El 4 de febrero la carta abierta de Carlos Tomada llegó a las casillas de correo de militantes y periodistas bajo el título "no es hora de personalismos".

Era un manojo de párrafos donde el ministro de Trabajo explicaba los motivos que lo alejaban de las ambiciones partidarias en el distrito porteño.

"Es de público conocimiento que nuestro gobierno está afrontando un duro hostigamiento de la derecha política, de los poderes concentrados y de los medios opositores como no ha conocido ningún gobierno desde el año 1983", escribió en uno de los tramos más salientes.

Aunque en el texto no figuran nombres propios, la realidad se ocupó de dejar en claro quiénes obligaron al funcionario récord del kirchnerismo a concentrarse exclusivamente en las tareas de su cartera, que timonea desde el 2003. El listado es largo pero Eduardo Duhalde, Jorge Yoma, Luis Barrionuevo y el propio Hugo Moyano fueron los más explícitos a la hora de alentar una salida anticipada de Cristina Kirchner.

Aquel diálogo antológico entre Hugo Biolcatti y Mariano Grondona, que en medio del conflicto del campo auguraron la caída de la presidenta, suena extraño cuando lo acuña la política o el sindicalismo, acaso los sectores más afectados cuando las democracias se vuelven débiles o inestables.

Con muchos de esos viejos zorros gremiales, que muestran la misma avidez desestabilizante que cierta dirigencia rural, Tomada deberá lidiar en el marco de las paritarias. Se trata de un mojón que signará el derrotero del gobierno en un año que comenzó más que complicado por los escarceos económicos.

El funcionario tiene en un papel el listado de halcones y palomas, es decir, de los sindicatos díscolos e inflexibles y de los dispuestos a buscar un punto de equilibrio entre sus intereses y los de la Casa Rosada. En el primer lote figuran camioneros, gastronómicos y obreros de estaciones de servicio, por citar los más representativos del moyanismo-barrionuevismo. A estos hay que sumarle los estatales de ATE, que conduce Pablo Micheli, líder de la CTA opositora. Entre los maleables, el jefe de la cartera laboral ubica a metalúrgicos (UOM), trabajadores de la construcción (UOCRA), estatales de UPCN, bancarios, empleados de comercio, de alimentación y de sanidad, además de un cúmulo de gremios del transporte, ya sean aeronáuticos, ferroviarios o de choferes de colectivos (UTA).

Finalmente, en un tercer grupo, ocupando un lugar intermedio, figuran los telefónicos, los trabajadores textiles y los de Luz y Fuerza.

Los acuerdos que se alcancen entre marzo y abril, en la primera etapa de las paritarias, serán casos testigos a tomar en cuenta para el resto de los convenios colectivos, que deberán suscribirse de mayo en adelante.

El gran interrogante sigue siendo el porcentaje de incremento que se pondrá en la mesa de discusión. El rango del 20 al 25% que imaginaba el gobierno al iniciarse el año está muy lejos de las pretensiones de los gremios, aún de los amigos.

En todo caso, el 25% podrá representar el piso pero, al parecer, no hay límites para los techos. Antonio Caló, titular de la CGT oficial, dijo que en su sector, el metalúrgico, no le aceptarán cerrar por menos del 30 por ciento.

Cuatro gremios docentes (UDA, CEA, AMET y SADOP) no trepidaron la última semana en reclamar el 61% de mejora, monto al que no suscribió CTERA, el sindicato más representativo entre los educadores.

Ni la CGT opositora se animó a tanto. Después de barajar entre el 30 y el 35%, prefirió abandonar la lotería. Juan Carlos Schmid, mano derecha de Moyano, le dijo a TN que es muy difícil hacer alguna precisión al respecto porque hoy por hoy "nadie tiene una referencia" como para poder elaborar un número. Curiosamente, aquí hay un punto de comunión con el gobierno, que prefiere demorar el inicio del proceso de negociación hasta que las aguas se calmen. "La variable de precios es fundamental. No puede haber precios no cuidados con paritarias cuidadas", le escucharon decir a Tomada sobre la delicada coyuntura. El "stand by" propiciado por el ministro de Trabajo se encuadra en una lógica global de la Casa Rosada, donde la prioridad es frenar la remarcación en los súper, asegurando el cumplimiento del plan Precios Cuidados, que incluye a 194 productos de primera necesidad.

El "apagón de consumo", promovido el último viernes por la agrupación kirchnerista Unidos y Organizados, buscó apuntalar la tarea oficial, haciendo honor al pedido que Cristina. No fue sin polémica: complementaron la medida desplegando afiches con el rostro de ejecutivos de cadenas de híper y electrodomésticos, bajo el lema "estos son los que te roban".

La necesidad de poner freno a la estampida de precios busca aventar el fantasma del "Rodrigazo", que de estar en las arengas de los opositores pasó rápidamente a integrar el vocabulario –eso sí, puertas adentro– del propio oficialismo.

El Rodrigazo evoca un período controvertido de la economía en tiempos de Isabel Perón en el que su ministro de Hacienda, Celestino Rodrigo, puso fin a dos años de congelamiento de precios y tarifas, y los gremios salieron a reclamar fuertes mejoras salariales, abonando su cuota al espiral inflacionario del momento. La pregunta del millón que se hace el Poder Ejecutivo es cómo transitar el "mientras tanto", qué ofrecer en el corto plazo a una sociedad que ve enflaquecer sus bolsillos producto de las alzas y la devaluación. En los últimos meses hubo aumentos en los alimentos, el transporte, las tarifas, los peajes, el combustible y la canasta escolar, por nombrar algunos rubros. Ante esa realidad, la presidenta se enojó con los formadores de precios pero también con los gremios amigos. Cristina quiere una actitud más proactiva de la CGT y la CTA oficialista en la lucha contra la inflación. Caló y Hugo Yasky dieron denodadas muestras de lealtad pero tienen un límite infranqueable: sus propios afiliados.

En Tierra del Fuego peligra la renovación de los contratos de cerca de 3000 metalúrgicos. ¿Qué cabriola debería hacer Caló para no hacer oír su queja y evitar el enojo de sus representados?

Tomada lo sabe y por eso no descarta lo que antes rechazaba, sea el desdoblamiento de las paritarias o el otorgamiento de una suma fija "puente" a los trabajadores hasta que cada gremio logre une mejora vía convenio colectivo.

Por ahora el ministro quiere ganar tiempo, y eso -ya se dijo- es una decisión tomada.