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FRANCO MIZRAHI

En los primeros días hábiles de 2023, apenas se difundió la segunda filtración de presuntos chats que involucran al ministro porteño Marcelo D’Alessandro, se produjeron diversas denuncias en Comodoro Py. Se trató de una reacción del macrismo para intentar contener el escándalo. El objetivo buscado por la oposición tuvo resultado. Los tribunales federales de Retiro juegan a su favor y ya cerraron dos de las acusaciones. Pero, además, la denuncia contra D’Alessandro que presentó el gobierno nacional por la comisión de diversos delitos se investigará en la justicia de la Ciudad, donde el jefe de los fiscales es Juan Bautista Mahiques, quien viajó con el ministro porteño denunciado a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín.

La denuncia contra D’Alessandro a la Justicia porteña

El blindaje judicial al macrismo parece total. Porque la denuncia contra D’Alessandro que realizó el gobierno nacional por los diversos delitos que parece haber cometido el ministro a la luz de los chats filtrados no se investigará en la justicia Nacional sino en la de la Ciudad, donde el jefe de los fiscales es Juan Bautista Mahiques, quien viajó con D’Alessandro a la mansión de Joe Lewis en Bariloche en octubre del año pasado invitado por el Grupo Clarín.

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, denunció a D’Alessandro por instrucción del presidente Alberto Fernández, el pasado 6 de enero. La acusación se realizó ante la justicia nacional en lo criminal y correccional y fue “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”. No se incluyeron delitos federales, por eso la denuncia no se hizo en los tribunales federales de Comodoro Py. Esa presentación finalmente pasó a la justicia porteña.

El juez nacional Martín Peluso, a instancias del fiscal Marcelo Solimine, se declaró incompetente el pasado 10 de enero y sostuvo que el caso contra D'Alessandro debe enviarse al Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, a la justicia porteña, donde el macrismo juega más de local aún que en Comodoro Py. ¿Qué se esgrimió para el cambio de fuero? Que en el marco de la transferencia de competencias de la justicia nacional a la justicia porteña, los delitos denunciados ya fueron traspasados y por ende deben investigarse en la justicia local. Las fuentes jurídicas consultadas indicaron que esa decisión de la justicia nacional fue correcta. El punto en cuestión es la influencia del macrismo en la justicia porteña.

¿Quién es el hombre fuerte de la justicia de la Ciudad? El operador macrista Daniel “Tano” Angelici, expresidente de Boca Juniors. El jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, es un hombre de su escudería. Por eso, durante la presidencia de Mauricio Macri, Mahiques (h) se convirtió además de subsecretario de Justicia de la Nación en el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y sanciona jueces. Desde allí, Mahiques fue una pieza clave en el plan de presionar a los magistrados que no se alineaban a los intereses de la Casa Rosada. Por esas presiones hoy es investigado en la causa de la Mesa Judicial PRO.

En la actualidad, Juan Bautista Mahiques es Fiscal General porteño. Es la cabeza del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad, es decir, del cuerpo de fiscales que lleva adelante la acusación en la justicia local.

Mahiques fue parte del viaje a la mansión del magnate Joe Lewis, del que también participó D’Alessandro, y todo indica que fue pagado por el Grupo Clarín. Justamente, por ese viaje, que se realizó el 13 de octubre, Mahiques está siendo investigado por la justicia federal de Bariloche. Fue imputado junto a todos los pasajeros de ese vuelo del Lawfare: el ministro porteño D’Alessandro; los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques (padre de Juan Bautista), Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el exespía Leonardo Bergroth; y el publicista Tomás Reinke. La imputación es por posibles dádivas y también alcanzó a dos altos ejecutivos de Clarín, que recibieron a los viajantes en el aeropuerto el 13 de octubre: Jorge Rendo y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Jurídicos de Telecom. Según los chats filtrados, Casey fue quien realizó la invitación.

La primera filtración de los presuntos mensajes que involucran al ministro porteño muestran que todos los participantes del viaje a Lago Escondido compartían un grupo de chat e intentaron crear diferentes coartadas para esconder lo que a todas luces aparece como el delito de dádivas. Es decir, no solo el Fiscal General porteño y D’Alessandro compartían chat. Allí puede leerse a Mahiques (h) intentando direccionar la investigación que se había abierto en la justicia federal de Bariloche.

En lo formal cada fiscal es autónomo pero, en off, muchos reconocen lo condicionada que puede estar la investigación en torno D’Alessandro en la justicia local. Si los chats filtrados son ciertos y Mahiques (h) llegó a interceder en la justicia de Bariloche, ¿qué se puede esperar que realice en la justicia porteña?

