De Luca solicitó que se haga lugar a los recursos de Casación presentados por la fiscal Sabrina Namer y por la Oficina Anticorrupción, que actuaron en el juicio, y que se anule la sentencia que absolvió, entre otros, al ex presidente Fernando de la Rúa. 

También fueron beneficiados por la sentencia el ex titular de la Side, Fernando de Santibañes, el ex ministro de trabajo, Alberto Flamarique y los ex senadores nacionales Augusto Alasino (ex senador por Entre Ríos), Alberto Tell y Remo Costanzo, asi como el "arrepentido" Mario Luis Pontaquarto. 

Luego del debate oral, en que la fiscalía y la querella consideraron que la maniobra había sido acreditada, el TOF3 absolvió a todos los imputados aceptando la hipótesis de De la Rúa y los demás acusados de que la denuncia del pago de coimas para sancionar la flexibilización laboral en el año 2000 fue parte de "un complot político de la oposición".

Según consignó Télam, De Luca entendió que los jueces realizaron un "examen parcializado de la prueba", y que su método de valoración se limitó a "lanzar diatribas y adjetivos descalificadores contra la labor de todos los demás magistrados que intervinieron en la causa en etapas anteriores". 

Además defendió las "opiniones fundadas de la fiscal que intervino en el juicio" y sostuvo que, más allá de algunos "cabos sueltos" y de "circunstancias que no hacen al nudo de la cuestión", el tribunal desecho "cientos de indicios graves, precisos y concordantes". 

También consideró que el TOF3 desechó "pruebas directas como la confesión de Pontaquarto, la existencia de una abultada suma de dinero infrecuente en la SIDE, su falta de registración consistente, las constancias de la ruta del dinero de las coimas, y las declaraciones incorporadas por lectura de Costalonga, ex esposa de Pontaquarto". 

En diciembre último, a trece años de las denuncias, el Tribunal Oral Federal 3 absolvió al ex presidente De la Rúa, y a los restantes acusados Tribunal Oral Federal 3 al cbao de un años y tres meses de juicio. 

Además de las absoluciones, el tribunal ordenó investigar al juez federal Daniel Rafecas, quien realizó la investigación y mando a juicio oral a los acusados.