El Concejo Deliberante capitalino cumplió ayer con un paso central para el posible incremento del boleto de colectivo. Tuvo lugar la audiencia pública que se extendió por más de 4 horas y comprendió la participación de unos 15 oradores, entre usuarios, funcionarios municipales, gremialistas y referentes del empresariado.

El denominador común fueron los reclamos de mejoras al servicio de transporte público de pasajeros. Algunos de los temas planteados por los vecinos fueron las trazas en los barrios, la necesidad de más garitas y de unidades nuevas, la mejora en la frecuencia estimada para la llegada de los colectivos, el servicio nocturno, los baños para colectiveros, y por supuesto, el costo del boleto, entre otros puntos.

Esta instancia dio inicio pasadas las 11 y se extendió hasta cerca de las 16. 

Durante este tiempo se expresó en representación del Ejecutivo municipal el secretario de Tránsito y Transporte Urbano, Gustavo Larrea, y el subsecretario de Transporte Urbano, Marcelo López Lecube, quienes explicaron sobre el sistema actual en la ciudad y respondieron las consultas de los concejales y vecinos. Volvieron a exponer que “el pasaje en Chaco y Misiones es más caro que en Corrientes”. 

En sintonía, el gerente de Ersa, Javier Harfuch, justificó el incremento del pasaje señalando que el Estado municipal “sólo reconoce 0,90 centavos de lo que vale cada boleto estudiantil” y agregó que “todavía no se cerraron las paritarias que lleva adelante el sector empresario del transporte y los trabajadores”.

Los vecinos se manifestaron en contra del aumento y se quejaron por los problemas  que existen en la prestación. El tiempo de espera, la no circulación de colectivos por la noche y la falta de garitas sonaron en varias oportunidades. 

Cerca del mediodía se registró un momento tenso que involucró a una de las mujeres que tomó la palabra, que no dudó en cruzarse con concejales del oficialismo y los gremialistas presentes. Los insultos y gritos obligaron al presidente del cuerpo a llamar a un cuarto intermedio que permitió tranquilizar los ánimos.

Luego expuso Nelson Veas Oyarzo, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la provincia, quien denunció que “la audiencia pública es ilegal porque no se previeron los pasos y tiempos legales y pertinentes para realizarla”, y aseguró que “podrá accionar legalmente contra dicha convocatoria irregular”. Uno de los últimos en exponer fue Rubén Suárez, secretario general de la UTA, quien adelantó que “tomarán medidas de fuerza si en 30 días las empresas no cumplen con la instalación de baños en las cabeceras”.

Visiones

Cada sector político hizo una lectura diferente de la audiencia. Los integrantes del oficialismo señalaron que algunos reclamaron mejoras al servicio y otros intentaron politizar el tema, “hubo oradores de varios sectores partidarios”, advirtieron. 

Consultado  al respecto, el concejal del FPV, Justo Estoup, reconoció que se escucharon demandas y anticipó que seguramente se podría generar un anexo donde se fijen explícitamente las exigencias a las empresas de transporte.

Por su parte, desde la oposición anticiparon que no acompañarán la actualización tarifaria. En relación a la audiencia, el concejal Gabriel Romero reflejó que “los usuarios se hicieron oír con fuerza” y “Larrea (titular de Transporte) atajaba los penales”. 

De todos modos ahora la pelota está en la cancha de los concejales, que deberán  revisar el expediente en comisión, y en concreto resolver si se hacen eco de las demandas de los usuarios y seguidamente si avalan o no la suba del boleto a $4,75, o inclusive si cabe la posibilidad de proponer otro precio.