Por: Mauricio Caminos.

El 27 de mayo una reunión que encabezó la ministra Sandra Pettovello con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se selló una paz transitoria para el conflicto universitario, que había escalado a una magnitud inesperada con la multitudinaria marcha federal del 23 de abril. Ese día los rectores aceptaron el ofrecimiento del Gobierno de que haya un aumento del 270% para los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios de todo el país. Si bien la ministra de Capital Humano puso la cara por la gestión libertaria junto al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el gran operador oficialista en las sombras no fue otro que el asesor estrella de Javier Milei sin cargo: Santiago Caputo.

Formado en Ciencia Política en la UBA, Caputo había acordado primero con el Emiliano Yacobitti –vicerrector, referente radical y mano derecha del senador Martín Lousteau– un desembolso para que la universidad más importante del país levantara su declaración de emergencia. Luego tuvo que ceder ante la presión del resto de los directivos, en especial el presidente del CIN, Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y también de extracción radical, y su segundo Oscar Alpa (Universidad Nacional de La Pampa, embanderado en el peronismo).

Sin la responsabilidad jurídica de ser funcionario, Caputo decidió hasta cuánto se abrió la billetera del Estado, que maneja su tío Luis Caputo desde el ministerio de Economía, para las casas de estudios. El acuerdo fue transitorio hasta que el conflicto volvió a escalar cuando Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario que atendía todos los reclamos del sector: desde las partidas para las universidades, hasta los salarios atrasados por inflación y los próximos de los docentes y no docentes, junto con las becas para los estudiantes. 

El conflicto desde entonces sigue latente con acciones puntuales en las calles y las universidades –se vio en las asambleas y tomas, y se está trabajando en una tercera marcha para el 5 de diciembre, como ya publicó este medio–, pero a nivel político quedó encajonado en el Presupuesto 2025 que se discute en la Cámara de Diputados. Hasta allí fueron los rectores en los últimos días buscando generar una entente opositora que les permita sumar volumen político para presionar al Gobierno, pero sobre todo para lograr que otra vez “Santiaguito” Caputo –como lo definió una autoridad universitaria– se digne a abrir otra vez la billetera.

Hoy desde @DiputadosEF recibimos, junto a colegas de @UCRNacional Democracia para Siempre, a Rectores de Universidades nacionales.

En el marco del debate del #Presupuesto2025 ratificamos nuestro compromiso con la educación pública, la transparencia y el desarrollo nacional pic.twitter.com/sHMjVd6AJD

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) October 29, 2024

El CIN reclama de máxima $7,2 billones para el 2025, estimando allí no solo los gastos de funcionamientos de todas las universidades del país, sino también la actualización permanente de los salarios de los trabajadores previendo ya una inflación para todo el año que viene. El Gobierno presupuestó para el sector apenas la mitad: $3,8 billones. Hay guiños de que ese gasto se expandirá, pero aún no hay nada oficial. La aspiración de los universitarios es que al menos la propuesta libertaria se acerque lo más que se pueda a los siete billones –es decir que aceptarían seis, pero también cinco y hasta cuatro y pico si no hay otra alternativa–.

Los rectores tienen trato abierto y cordial con “Galleguito” Álvarez, pero saben que el subsecretario no tiene la última palabra sobre cuánto podrá ceder la Casa Rosada. “Estamos trabajando en que se pueda estirar el presupuesto, pero hasta que no me lo diga Caputo Santiaguito no le creo a nadie nada”, dijo a elDiarioAR un encumbrado negociador por parte de las universidades. 

La reaparición de la carta Caputo demuestra de qué manera el Gobierno está abroquelado en el “triángulo de hierro”, que además del asesor conforman el Presidente y su hermana, Karina. El problema es que la estrategia del asesor choca con otros intereses, como quedó demostrado el miércoles cuando Martín Menem tuvo que dar de baja de manera sorpresiva un “importante anuncio” sobre el presupuesto.

La idea del oficialismo era anunciar a las 17.30 que se iban a aumentar los fondos para las universidades a costa de reasignar partidas que eran para las provincias. Entre las dos horas que pasaron desde las 15.10 –cuando en los WhatsApp de los acreditados en Diputados llegó el aviso de la conferencia de prensa– y las 17.21 –cuando se confirmó la suspensión–, hubo un choque de planetas en el universo mileísta. En Casa Rosada se molestó Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, por el destrato que iba a haber hacia las provincias. Y en el Congreso estalló el enojo del PRO –tanto del ala macrista como de los bullrichistas– porque no habían sido notificados de antemano de la jugada de Menem. Curiosamente ni el lunes ni el martes hubo reunión de la mesa política que encabeza Francos con los aliados amarillos.

En esa misma ventana de tiempo fue eyectada del cargo de la Cancillería Diana Mondino, lo que complicó aún más los planes de Caputo para jugar su carta de propagandista mileísta de mostrar que se gana perdiendo. Es decir, ceder al reclamo universitario pero darle una estocada a la “casta” de gobernadores. “Algún vivo quería poner más guita en universidades y sacársela a los gobernadores”, analizó un interlocutor con el Gobierno, que planteó que el oficialismo quería armar una nueva dicotomía: rectores versus gobernadores. 

Pettovello, con Torrendell a su derecha y Moriñigo a su izquierda, en mayo pasado.

Según el texto del proyecto, las transferencias automáticas de la Nación a las provincias alcanzarían en 2025 unos $57 billones, en tanto las no automáticas serían del orden de los $3,6 billones. Una jugosa friolera para financiar la educación pública, pero perjudicando la salud financiera de las jurisdicciones, que a su vez se tienen que hacer cargo de la educación, seguridad y salud provincial.

Otra de las alternativas que se ideó en la factoría Caputo fue eliminar las PASO y sacarle financiamiento a los partidos políticos. Ahí la dicotomía iba a ser “estudiantes vs. políticos”. Pero es una partida muy exigua: unos $3.624 millones, apenas el 0,12% del presupuesto total de las universidades, según calculó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

Los opositores dialoguistas tienen un consenso de que el Gobierno reasigne partidas del Presupuesto para fondear la educación pública, pero sus líneas son distintas a las de Caputo. Ferraro, por caso, planteó que se le quite dinero a la SIDE, que en términos porcentuales se le asignó el doble del presupuesto que el actual –para las universidades el incremento comparativo es del 28%–. La agencia de espías, que dirige un nominado por Caputo como es Sergio Neiffert, pasará de $101.816 millones de este año a $197.238 millones para 2025. 

En otros espacios como el radicalismo –pero también el bloque de Pichetto, que esta semana se reunió con los rectores– plantearon que se redirigan fondos de los llamados gastos tributarios, es decir aquellos programas de beneficios impositivos. Es la torta más voluminosa: unos $27 billones, en la que la promoción económica representa una porción importante de $3,3 billones. Ahí se incluye el régimen de promoción de Tierra del Fuego, que tiene designado $1,3 mil millones en el presupuesto. Otro símbolo que parece difícil que Santiago Caputo entregue: el mandamás en la industria del sur es su otro tío, Nicky Caputo.