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SEBASTIÁN PREMICI+

El comercio exterior de cereales, soja y sus derivados en aceites está manejado en el país por un puñado de grandes sociedades, la mayoría internacionales y con accionistas que provienen del mundo financiero. El mismo escenario que se repite en todo el mundo. Lo particular en Argentina es que también se da una fuerte integración entre grandes productores y acopios que trabajan en tándem con los exportadores. En 2022, ocho empresas se quedaron con el 84% de las ventas de aceites y subproductos. La misma ecuación se repite en el segmento cereales y granos de soja.

Viterra, Cargill, Molinos Agro, AGD, Bunge, Cofco, ADM y ACA, además de dominar el mercado agroexportador, poseen el peso suficiente para pulsear por el tipo de cambio que más les convenga, tal como quedó demostrado en las sucesivas aplicaciones del dólar soja.  

En este escenario , en el que ya prima una fuerte concentración, de concretarse la fusión global entre Bunge y Viterra (ex Glencore), la sociedad resultante pasaría a manejar dentro del país un 33% de las exportaciones de aceite, el 18% del mercado de granos de soja y el 19% de la comercialización internacional de cereales. Estos cálculos surgen con la información desagregada del ranking que difunde anualmente la cartera de Agricultura. También cuentan con siembra propia y capacidad de almacenaje. Son dueños de los granos, de los silos y parte del comercio exterior.

La operación ya está bajo la mira de la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia. El organismo ya realizó un análisis sobre Viterra y su peso específico en el mercado de la soja, como parte de un expediente vinculado al vaciamiento de Vicentin. Detrás de esta fusión societaria, como así también en el caso Vicentin, surge un denominador común, que, si bien actúa en silencio, su presencia no puede soslayarse: el fondo de inversiones BlackRock.

Verticalidad

En el país existen 57.780 productores de soja, pero solamente el 10% de ellos concentra el 56% de la producción, según el informe “Soja, el yuyo maldito”, elaborado por el Centro de Estudios Agrarios (CEA). También existe una concentración en las empresas con capacidad de acopio y exportaciones.

En 2022, Viterra ocupó el primer puesto en las exportaciones de aceites, con 7,3 millones de toneladas comercializadas, mientras que Bunge movió 2,8 millones (puesto 6). En el segmento de granos de soja, la norteamericana ocupó el cuarto lugar y Viterra el sexto. En la categoría cereales, Bunge aparece cuarta con la venta de 5,7 millones de toneladas y Viterra, en el séptimo lugar.

En total, movieron 20,8 millones de toneladas. De cerrarse la fusión, pasarán a manejar el 24% de las principales exportaciones agropecuarias. Pero no solo eso. Bunge posee una capacidad de acopio de 3 millones de toneladas por año, mientras que Viterra lo hace con 4 millones, según el informe del CEA. A su vez, esta sociedad posee el 50% de las acciones del grupo Lartirigoyen, con una capacidad de acopio de 2,6 millones de toneladas y la siembra de 150.000 hectáreas.

En septiembre del año pasado, había 27 millones de toneladas de soja sin vender, casi el 50% de la cosecha del 2022, guardas en silos bolsas. Ni los grandes productores ni los exportadores movieron un solo grano hasta que el Gobierno, urgido por la escasez de reservas, les entregó un tipo de cambio diferencial. Ahí radica el poder de fuego de las grandes cerealeras.

Las negociones por el dólar soja fueron entre Massa y los representantes de la CIARA CEC, la cámara que nuclea a las exportadoras. De concretarse la fusión entre Bunge y Viterra, la empresa resultante tendrá presencia en todos los segmentos del mercado, las exportaciones, el almacenaje y con un pie fuerte en la siembra. Demasiado poder de fuego concentrado en una sola mano.

¿Objeción?

Según informó el directorio de Bunge, los accionistas de Viterra deberán recibir por esta fusión cerca de 65,6 millones de acciones de la sociedad norteamericana, con un valor aproximado de 6200 millones de dólares, además de otros 2000 millones en efectivo. Como parte de la transacción, Bunge asumirá la enorme deuda de la ex Glencore, valuada en 9800 millones de dólares, la cual está asociada a unos 9000 millones de obligaciones negociables. En 2012, Glencore había puesto 4500 millones para quedarse con Viterra.

