Hace 9 años, en Estados Unidos, dos profesores, Daron Acemoglu y James Robinson, publicaron el libro ¿Por qué fracasan los países?, que se convirtió después en un best seller, sobre todo en el mundo de los que estudian la política y los distintos planos de la vida pública. Allí plantean una pregunta que se viene haciendo el pensamiento social, histórico y económico desde siempre: ¿Por qué fracasan las naciones? Y al tratar de responder este interrogante, acuñan un concepto muy interesante para entender a la Argentina actual.

Ellos hablan de “clases dirigentes extractivas”, es decir clases políticas y dirigencias que gobiernan de tal manera que, en vez de desarrollar a las sociedades, de un modo u otro, les chupan la sangre. Y eso sucede no solamente desde el punto de vista material y económico, sino también desde el punto de vista de las capacidades, las libertades y la creatividad.

En ese incentivo por engordar a la clase dirigente a costa de la sociedad a la que debería representar no habría grietas. Si uno observa y trata de investigar los sótanos de poder de la Argentina en los últimos 20 años empieza a advertir que -en esos sótanos- hay continuidades y pactos entre facciones que se enfrentan en la superficie muy dramáticamente y con mucha estridencia.

Se verá un ejemplo de esto en la Legislatura bonaerense: una institución muy opaca pero importantísima porque regula la vida de la provincia más populosa de la Argentina, la que concentra la mayor cantidad de pobreza y la que, por razones demográficas, se ha convertido en el centro de gravedad de la política nacional, sobre todo desde la emergencia del liderazgo de Eduardo Duhalde, que fue el que descubrió esa cantera que después se dedicaron a explotar, hasta ahora, los Kirchner.

Este martes habrá una sesión muy interesante allí. De golpe y sin que nadie entienda muy bien cómo se llegó a esto, se instala el debate de la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. En esto no hay que prestar solamente atención al contenido, que es importante porque estamos hablando de la capacidad o de la vocación de renovación política en el conurbano, que se ha convertido en la colina de poder más importante del país. También importa el método: las formas de comportamiento de este grupo dirigente. Y, para entender esto, hay que hacer un poco de historia y remontarse a 2016.

En aquel año recién llegaba Cambiemos, un verbo que sugería que venían a cambiar las cosas. En ese intento, María Eugenia Vidal pactó una ley con Sergio Massa, quién durante sus cuatro años de gestión fue probablemente su principal socio político, sobre todo en la Legislatura. Esta ley establecía que los intendentes y concejales no podían ser reelegidos más de una vez; es decir que a los ocho años de ejercer el poder tenían que retirarse por lo menos por cuatro años para después poder postularse de nuevo.

Curiosamente, mientras que en aquel momento se hablaba de las virtudes de esta ley, hoy sabemos que hubo una reglamentación extraña y seguramente pactada con los intendentes, que se veían afectados por esta limitación. El gobierno de Vidal reglamentó este artículo diciendo que, si un intendente se retiraba de su segundo mandato (por la razón que fuera) antes de cumplir los dos años, ese mandato no contaba. ¿Qué quiere decir? Si un intendente se retira antes de que se cumplan los dos años, tiene derecho a postularse dos años después. Esto significa que se permitían seis años de gobierno, dos de “licencia” y otros seis años en el poder.

Muchos intendentes pidieron licencia y fueron al Ejecutivo; y en este punto no hay grieta: renuncian a sus intendencias por dos años para poder postularse dos años después, en 2023.

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, pidió licencia y pasó a ser el jefe de Gabinete de Axel Kicillof. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, se convirtió en el inspector de la Hidrovía. Lo mismo ocurre en Juntos por el Cambio, donde el intendente de Vicente López, Jorge Macri, pidió licencia para pasar a ser ministro de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. No solo cambió de función, sino también de distrito.

Hicieron una ley, pero después la reglamento para hacer una trampa dentro de la propia ley que ellos mismos hicieron. Ahora aparece un segundo detalle de métodos. Había que darle el acuerdo en la Legislatura bonaerense a un funcionario que se llama Guido Lorenzino. ¿Quién es Lorenzino? El defensor del Pueblo. ¿De dónde viene? Era un funcionario del corazón de Daniel Scioli. Durante un tiempo fue el interlocutor, el puente, bastante opaco, entre Scioli y la policía bonaerense. Cuando eso se supo, lo sacaron de ese rol, lo mandaron al Consejo de la Magistratura.

