En marzo de 2013, el afiliado Gómez -fue paciente de la Residencia y centro de día La Casa- presentó una denuncia penal (causa N° 1164/13) mediante la que relata la serie de presuntas irregularidades que se habrían cometido en el Subsidio de Salud, en relación con la prestación, facturación, sobrefacturación del servicio brindando y cobro indebido de servicios al Ipsst, con posterioridad al fallecimiento de afiliados.

De acuerdo con la denuncia que presentó en la Fiscalía VIII de la capital, el afiliado Gómez sospecha de la existencia de una presunta maniobra administrativa destinada a favorecer al geriátrico La Casa, propiedad de Julio Germán Rivadeo. Según sostiene Gómez en el expediente caratulado: “Rivadeo, Julio Germán S/ Defraudación, Expte. N° 1164/2013”, existiría un modus operandi que culminaría con el pago de servicios por parte del Ipsst al geriátrico La Casa.

El denunciante sostiene que una de estas presuntas anomalías está relacionada a la documentación fiscal que presentó Rivadeo al Subsidio de Salud para poder cobrar los servicios presentados del afiliado Jorge Dip, incluso después de que este falleciera. Para poder percibir los $ 23.501,70 por el servicio brindado a Dip, el propietario del geriátrico presentó un simple recibo y no una factura.

En el dictamen N° 973 del Tribunal de Cuentas, la abogada fiscal del organismo de control María el Carmen Basilio da por sentado la existencia de presuntas irregularidades en el proceso administrativo del Ipsst. “Que las irregularidades detectadas abarcan a una serie de afiliados de la tercera edad con deficiencias, cuyos antecedentes que constan en expedientes administrativos acumulados como prueba del denunciante, hacen mérito suficiente para afirmar que nos encontramos ante la presunta comisión de delitos que deben ser investigados por las autoridades competentes-Justicia Penal (estafas agravadas) en contra de la institución, por un lado, debiendo darse oportuna intervención una denuncia”, sostiene Basilio en su dictamen que luego puso a consideración de la interventora del Subsidio de Salud, Nelly Ganim.

En una investigación interna, el propio Ipsst reconoce que el procedimiento administrativo “revela serias falencias que deben ser subsanadas”, cuando se refiere a los modos de control, facturación y pago que se implementan en el organismo para esta clase de servicios. “Atento a lo manifestado precedentemente, y en el marco de nuestra competencia, se hace necesario la apertura de una comprobación sumaria en el Ipsst”, agrega Basilio.