merituará cuántas personas estarían involucradas.

Arriesgó las imputaciones porque los pagos vendrían reiterándose desde hace años; sólo un maestro cobraba haberes -por cargos inexistentes- desde hace 12 años. Otro, hace 5.

Se denomina asociación ilícita, en Derecho, a un grupo de individuos constituido con el objetivo de cometer un acto contrario a la ley, ya sea un ilícito civil o un delito sancionado por la ley penal. Algunos ordenamientos establecen que para la existencia de una ‘asociación ilícita’ es necesario que ésta se hallase formada por al menos tres sujetos.

La Defraudación encontraría asidero en la acción de despojar al Estado de su patrimonio, por cuanto el Consejo ya habría establecido la salida de dinero.

No todo el reproche recaería en el beneficiario. La mayor carga de la Justicia se situaría en los organismos y empleados encargados de confeccionar las liquidaciones y remitirlas a la Dirección de Cómputos.