Los intendentes dijeron “si querés el acuerdo, tenés que conseguirnos un fallo por el cual se declare inconstitucional la ley de Vidal y Massa y podamos reelegirnos ahora en 2023″. De golpe, un juez en lo Contencioso y Administrativo de San Martín, Jorge Ocampo, sacó un dictamen en ese sentido. Con el argumento probablemente razonable de que esa ley debía regir a partir del año 2019, es decir, no se podía poner una limitación en el primer mandato porque los que habían competido y accedido al poder en 2015 no tenían esa limitación.

Es un poco escandaloso dar de baja una ley tan simpática, donde el poder político se pone una limitación así mismo. Por eso llega a la Legislatura mañana un proyecto que lo impulsa gente del PRO, los mismos que pedían licencia para poder evadir la ley de Vidal, por la cual se va a dar de baja la reglamentación, pero se va a considerar que el primer mandato del 2015 al 2019 no se considera como mandato computable. Tendrían esa limitación en 2027, pero de acá a entonces pueden pasar muchas cosas.

¿Qué es lo interesante de todo esto? Primero. ¿Por qué no quieren dejar el poder durante cuatro años? Por una razón muy sencilla. Cualquier intendente sabe que una vez que se agarra esa manija, por los recursos políticos, institucionales, sociales y económicos que vienen con ella, no se larga más. Es lo que aprendió Massa en Tigre. Lo dejó como sucesor a Julio Zamora y no volvió más. Y quiere volver y no puede.

Lo interesante de esta discusión por la cual algo que era virtuoso empezó a trampearse, inclusive por los mismos que lo hicieron, y ahora termina de darse de baja, es que divide a los bloques de ambas fuerzas políticas. Los representantes de Vidal en la Legislatura -no ella, que está en el Congreso nacional- mañana no quieren votar esta modificación que habilitaría la reelección en 2023. Los de Massa tampoco. En cambio, los intendentes del PRO, los de la UCR, y del peronismo, sí quieren. Ahí hay una continuidad, un pacto. Curiosamente esos intendentes del PRO son intendentes no alineados con Vidal, obviamente, sino con Larreta, tanto que uno de ellos, Jorge Macri, trabaja ahora en el gobierno de la Ciudad.

¿Hay una fisura entre Vidal y Larreta? Sí. ¿Cómo se demuestra? En que hace una semana, en las oficinas de Federico Salvai, mano derecha de Vidal, se lanzó la candidatura presidencial de Vidal cuando todos sabemos que hay otra lanzada implícitamente por Larreta. Ahora van a competir. Es una fisura importante en el campo no macrista del PRO.

El tema de las reelecciones, que estaba fuera de agenda, de pronto apareció sin que el gobernador Axel Kicillof abra la boca. No sabemos qué opina Kicillof de este planteo sobre las reelecciones. Él que tiene tantos resquemores, tantos reparos frente a la dirigencia política de la provincia que él gobierna, no se expresa. ¿Por qué? Porque le imponen este tema nada menos que en la sesión donde hay que discutir el presupuesto. Entonces si Kicillof se quejara, probablemente se quedaría sin presupuesto. Se discute además un fondo para infraestructura de los intendentes, especialmente promovido por los de la oposición, que son los que necesitan que haya un fondo más o menos automático que los sustraiga del arbitrio del gobernador o del oficialismo.

En todo este panorama bastante deprimente hay una nota de color. En la sesión de mañana tiene que jurar el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, del PRO. Va a ser interesante ver si logra jurar y si lo incorporan a la sesión porque Molina es antivacunas. No va vacunado. ¿Lo dejarán entrar? ¿Podrá sesionar? ¿O tendrá que jurar vía Zoom?

Además de pactos como el de las reelecciones, hay otro acuerdo entre Gobierno y oposición. Este acuerdo está previsto en la institucionalidad bonaerense, que es que el senado provincial tiene que aprobar a los directores del Banco Provincia. Y entre esos directores va a haber uno que pasa de la Capital, que se llama Bruno Screnci. ¿Quién es? La mano derecha e izquierda de Diego Santilli. Hasta ahora, ministro de Gobierno de Larreta, al que Larreta se sacó de encima mandándolo a la provincia de Buenos Aires para que ingrese en su lugar Jorge Macri. Fue un acuerdo entre Larreta y Jorge Macri para que Macri, a su vez, no se oponga a la candidatura de Santilli en la provincia de Buenos Aires.

