El Concejo Deliberante capitalino aprobó ayer por unanimidad la declaración de emergencia económica que le permitirá al Departamento Ejecutivo municipal emitir letras por 80 millones de pesos. La decisión se tomó al final de una sesión atípica que avanzó al ritmo de lo acontecido en el ámbito del Senado de la Provincia. 

Aunque muchos intentaron negarlo semanas atrás, ayer quedó más que evidente que la votación del cuerpo deliberativo de la ciudad de Corrientes estuvo subordinado a las negociaciones que se desarrollaron en la Legislatura provincial.

El movimiento en el recinto  del Concejo Deliberante comenzó poco después del mediodía, y para las 13 dieron inicio a la labor parlamentaria con varias ausencias. Avanzaron hasta los expedientes con despacho y en ese momento hicieron una pausa para pedir comida. Otra clara señal de que aguardaban novedades de la Cámara alta donde se discutía el convenio para la recuperación del 15% de coparticipación. 

Mientras tanto, los ediles radicales y los aliados de ELI permanecieron reunidos a unos pocos metros, en el bar del surtidor del Automóvil Club Argentino (ACA). 

Cerca de las 15, los integrantes del oficialismo  acompañados por los ediles de la Coalición Cívica-ARI y de Libres del Sur finalmente decidieron iniciar la sesión, sabiendo que no contaban con los dos tercios necesarios para sancionar la emergencia económica. Razón por la cual se trató casi todos los expedientes del orden del día, menos el proyecto clave para las finanzas capitalinas. 

Entonces, sin los números garantizados, solicitaron un cuarto intermedio para aguardar a los ediles que faltaban.

Tras una larga pausa, y minutos después de conocerse que la Cámara alta dio media sanción al proyecto para homologar el acuerdo con la Nación para la devolución de la coparticipación, ingresaron al recinto los ediles: Norberto Ast (UCR), María Florencia Ojeda (UCR), Alfredo Vallejos (UCR), Emilio Lanari (ELI), Liliana Gómez (ELI) y Juan José López Desimoni (PP).

En ese momento, minutos antes de las 17, se trató de inmediato y se aprobó por unanimidad la emergencia económica sin declaraciones de ninguno de los integrantes del cuerpo.

Recién después, durante el tratamiento de los últimos proyectos se dieron los primeros cruces y pase de factura principalmente a cargo de los ediles Agustín Payes (PJ) y Juan Miranda Gallino  (PL), ambos repudiando la práctica de sus pares. 

“Volvemos a ser rehenes de este tipo de roscas políticas”, disparó Payes, quien fue uno de los primeros en plantear la necesidad de cambiar el día de sesión, “debemos sesionar un día que no coincida con Diputados ni el Senado, para evitar estas cosas”, propuso.

“Es una verdadera lástima que algunos ediles de la oposición esperaran lo que sucediera en el Senado para entrar al recinto y aprobar la Emergencia”, agregó Miranda Gallino.

“Algunos concejales de ECO, y excluyó al ARI y Libres del Sur porque estuvieron desde el inicio, se hicieron presentes en el recinto cuando terminaron las negociaciones en el Senado, es lamentable”, insistió.

 Por su parte, el concejal Gabriel Romero (Libres del Sur),  destacó en principio, “la decisión unánime de proveerle al intendente esta herramienta y el consenso que se ha logrado”.

“Hemos trabajado en favor del Municipio y los trabajadores municipales. Se genera a favor del municipio el respaldo adicional con el cual se van a poder seguir desarrollando los distintos frentes de obras que tiene en la ciudad y además está garantizado el sostenimiento salarial con el salario mínimo vital y móvil”, concluyó Romero en diálogo con la prensa.

Herramienta

El presidente del cuerpo, José Salinas (PJ-FPV), destacó que la aprobación haya sido por unanimidad y consideró el hecho como “un logro de los acuerdos y de la política”.

“Finalmente el intendente Fabián Ríos tiene la herramienta  que necesitaba, que otorga previsibilidad a su gestión, a los trabajadores municipales y a los ciudadanos” , señaló el titular  del cuerpo deliberativo.

La norma, que tendrá un año de vigencia,  autoriza al DEM, a través de la secretaría de Economía y Finanzas, a la emisión y colocación de Valores Representativos de Deuda (VRD) “a fin de mejorar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones a contraerse, por el término que dure la emergencia económica, hasta la suma total de $80 millones”.