Por ejemplo, este sábado Clarín publicó los resultados de un informe “judicial” que asegura que los chats de D’Alessandro pudieron ser editados. No dice que lo fueron sino que pudieron haber sido por la modalidad con la que le duplicaron la línea. ¿Qué dependencia realizó el trabajo? El Gabinete de Informática Forense del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño. Es decir, un órgano que responde a Mahiques (h), quien aparece en la filtración de chats. Es decir, quien es un interesado en el caso.

El estudio se presentó en una denuncia que hizo D’Alessandro en territorio porteño, donde el ministro ahora de licencia juega de local. En el CIJ trabajan Rodrigo Bonini -es subdirector del CIJ- y el ex espía Eduardo Winkler. ¿Quiénes son? Bonini es el ex director Nacional de Investigaciones y Subsecretario de Investigación del Delito Organizado y Complejo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Reportaba a Patricia Bullrich. Según se desprende del caso D’Alessio, Bullrich intercambió mensajes con Marcelo D’Alessio y le dijo al espía ilegal que contacte a Bonini para hacerle llegar información.

Bonini también aparece mencionado en los presuntos chats filtrados adjudicados a D'Alessandro, tal como difundió el diputado Rodolfo Tailahde: "Qué sorpresa! Bonini, el jefe del Laboratorio Forense dependiente de Mahiques, es muy amigo de todos los Huemules, y hasta compartió algún que otro viaje. En este diálogo se acuerdan de él. Todo muy serio, objetivo e imparcial en el peritaje del teléfono de D’Alessandro”.

Winkler, por su parte, fue un alto jerarca de la AFI macrista durante el macrismo: estuvo a cargo de todas las delegaciones del Interior por lo que administró la reunión de información en las distintas bases de la AFI distribuidas en el país. Por la función que ejercía, el juez Martín Bava lo procesó en el caso del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. Luego fue beneficiado junto a Macri cuando sobreseyeron a todos los acusados de esa causa.

“La mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida”, tuiteó Cristina Kirchner este viernes luego de que se conociera que el juez Sebastián Ramos, con despacho en Comodoro Py, cerró una denuncia contra Silvio Robles, mano derecha del presidente cortesano Horacio Rosatti, quien –según surge de los supuestos chats- se contactaba con D’Alessandro para coordinar maniobras que perjudicaban al oficialismo. Como publicó este medio, en el archivo de esa acusación tuvo una participación estelar el fiscal procesado por espionaje ilegal Carlos Stornelli, porque no le dio impulso a la acción penal, es decir, no le dio curso a la acusación lo que hizo que el caso se cayera. La denuncia que se cerró fue un tanto extraña y todo indica que se hizo justamente para ser descartada.

El caso que archivó Ramos a instancias de Stornelli se basa en dos denuncias que se presentaron casi a la par el 3 de enero en Comodoro y parecen un calco, aunque tienen apenas 3 y 4 páginas cada una. Una de ellas la realizó el abogado Gastón Marano, quien defiende al procesado y detenido Gabriel Carrizo en el caso del atentado contra CFK. El letrado, que fue asesor de un senador nacional de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Inteligencia, cargo del que fue desvinculado tras asumir la defensa de Carrizo, había denunciado a Robles por “la posible comisión de un delito de acción pública” y solicitado se le secuestre el celular.

¿Por qué este letrado se involucró en la filtración de presuntos chats del ministro de Seguridad y Justicia porteño y denunció únicamente a Robles en Comodoro Py? La jugada del abogado y exasesor de un senador PRO pareció tener un único fin: que el caso contra la mano derecha de Rosatti tramite en los tribunales de Retiro, donde el macrismo juega de local, justo cuando avanzaba una causa por los mismos hechos en la justicia federal de Santiago del Estero. El fin buscado tuvo éxito.

Este viernes, CFK se hizo eco del accionar de este letrado: “Posdata vespertina: el abogado que hizo la denuncia ‘contra’ Silvio Robles en Comodoro Py para armar la maniobra del Juez Ramos y Stornelli fue Gastón Marano, defensor de Gabriel Carrizo, detenido por su participación en el atentado contra mi vida. ¿Hasta dónde llegará todo esto?”, se preguntó en Twitter.

