El ex ministro de Economía, Horacio Sosa, no tan solo reconoció frente a los jueces ser corrupto sino que reveló haber querido comprar impunidad judicial, para no estar sentado donde hoy está.

Recordemos que el ex funcionario cocarista está acusado junto a otras siete personas de participar de la maniobra mediante la que se pagaron $1,7 millones en Letras por servicios e insumos nunca prestados al Estado.

En su declaración indagatoria sosa reveló que para zafar del enjuiciamiento le pagó 300 mil pesos a un abogado con contactos dentro de la Justicia que lo engañó. “Me hago cargo, yo estaba al tanto de todo. Me propusieron el negocio para sacar la plata y lo hice”, confesó el ex titular de la cartera económica sobre su participación en el fraude.

Compra de impunidad

En su estrategia de defensa, el ex ministro contó una historia que los jueces que en principio escucharon con mucha atención, pero que al final de la exposición poco y nada sirvió los dichos de Sosa, toda vez que hablo sin dar nombres, ni precisión de los hechos "Hay que tener en cuenta que habla un hombre que está a punto de ir preso" dijo un secretario del juzgado al término de una nueva ronda de imputados.

Lo cierto es que el ex ministro de Economía de la Provincia, Horacio Sosa, contó que pagó 300 mil pesos para comprar impunidad judicial en el caso del escándalo de las Letras de Tesorería por el que está siendo juzgado, y que “dos funcionarios políticos”, a los que no identificó, le ofrecieron zafar del enjuiciamiento si “entregaba” al ex gobernador Hugo Cóccaro.

Sosa prestó declaración indagatoria ante el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia que lo juzga desde ayer junto a otros siete imputados en la denominada “causa Arrébola”, la primera y más emblemática donde se investiga el pago de 1,7 millones de pesos en Letras por insumos informáticos nunca proveídos al Estado.

En ese contexto, el ex funcionario explicó que cuando el caso comenzó a investigarse en 2008, fue a buscar asesoramiento jurídico al estudio del abogado Julio Miraballes, a quien conocía porque había trabajado para él en la función pública.

Según Sosa, en lugar de indicarle una estrategia de defensa, el abogado le aseguró que podía comprar a la Justicia, y que para ello tenía que reunirse con “un juez” en “un complejo” de la ciudad balnearia de Cariló y entregarle 300 mil pesos.

El ex ministro sostuvo que le entregó el dinero a Miraballes, de ahorros propios que tenía en dólares y que convirtió a pesos, y que un tiempo después el letrado le dijo que “ya estaba todo arreglado” y que ahora tenía que ir a ver al abogado Luis Felipe Ricca.

Siempre según la declaración de Sosa, cuando Ricca lo recibió, le confirmó que “nada se había arreglado” y que lo único que iba a hacer él era defenderlo en el proceso. También le recomendó no contar lo de Miraballes porque “en la Justicia eran muy sensibles y se iban a poner peor”.

Una vez conocidos los pormenores del caso, Ricca le terminó aconsejando a Sosa en 2010 “hablar con el fiscal” para reconocer su participación en el caso y lograr así la imposición de una pena menor, algo que “finalmente hice y por eso declaré”, admitió Sosa ayer en el juicio.

El ex titular de Economía también aludió a otra “propuesta” que le habrían hechos “dos ex funcionarios” para evitar ser juzgado. Dijo que uno de esos funcionarios ya había fallecido, y que sobre el otro no iba a dar el nombre porque la gestión que le propusieron “nunca se llevó a cabo”. No obstante, aclaró que estas personas le habían ofrecido una salida para su situación judicial, si “entregaba al ex gobernador (Hugo) Cóccaro”.

Los expedientes "media naranja"

En su declaración ante los jueces del tribunal oral, Sosa volvió a confesarse como partícipe de la defraudación con Letras de Tesorería. “Me hago cargo, yo estaba al tanto de todo. Me propusieron el negocio para sacar la plata y lo hice.

Yo repartí las Letras. Los expedientes se armaron como un relámpago, en tiempo récord. Dentro del Gobierno se conocía a estos expedientes con el apodo de “media naranja”, reconoció el ex funcionario con total naturalidad.

Sosa explicó que durante tres años y medio estuvo en el IPRA, y que en los últimos 40 días de la gestión Cóccaro fue convocado para ser ministro porque “los funcionarios renunciaban a cada rato”.

“Fui a Obras Públicas pero también estuve a cargo de Gobierno, de Educación, de Salud y de Economía. A Cóccaro lo conocía porque trabajé para su constructora Cóccaro Hermanos, de la que llegué a ser apoderado”, relató.

Sosa dijo que “el negocio” de las Letras se lo propuso la ex agente contratada Mariela Dana, aunque además implicó directamente al ex Tesorero y Contador General de la Gobernación, Alfredo Iglesias, al ex director contable del Ministerio de Economía, Horacio Medone, a la empleada María Lorenza Moreno, y al comerciante Ariel Arrébola, a quien acusó de saber “todo lo que se iba a hacer”, y de haber entregado “facturas vencidas de su negocio” para que fueran incorporadas a los expedientes por operaciones ficticias.

El ex funcionario reconoció haber cobrado para sí una sola letra de 100 mil pesos, y repitió que la mayoría las cobró Arrébola.

La Justicia tiene por demostrado que de la erogación total de 1,7 millones de pesos, se presentaron y se cobraron en el Banco de la Provincia cinco letras de 100 mil pesos, mientras que el resto fueron vendidas y compradas por intermediarios por afuera del circuito oficial, lo que dio origen a otra causa paralela por encubrimiento y lavado de activos.

A su turno, el ex comerciante Arrébola que también prestó declaración indagatoria había acusado a Sosa de ofrecerle el negocio y dijo que hasta después de consumado él pensó que se trataba de operaciones legales.

“Yo entregué el talonario en blanco. No me fijé si estaba vencido. Era para prestar el nombre. Después entendí que la mercadería nunca se iba a entregar”, confesó el ex dueño de Compu Line, antes de relatar cómo viajó a Ushuaia para recibir las letras el último día de Cóccaro en el poder, cómo Medone lo ayudó a confeccionarlas y él terminó cobrando algunos de los títulos, aunque precisando que sólo se quedó con el importe de dos de las letras por unos 200 mil pesos.

Arrébola reafirmó que al darse cuenta del perjuicio que había ocasionado al Estado, devolvió 60 mil pesos y un terreno de Río Grande que está embargado por la Justicia.

Se vienen las sentencias

Es probable que la semana venidera queden terminadas todas las indagatorias y se pase a los alegatos y luego a las sentencias.

Se descuenta que muchos de los imputados terminarán sentenciados, ya que se trata un hecho de corrupción cuyo denunciantes han terminado confesando en los estrados de como sucedió todo.