Una pregunta imposible de descifrar. ¿Cuánto gana un director del Banco Provincia? Es decir, ¿Cuánto va a ganar Screnci? No sabemos. Lo que sí sabemos es que es un cargo clave, sobre todo para los intendentes de la oposición, porque normalmente esos directores del banco son el gestor que tiene un intendente para conseguir un descubierto si un día no llega a pagar sueldos, o para conseguir financiamiento para infraestructura, etcétera. O sea, es un engranaje no visible, pero importantísimo en materia de dinero.

Ese pliego, más el de Carlos Fernández, que es un candidato del radicalismo también para integrar el Banco, tiene que pasar por el Senado. El presidente del bloque de senadores de Juntos. De todos los que tenían para esa posición, los senadores eligieron a Cristián Gribaudo. ¿Le suena Gribaudo? Si, pero de otro campo, del deporte. Era el candidato a la sucesión de Daniel Angelici en Boca; el que perdió. Gribaudo es un hombre de Angelici, y Angelici es un hombre del juego en la provincia de Buenos Aires; tiene cantidad de bingos. Comillas, comillas, comillas; La “industria” del juego pone al presidente del bloque de la oposición en el Senado bonaerense. ¿Por qué es interesante esto? Porque se van a entender de maravillas Gribaudo con Insaurralde. El intendente de Lomas de Zamora, jefe de gabinete de Kicillof, es el que controla la Lotería y viene también de la -comillas, comillas, comillas- “industria” del juego. Era la mano derecha de Jorge Rossi, jefe de la Lotería de Duhalde, después intendente de Lomas de Zamora. Y una especie de álter ego político del binguero estrella de todo ese círculo político de Lomas de Zamora que se llama Daniel Mautone. Mautone conecta con Insaurralde; Angelici conecta con Gribaudo. Mautone y Angelici conectan entre sí: son socios en varios bingos. Acá no hay grieta. Provincia de Buenos Aires, Legislatura, gobierno de la Provincia, juego; son una misma cosa. No es novedoso esto. Habría que indagar cómo se repartieron el juego online entre gobierno y oposición en el último tramo del gobierno de María Eugenia Vidal. Fue de manera tan escandalosa que ella no quiso firmar el reparto de esas concesiones. Las terminó firmando Kicillof. Sin chistar.

El juego es uno de los campos de la vida política donde parece no haber fractura, porque estamos hablando del financiamiento de la política. Tampoco parece haber fractura entre los que ejercen el poder desde determinado lugar, por ejemplo los poderes ejecutivos: intendentes del PRO, del radicalismo, del kirchnerismo, del PJ no tienen distinción cuando se trata de enfocar el fenómeno del poder y de la continuidad del poder. Lo mismo vemos cuando se trata de aumentar impuestos, como los de ingresos brutos. Hoy, un comunicado de la Unión Industrial Argentina (UIA) respecto del daño que le hace el impuesto de los ingresos brutos a la producción. Los gobiernos que se llenan la boca hablando de la producción, de las pymes, cargan nuevamente con un peso muy distorsivo sobre la industria, el comercio, etc. Un gravamen que se habían comprometido a disminuir y ahora se aumenta con una cláusula rara. En el caso del impuesto a los sellos, hay una cláusula en el pacto fiscal que dice que la máxima alícuota va a alcanzar a cualquier actividad menos al juego. ¿Será que no pueden aplicar la máxima alícuota? ¿O será que ese límite no corre? Queda ambiguo. Una ambigüedad estratégica, porque le permite al poder político ser arbitrario frente a los “industriales” del juego para que después esos “industriales” del juego colaboren.

Hay otro campo donde pasa algo parecido y es el submundo de los servicios de inteligencia. Hoy hay un escándalo, que festeja el kirchnerismo, por supuesto. Cristina Kirchner tiene una coartada para tratar de justificar los escándalos de corrupción que ha habido durante su gobierno y el de su esposo. A partir de las imágenes de José López con 9 millones de dólares en un convento a las tres de la mañana; luego de los cuadernos y los empresarios diciendo que pagaron las coimas, no se puede esconder el sol con un dedo. Pero, como algún argumento político hay que sostener, Cristina Kirchner ha venido desarrollando la teoría sobre el lawfare, una persecución política llevada adelante por lo que ella denomina como mesa judicial, que es un conjunto de funcionarios del Poder Ejecutivo de Macri, junto con lo servicios de inteligencia y medios de comunicación, para hostigar a los que vinieron a mejorar la distribución del ingreso en la Argentina.

