En una reunión ampliada de la comisión de Transporte y Servicios Públicos de la Legislatura, diputados recibieron al subsecretario de Transporte de la Provincia, Hermes Almirón, a quien requirieron información referida al Sistema Único de Boleto Electrónico Misionero, más conocido como SUBE. Desde la oposición cuestionaron duramente a la empresa Servicios Urbanos, tanto por los problemas que se presentaron en distintos momentos de la implementación del sistema, cuanto por su  vinculación al grupo empresario que monopoliza la prestación del transporte urbano en Posadas y su zona de influencia. Ante cuestionamientos por una supuesta falta de control, Almirón anticipó que en octubre estaría funcionando un centro de monitoreo y control que, entre otros datos, aportaría claridad en relación a la cantidad de boletos vendidos.

El encargado de abrir el juego en la interpelación fue el diputado Héctor “Cacho” Bárbaro, quien consideró “poco transparente” que la empresa encargada de implementar y administrar el sistema SUBE, sea pertenezca al mismo grupo que también integran las empresas Don Casimiro, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario, que concentran casi todas las líneas del transporte urbano de Posadas y todas las que van a Garupá y Candelaria: “Se controlan ellos mismos”, argumentó.

El dirigente del Partido Agrario y Social (Pays) cuestionó que ni Garupá, ni Candelaria hayan tenido participación en la contratación de la empresa Servicios Urbanos y solo Posadas haya aprobado ese vínculo a través de un decreto.

Sobre ese particular, Almirón explicó que la contratación de la empresa encargada de administrar el SUBE fue un acuerdo entre privados y que la Provincia no tuvo participación alguna en ese proceso. “Lo que hicimos fue intimar a las empresas (prestatarias del transporte) a que monten un sistema electrónico de pago y fueron estas las que, por su parte, contrataron a Servicios Urbanos. Nosotros no pusimos un peso ni contratamos a Servicios Urbanos”, dijo.

Señaló que la puesta en marcha del sistema de cobro electrónico, es un requisito que impone la Nación para continuar subsidiando a los usuarios del transporte.

En relación al decreto del municipio capitalino, consideró: “que la municipalidad de Posadas, en uso de sus facultades, haya tomado para sí, como una aceptación de un contrato entre partes, a esa empresa, es exclusivo resorte de la municipalidad de Posadas”.

El otro planteo formulado por los diputados opositores,  tuvo que ver con supuestas falencias en los controles, especialmente  en lo relacionado a la cantidad de boletos vendidos. El que tomó ese reclamo fue el diputado Claudio Wipplinger (Trabajo y Progreso), quien dudó de los números presentados por las empresas ante las autoridades de contralor. Argumentó que todas las veces que las compañías del grupo Zbicoski mostraron sus números en los últimos veinte años, siempre sus costos operativos estuvieron muy por encima de sus ingresos.

“Cada vez que se le otorga un aumento de tarifa a estas empresas, siempre ese valor está por debajo de lo que, según indican sus números, deberían cobrar para cubrir sus costos, sin contar un margen de ganancia. Si esto fuera así estas empresas deberían haber desaparecido hace muchos años, sin embargo no solamente siguen funcionando, sino que también hicieron inversiones millonarias fuera de Misiones con el dinero que obtuvieron aquí, lo que demuestra a las claras que esos números que muestran están ‘dibujados’”, disparó.

En respuesta, Almirón indicó que las prestatarias cumplen con las rendiciones periódicas tal cual lo marca la ley y aseguró que la puesta en marcha del SUBE permitirá ajustar mucho más los controles. En ese sentido destacó que se está montando un centro de monitoreo y control que “nos permitirá meternos en la empresa Servicios Urbanos y en las prestatarias para un control detallado”. Dicho centro estará ubicado sobre calle Alvear, entre Ayacucho y San Lorenzo y comenzaría a funcionar en octubre.

El funcionario adelantó además que el año próximo todas las empresas de media distancia y las de transporte  urbano del interior deberán migrar hacia un sistema de cobro electrónico para seguir percibiendo subsidios de la Nación.