La otra denuncia presentada en Comodoro Py contra Robles el mismo 3 de enero la hizo Nicolás Nahuel Giansanti. Es casi exactamente igual a la del abogado copito. Todo indica que con esta maniobra se buscó poder elegir juzgado, algo que es ilegal. Pero este escrito, al igual que el de Marano, terminó en el juzgado que está a cargo de Ariel Lijo, quien está de licencia por la feria. Las denuncias gemelas se acumularon en su juzgado. Pero el caso terminó en manos de Ramos por una serie de excusaciones y subrogancias.

Como el fiscal Carlos Rívolo, que es el que está de turno con Lijo, se excusó de intervenir porque aparecía en los chats con D’Alessando, el caso terminó en manos de Stornelli. Este fiscal procesado por espionaje ilegal en el D’Alessiogate esgrimió que no debía abrirse una pesquisa contra Robles porque la base de la denuncia, dijo, son chats privados que se habrían filtrado producto una maniobra de espionaje. ¿En qué se basó Stornelli para sostener eso? En una denuncia que hizo D’Alessandro contra el diputado Rodolfo Tailhade el 2 de enero por espionaje ilegal, donde el fiscal procesado intervino como subrogante y sí impulsó la acción penal. Esa causa está en pleno trámite y no está corroborado que la filtración de chats haya sido producto del espionaje ilegal. Muchísimo menos que Tailhade haya tenido algo que ver. El diputado del FdT se presentó en tribunales para rechazar por “absurda” la acusación y denunció a D’Alessandro por 29 delitos.

Es decir, en dos semanas, Stornelli cerró la denuncia contra la mano derecha de Rosatti y le dio impulso a la acusación del ministro porteño que se presenta como víctima en Comodoro Py.

Para hacerle un favor al macrismo, Stornelli mostró la doble vara con la que actúa según quién sea el acusado. Porque en mayo de 2019, en el marco de la Operación Puf, la causa que creó la AFI macrista en Comodoro Py para intentar contrarrestar el D’Alessiogate, Stornelli pidió que se utilicen como prueba escuchas tomadas ilegalmente en la cárcel de Ezeiza a dirigentes y empresarios kirchneristas detenidos. Buscó la legitimación de esas interceptaciones telefónicas luego de que se difundieran en los programas televisivos que conducían Luis Majul y Jorge Lanata.

En un hilo de Twitter, la vicepresidenta tomó la resolución del juez Ramos para exponer los manejos de Comodoro Py. Recordó que “en el año 2016 en Comodoro Py los Camaristas de Casación Hornos y Borinsky reabrieron la causa Memorándum con Irán, que había sido sobreseída… ¡2 veces! Lo fundamentaron en ‘una escucha ilegal’, metieron preso a Zannini y le prohibieron a Timerman tratarse de un cáncer en EEUU”. “Después de la legalización de la escucha, Macri -que era presidente- felicitó públicamente a Hornos y Borinsky y criticó a la otra camarista, Ana María Figueroa, que había votado en minoría contra esa decisión. Ahora en 2023, el Juez Ramos de Comodoro Py en 20 días rechazó la denuncia contra Silvio Robles, que arreglaba fallos de la Corte en chats con D’Alesandro, Mtro. de Seguridad CABA, diciendo que no podía ser imputado de delito porque la denuncia se apoyaba en ‘una escucha ilegal’”, continúo CFK.

Cristina también hizo hincapié en el rol estelar del fiscal procesado por espionaje ilegal en el caso que incomodaba a Robles, es decir, a Rosatti, y a D’Alessandro, es decir, al larretismo: “Por si alguien faltaba en este verdadero escándalo, el fiscal que intervino fue… ¡Stornelli! procesado por espionaje ilegal e impulsor de la ‘Operación Puf’, donde buscó legitimar las escuchas ilegales de la cárcel de Ezeiza para salvarse de su participación en el D`Alessiogate. Stornelli, para salvar al ladero de Rosatti -Robles- cita el voto en minoría de la camarista Ana María Figueroa en el caso Memorándum con Irán, que cuestiona que con una escucha ilegal se pretenda reabrir una causa. Solo con mafia mediática-judicial puede haber tanta impunidad”, añadió.

Para cerrar, CFK se preguntó: “¿Qué hará ahora la Cámara de Casación con la causa Memorandum con Irán?”. Es que la sala I del máximo tribunal penal del país debe resolver si confirma el sobreseimiento de todos los acusados o reabre el caso que fue cerrado por el Tribunal Oral Federal Nº 8. En esa sala, además de la mentada Figueroa se encuentran dos camaristas nombrados por Mauricio Macri: Daniel Petrone –íntimo amigo de Germán Garavano- y Diego Barroetaveña.