Esta teoría tiene huecos enormes. Por ejemplo: si hubo alguien que contribuyó en los medios de comunicación durante nueve años a estigmatizar al kirchnerismo, se llama Alberto Fernández. Si hubo alguien que se empeñó en que la Justicia juzgara a Cristina Kirchner y a todos los que la rodearan es Sergio Massa, cercanísimo a los servicios de inteligencia, a tal punto de que hoy daría la impresión de que Jaime Stiusso trabaja para él. Al menos eso es lo que le dice Stiusso a sus amigos.

Más allá de esos grandes huecos en la teoría del lawfare, hoy aparece en Página 12, que pertenece al sindicalista Víctor Santa María, un video escandaloso: hay un ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal junto con un grupo de empresarios de la construcción de La Plata, todos por supuesto víctimas de la prepotencia sindical del “Pata” Medina que era el secretario general de la Uocra local. Para encarar este problema de la conducta de Medina, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, dice a estos empresarios: “Esto jamás lo voy a decir en público, pero si yo pudiera armaría una Gestapo para ir contra todo el sindicalismo”. Y les propone que aporten datos para preconstituir causas que ya están habladas con los jueces para avanzar contra los sindicalistas por este método, ya que no tiene una Gestapo.

Lo curioso de todo esto es que en la reunión que está filmada, en una sala que no se sabe bien donde es. Hay quienes creen que es una sala del Banco Provincia. Aparecen en esa reunión dos personas entre los empresarios, el ministro de Trabajo y otros ministros de Vidal: Sebastián Di Stéfano y Darío Biorci. Di Stéfano era el jefe de Jurídicos de la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Lo puso su padrino, Daniel Angelici, íntimo amigo de Macri. Por su parte, Biorci es cuñado de Silvia Majdalani, casado con su hermana; era la mano derecha de Majdalani. Di Stéfano y Biorci son los que presiden la reunión, inclusive son los que presentan a la gente entre sí.

Bien por Santa María, de Página 12, de publicar este video. Porque él, que dirige el sindicato de los encargados de edificio, tercerizó en una empresa la administración de los hoteles de su gremio. En esa empresa, una de las dueñas es la hija de Majdalani. O sea que con estos videos, Santa María va en contra de la mamá de una aliada de él.

Esto es un escándalo en el que quedan desubicados Vidal, porque queda ligado su ministro de Trabajo al armado de causas judiciales. Si a alguien beneficia este video es a Medina, que tendrá la oportunidad de decir que fue un perseguido. Pero, también queda mal Macri porque la pregunta es por qué filmaban desde la AFI las reuniones de Vidal y sus ministros. ¿Qué sentido tenía conservarlas?

Esta idea es la clave del problema. Acá quedan muy descolocados dos jueces: Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, dos camaristas de la Cámara Federal Penal de la Capital Federal, porque a ellos les tocó dirimir hace una semana si en la AFI de Arribas y de Majdalani, como indican infinidad de pruebas de distintas causas judiciales que se van acumulando, había o no actividades clandestinas bajo el conocimiento de las autoridades. Estos dos jueces, no así el juez Farah que falló en contra, dictaminaron que lo que pasaba en la AFI de Macri era tarea de cuentapropistas. Es decir, que los funcionarios contratados por el gobierno de Macri, traídos muchos de ellos de la policía metropolitana, que ejercían persecución sobre periodistas como Hugo Alconada Mon, persecución y espionaje sobre Horacio Rodríguez Larreta o sobre Santilli, Emilio Monzó o la hermana de Macri, eran unos valientes que se animaban a ir a espiar a todos estos como cuentapropistas. ¿No tenían la espalda cubierta por nadie?

