Sin la colaboración de los bloques opositores para alcanzar el quórum o aprobar la ley, el oficialismo intentará hoy en la Cámara de Diputados sancionar la reglamentación del mecanismo de per saltum que habilita a la Corte Suprema a intervenir en causas que todavía se encuentren en instancias judiciales previas. Ningún sector de la oposición apoya la iniciativa, que –según admitió el propio kirchnerismo– fue puesta en debate con la mira en la resolución de la causa iniciada por el Grupo Clarín para discutir algunos artículos de la Ley de Medios.

El bloque que comanda Agustín Rossi, sin embargo, no espera mayores inconvenientes para convertir el proyecto en ley. Con quórum propio y sin necesidad de una mayoría especial para sancionar la iniciativa, ni siquiera la disidencia de algunos de los integrantes de la bancada, como el riojano Jorge Yoma, alteran los nervios oficialistas.

De todas formas, para garantizarse que la discusión gire exclusivamente sobre los temas que interesan al Gobierno, el bloque kirchnerista pidió una sesión especial. Además del per saltum, la Cámara insistiría por unanimidad con el proyecto original para penar el femicidio, al que el Senado le introdujo modificaciones que los diputados rechazan.

“Es el último manotazo. La sanción de esa ley de per saltum para que el Gobierno lleve el tema Clarín a la Corte, a ver si se lo arregla, la verdad, es una vergüenza, nunca se vio esto desde la recuperación democrática”, se quejó en las últimas horas el titular del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra. Por el Frente Amplio Progresista (FAP), Gerardo Milman coincidió: “Es un camino de apriete a la Justicia para que se arrodille a los designios del Poder Ejecutivo”.

Los bloques de la UCR y el FAP, además de los de la Coalición Cívica y el PRO, presentaron dictámenes de rechazo directo a la iniciativa oficialista. Solo Yoma y la peronista disidente Graciela Camaño propusieron textos alternativos.

El proyecto que se debatirá en el recinto fue presentado al Congreso hace menos de un mes por el jefe de los senadores kirchneristas, Miguel Pichetto, y reglamenta el procedimiento de per saltum y establece que ese mecanismo podrá utilizarse en causas de competencia federal que impliquen “notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria”. En apenas tres artículos, el texto incorpora dos puntos al Código Civil para habilitar este recurso extraordinario y definir que habrá gravedad institucional “en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público”.