Una reducción del 5% de las retenciones que se aplican al tabaco es lo que solicitaron en un proyecto los senadores nacionales salteños Juan Carlos Romero y Sonia Margarita Escudero. Actualmente, a la producción se le impone una alícuota del 10%.

La iniciativa plantea la necesidad de corregir una resolución del Ministerio de Economía de 2002, “cuya incorrecta aplicación da lugar a serios perjuicios a la industria tabacalera argentina, lo que perjudica las economías regionales y repercute en el empleo y en la recaudación de las provincias productoras”.

Los legisladores Romero y Escudero hacen referencia a la resolución 11/2002 que dispuso aplicar una alícuota del 10% a la exportación de materias primas y una del 5 % a la exportación de productos con algún grado de manufactura.

“Varios productos tabacaleros cuya producción importa necesariamente la sujeción de la materia prima a procesos de tipo industrial han quedado erróneamente incluidos dentro del primer grupo y por ende sus exportaciones fueron gravadas con una alícuota del 10%, a pesar de que la mercadería exportada incluye necesariamente un grado de industrialización previo”, explicó la senadora Escudero.

En el papel se destaca que el proceso industrial del tabaco se inicia en la misma finca del productor, luego de haber generado una alta ocupación de mano de obra en las etapas de preparación de suelos, sembrado, cultivo y cosecha. Las tareas de acondicionamiento previas a la entrega obligan a un proceso de secado, que exige contar con una infraestructura de alta tecnología y calificación humana, lo que configura un grado de preindustrialización en el país.

“El tabaco procesado y acondicionado para su utilización en la fabricación de cigarrillos debe ser considerado como un insumo o producto industrializado. En consecuencia planteó la senadora Escudero- la exportación de estos productos debería estar sujeta al pago de un derecho de exportación del 5%, y no del 10%, como tiene en la actualidad”, coincidieron. Los senadores solicitaron con esos argumentos la revisión de la normativa impositiva vigente para corregir la distorsión.