Pero ahora, con este video, esa tesis es muy difícil de demostrar. Entre esos que zafan con ese fallo de la Cámara está Di Stéfano. ¿Qué puede estar pasando? Los cuentapropistas le están dando información al Gobierno diciendo: “Nosotros no vamos a ser el pato de la boda”. Es decir, que el hilo no se ha cortado por lo más delgado, sino por lo más grueso. Es decir, hay espías de la AFI que están diciendo algo así como: “Si a nosotros nos quieren hacer quedar como cuentapropistas, y que no recibimos órdenes de arriba, vamos a empezar a mostrar los videos que tenemos”.

Pregunta relevante: la jefa de la AFI, Cristina Caamaño, llevó este video a la Justicia para que se investigue si había una “mesa judicial” persiguiendo sindicalistas. ¿Se aseguró de que la filmación misma no sea ilegal? ¿La encontró o se la entregaron?

¿Cuál es la consecuencia de todo esto, además de la que Macri tendrá que pagar un costo? La destrucción del aparato de inteligencia de la Argentina, donde el presidente de la Corte dijo hace una semana, en este mismo programa, que dentro de cinco años el problema más importante que tendremos va a ser el narcotráfico. Uno de los instrumentos para combatir el narcotráfico se está rompiendo. O estamos viendo las astillas de algo que se rompió hace mucho tiempo.

Como vemos, regresa el método de usar los servicios de inteligencia para la persecución política, para manejar el Poder Judicial, para constituir pruebas, para filmar al adversario y al propio. Un método que Néstor Kirchner usó a destajo. Lamento tener que hacer una referencia personal: en el año 2009, Kirchner dio una conferencia de prensa mostrando e-mails que yo había intercambiado, con información política intrascendente, con el candidato Francisco de Narváez. Fueron publicados en Página 12, por una periodista que no vale la pena ni recordar porque se ganaba la vida, con dificultades, de ese modo. Entonces, esto es una continuidad que involucra a todos, que Macri no pudo cortar. Da la impresión que se sirvió de ella.

Hay continuidad entre las dos orillas. Y conflictos en el seno de cada sector. En el caso de Juntos por el Cambio, hablamos de una fisura entre Vidal y Larreta. Más grande es la fisura entre Larreta y Gerardo Morales. Larreta dice que no le debe nada al Gobierno y hay provincias que sí, entonces tienen que pactar el aumento de impuestos. Es el vuelto de Larreta a las acusaciones de Morales, de serle funcional al Gobierno. Y también el vuelto a que los jujeños de Morales que votaron en el Congreso a favor de que el Gobierno de Alberto Fernández le quite fondos a la ciudad de Buenos Aires.

También en el campo del kirchnerismo vemos la fisura. Hay una que aparece en el horizonte de 2023. Alberto Fernández dijo que se quiere postular a la reelección y que tiene que haber interna en todos los niveles: presidente, gobernadores, concejales y diputados. Aparentemente, no consultó a nadie para decir eso. Habrá que preguntarle a Gildo Insfrán si quiere ir a una interna por la gobernación de Formosa.

En el kirchnerismo, esa declaración inconsulta fue tomada como una suerte de menosprecio al poder que ellos todavía tienen, a pesar de la derrota de noviembre. Empieza a aparecer, una ocurrencia para disciplinar a Fernández, muy borrosa: la idea de que si Alberto Fernández quiere ir a un interna, podría tener que enfrentar a Cristina Kirchner. Seguramente, ella no lo empezó a pensar, pero le gusta la idea para atemorizar un poco al Presidente. Así empieza a circular la idea de que podría aspirar a la Presidencia en 2023. Irritada, sobre todo, porque ella le pidió a Fernández que lo perdone a Máximo Kirchner por el fracaso del presupuesto y concurra a la asunción de su hijo a la presidencia del PJ bonaerense. Y ahora lee eso en los diarios, probablemente -cree ella-, filtrado por Alberto Fernández.

Cristina amaga con postularse, los primeros esbozos de ese proyecto surgieron en una reunión de camaradería entre ella y artistas militantes kirchneristas, donde había periodistas también, que, dicen, tenían un cartel que decía “Queremos preguntar”. Se hizo en un encuentro organizado por Federico De Achával, el intendente de Pilar, hijo de otro Federico De Achával, socio de Cristóbal López en el Casino de Palermo. Cristina no zafa de estar cerca del juego. Y, si no miremos la absolución" class="com-link" data-reactroot="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 80, 201); transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"> la absolución de Cristóbal López hace pocos días.