“El último balance anual de Viterra dice que el patrimonio societario alcanzó los 23.528 millones de dólares en 2022 pero la operación por fusión se concretaría por 8200 millones de dólares. Esto me hace pensar que se reservan 15.328 millones para pagar otras cosas, como por ejemplo la deuda por las obligaciones negociables, los pasivos financieros. Hay cosas que a simple vista no cierran. Habrá que esperar a que se informe la operación en la SEC (el regulador de sociedades de EE.UU)”, analizó Sergio Arelovich, integrante del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, cuyo titular es Rodrigo Luchinsky, todavía no recibió ningún expediente por esta fusión aunque su directorio ya puso el ojo en la operación. “Se abrirá una investigación sobre el proceso de compra venta, y ahí se tendrá en cuenta no solo la cuestión económica sino también temas vinculados a la soberanía del país, los puestos de trabajo involucrados, es decir, un abordaje heterodoxo”, explicaron a El Destape desde la CNDC.

La CNDC ya analizó parte del negocio integral de Viterra en relación a la adquisición de la principal procesadora de granos para aceites del país, la empresa Renova, que hasta el 2019 era el principal activo de Vicentin. Probablemente, dicha operación sea objetada aunque el expediente no pudo moverse ya que existe una orden judicial de no innovar en el marco el concurso de acreedores de la sociedad que dejó colgados a miles de productores y al Estado nacional.

Más allá de que las operaciones puedan objetarse, los controles son ex post, es decir a posterior de que haya ocurrido la fusión, con lo cual le quita poder de acción a los instrumentos vinculados a la defensa de la competencia.

Desde este organismo indicaron que se intentó modificar esta limitación para que los análisis y posibles objeciones fuesen realizados en el mismo momento en que se concreta una operación comercial de estas magnitudes. Se propuso hacerlo por DNU. Desde el Poder Ejecutivo se optó por dejar las cosas como estaban.  

Una roca en el camino

Durante los primeros días de mayo de este año, el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos de la ciudad de Rosario, Miguel Moreno, acusó a los directivos de Vicentin de conformar una asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel. Una de las maniobras que se investigan tiene que ver con la transferencia de Renova al Grupo Glencore, en los días previos a que se declare en quiebra.

En 2019, a pocos días de que finalizara el gobierno de Mauricio Macri, Glencore se quedó con el 66,7 por ciento de las acciones de la principal procesadora de granos del país. Dentro del expediente que investiga Moreno, como así también dentro de una segunda causa radicada en el juzgado federal de Reconquista centrada en el posible delito de lavado de activos, los ojos están puestos en la operación financiera vinculada a la venta de Renova.

Uno de los principales financistas de Glencore es, justamente, el fondo BlackRock, que posee el 7,97% de las acciones dentro de la suiza. Según consta en la pericia forense realizada sobre los balances de Vicentin en el marco del concurso de acreedores, parte del dinero que se pagó por Renova –122 millones de dólares– quedó retenido en el banco holandés Rabobank, socio de BlackRock desde 2013.

Las sumas de dinero adeudadas por Vicentin a Rabobank, según figura en el concurso de acreedores, ascendían a los 23,6 millones de dólares. Uno de los últimos desembolsos del banco holandés tuvo como destino Glencore, transferencia solicitada por Vicentin Paraguay, según constató el fiscal Moreno.

En el momento en que Vicentin se fue a la quiebra, y el entramado de sociedades vinculadas empezó a quedar expuesto, el grupo Glencore se instaló en Paraguay para reemplazar a la concursada. Y en 2020, decidió modificar su nombre societario por Viterra, empresa que había comprado en 2012 y que luego de once años, decide desprenderse.

El que queda es BlackRock. Este fondo también cuenta con una pata en Bunge, con el 8,5% de sus acciones. Por ende, con la fusión en danza seguirá orbitando en el negocio agroexportador de la Argentina.

Pulseada

Según los datos de la cartera de Agricultura, en mayo de este año, las existencias de soja en poder de los acopios y plantas industriales –es decir, granos ya vendidos por los productores – ascendía a las 8 millones de toneladas. Y para junio, 11 millones de toneladas. Es decir, la tienen guardada sin comercializar. ¿Esperan un nuevo incentivo devaluatorio para vender?

Dos de los grandes ganadores del dólar soja en todas sus versiones fueron Bunge y Viterra. De acuerdo a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, la ex Glencore declaró exportaciones por todo concepto por 3,7 millones de toneladas al 12 de junio, de los cuales 2,6 millones correspondieron al último dólar soja y agro. Por su parte, Bunge declaró ventas por 1,1 millones de toneladas, de las cuales 912.865 correspondieron al último beneficio otorgado por Economía.

Si la fusión prospera tal como fuera informada por sus protagonistas, en Argentina pasarán a tener el 24% del mercado, sumado a su capacidad de almacenamiento y siembra. Es decir, una mayor musculatura para condicionar la política cambiaria del gobierno que sea.