La ley establece que las negociaciones colectivas o paritarias se instrumentarán con las comisiones negociadoras que se conformen al efecto para los empleados que presten servicios en la Administración Central, Organismos Descentralizados, Tribunal de Cuentas y entidades “en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria en la conducción y gestión”.

Por otro lado, estipula que la negociación colectiva podrá realizarse dentro del ámbito general o sectorial según la actividad de que se trate. Cada negociación, general o sectorial –precisa la ley- se integrará con una comisión negociadora, en la que serán parte los representantes del Estado empleador y de los empleados públicos, contando con la coordinación de la autoridad administrativa del trabajo.

Sólo el bloque del PJ ingresó al recinto de la Legislatura de Jujuy.

Establece además que las comisiones se integrarán por los representantes del Estado provincial y los representantes de las entidades sindicales autorizadas en los términos de la Ley de Entidades Sindicales 23.551 con personería gremial y según el ámbito de actuación personal y territorial que le fuera reconocido.

Queda fijado que la negociación colectiva será comprensiva de todas las cuestiones laborales que integran la relación de empleo, tanto las de contenido salarial como las demás condiciones de trabajo y que las tratativas salariales deberán adecuarse a las previsiones presupuestarias y financieras.

La norma obliga a las partes a negociar de buena fe, lo que implica derechos y obligaciones tales como la concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma; la realización de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas; la designación de negociadores con idoneidad y representatividad suficientes para la discusión del tema que se trata; el intercambio de la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate y la realización de los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos que “tengan en cuenta las diversas circunstancias del caso”.

En otro orden dispone que las entidades sindicales simplemente inscriptas, que tengan un ámbito de actuación personal delimitado por legislación específica y hayan participado de manera permanente y constante en las negociaciones llevadas a cabo con la Administración desde la fecha de sanción de la ley 24.185 y su adhesión provincial mediante la Ley 4.679, podrán excepcionalmente participar en las negociaciones colectivas por el plazo de un año. Durante el referido plazo deberán completar los trámites ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para el reconocimiento de personería gremial de la Ley 23.551.

La norma excluye de las paritarias al gobernador y vicegobernador; a los miembros de las fuerzas de seguridad; a los ministros del Poder Ejecutivo; fiscal de Estado, procurador general de la Provincia, los secretarios, personal de gabinete y los agentes que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados. También están excluidos las autoridades superiores de los organismos descentralizados, Tribunal de Cuentas, funcionarios designados en cargos fuera del escalafón en los organismos centralizados y en las entidades descentralizadas provinciales; magistrados y funcionarios del Poder Judicial, legisladores y funcionarios del Poder Legislativo; los intendentes, concejales y vocales de comisiones municipales.

Durante el tratamiento de la iniciativa, el diputado Daniel Almirón sostuvo que las negociaciones salariales entre el Gobierno provincial y los gremios se vinieron desarrollando en un ámbito de “desorden” y aseguró que lo que se busca con la Ley de Paritarias es “dar reglas claras” y entablar las tratativas dentro de un “marco legal y establecido”. También dijo que el proyecto fue explicado a los dirigentes de los gremios estatales durante tres reuniones y que diputados de todos los bloques tomaron parte de estas instancias.

El jefe del bloque justicialista, Javier Hinojo, criticó la ausencia de las bancadas opositoras a las que endilgó “mezquindades”, que “no aportan nada para que Jujuy cambie” y “piden paz pero no ponen la cara”. “Son incapaces de asumir la representatividad que les dio el pueblo”, acusó.

En tanto, Jorge Noceti salió al cruce de los cuestionamientos de la oposición en torno a que el proyecto bajó al recinto sin despacho de comisión, por lo que hacían falta los dos tercios del cuerpo para darle tratamiento sobre tablas. Tras recordar que en sesiones extraordinarias sólo se consideran los proyectos específicos de la convocatoria, explicó que no existe una disposición en particular sobre la cuestión y que el artículo 285 del Reglamento Interno estipula que frente a dudas en la interpretación del mismo, la Cámara deberá resolver por votación. Noceti propuso que “establezcamos que la Cámara está resolviendo los temas sin despacho ni mociones sobre tablas”.

Los diputados enrolados dentro del “rivarolismo”, que se habían negado a aprobar el proyecto tal como lo giró el Ejecutivo, no hablaron durante la sesión y se limitaron a votar en forma favorable los dieciocho artículos de la iniciativa. Sólo una parte de los cambios que habían solicitado fueron aceptados, sostuvo ante una consulta de El Libertario el principal vocero del grupo, Marcelo Llanos, quien ratificó sus reparos a que la Legislatura trate a libro cerrado los proyectos que manda la Casa de Gobierno.

El Radicalismo y sus socios del Frente Primero Jujuy no se presentaron en el recinto, al igual que Unidos y Organizados e Isolda Calsina de LyDER. En declaraciones a Canal 2, la diputada Milagro Sala recordó su origen sindical y apoyó la postura de los gremios. Y aludiendo a los hombres del Gobierno, agregó: “nosotros los acompañamos hasta la puerta del cementerio, pero no vamos a entrar”.

Las modificaciones

Una de las modificaciones que el bloque justicialista introdujo en el proyecto se hizo en el polémico artículo 15, donde se estipulaba que el Poder Ejecutivo y los municipios “no podrán pagar días no trabajados como consecuencia de las medidas de acción directa”. La redacción modificada se limitó a expresar que “la retribución de los agentes del sector público se ajustará a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 3161/74”, norma que dice que para acceder a la retribución de sus servicios, los agentes deben haber prestado servicios.

También se reformó el artículo 16, excluyendo a la educación de entre los servicios públicos esenciales que deben estar garantizados en caso de huelga, y se dejaron los derechos “a la vida, la salud, la justicia, el transporte, la libertad y la seguridad de las personas”.

En otro artículo, donde originalmente se establecía un plazo de seis meses prorrogables por igual término para que los sindicatos obtengan la personería gremial, se amplió a un año.