El Poder Ejecutivo entrerriano, en estos últimos cinco años, creó seis sociedades. Dos de ellas fueron para recuperar firmas vinculadas al sector productivo que atravesaban una fuerte crisis; también creó un fondo de garantías; una sociedad para llevar adelante un mercado concentrador en Paraná; otra, destinada a la compra y venta de tierras; y una última que generó tal polémica que el Ejecutivo debió dar marcha atrás y derogarla. Al crearlas también destinó fuertes sumas de dinero para capitalizarlas, pero aún no se conocen los resultados que arrojaron estas empresas. 

Las dos primeras fueron establecidas por las leyes 9.967 y 10.039, por las que el Estado avanzó en la asociación con la Cooperativa Tambera Paraná (Cotapa), a fin de constituir una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal (Cotapa SAPEM); y constituir otra Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, con la finalidad de adquirir, poner en funcionamiento y explotar la planta frigorífica ex Vizental ubicada en San José (Procesadora Ganadera Entrerriana SAPEM), respectivamente. Como se sabe, el año pasado la provincia se desprendió de sus respectivas acciones en ambas firmas, que pasaron a una unión transitoria de empresas con capitales chinos, conformada por CARTIPAM S.A. y EN PREMIEUR S.A. 

A mediados de 2010, ante la crítica situación que atravesaba la firma láctea de Paraná Cotapa, el gobierno entrerriano constituyó, aval legislativo mediante, una Sociedad Anónima con mayoría estatal (el 56,37 por ciento). La ley 9.967 surgió de una iniciativa del gobernador Sergio Urribarri para reflotar la empresa que venía en crisis desde fines de 2003. El ministro de Producción, Roberto Schunk, explicó en su momento que el proceso de creación de la nueva empresa “no implicará ningún costo” para las arcas provinciales. Tras los cinco millones iniciales que el gobierno invirtió en la firma, volvieron a sucederse inyecciones de dinero, con fondos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, según se argumentó en los respectivos decretos. 

Luego, en julio de 2011, por ley 10.039, se constituyó la Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria (el 85,29 por ciento), con la finalidad de adquirir, poner en funcionamiento y explotar la planta frigorífica ex Vizental ubicada en la localidad de San José, departamento Colón, que estaba en propiedad de la firma Brasileña JBS Argentina S.A. (ex Swift), también en un contexto de crisis de la planta y del propio sector frigorífico. 

La otra sociedad conformada por el Estado entrerriano es el Fondo de Garantías de Entre Ríos – FOGAER-, bajo la forma de una Sociedad Anónima con participación Estatal Mayoritaria y que actuará en la órbita del Ministerio de Producción, con el objeto de administrar el funcionamiento del Fondo de Riesgo de Entre Ríos. Fue conformada por la ley 10.15, sancionada en julio de 2012. Por esta sociedad diputados radicales habían pedido al Ejecutivo, a través de un pedido de informes, conocer “cuántas operaciones se garantizaron” desde su creación hasta la fecha. Recientemente, el Fogaer volvió a ser noticia por la llegada a la provincia del candidato a presidente oficialista, Daniel Scioli, quien en su calidad de gobernador bonaerense firmó con su par entrerriano acuerdos para el financiamiento de Pymes entre el Fogaer y el Fondo de Garantía de Buenos Aires (Fogaba). 

DOS EN SILENCIO 

No obstante, hay dos de las sociedades creadas por el Estado entrerriano de las que poco se sabe. Una de ellas es la creada por la ley 10.206, de abril de este año, que avaló la constitución de una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria bajo el régimen de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificatorias, que se denominará “Mercado Central de Paraná – Néstor Carlos Kirchner SAPEM”, que también actuará bajo la órbita del Ministerio de Producción. De acuerdo a la norma provincial, la sociedad tendrá por objeto “proyectar, construir y administrar, por cuenta propia o por terceros o asociada a terceros, el mercado central de Paraná”. Pero, hasta la fecha, no hay novedades de avances en este proyecto que estaba previsto funcionaría en un predio de 16 hectáreas, en las inmediaciones del aeropuerto local. 

La Ley Nº 10243 autorizó al Poder Ejecutivo a constituir una Sociedad del Estado denominada “Compañía Entrerriana de Tierras” S.E., con actuación en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo objeto será “la compra y venta de bienes inmuebles para facilitar el acceso a la tierra y construcción de vivienda, realizar loteos, urbanizaciones, mejoramientos de espacio del hábitat y regularización dominial, atendiendo especialmente las necesidades de trabajadores, jóvenes, familias numerosas, desocupados y en general población con ingresos medios y bajos. Para tal fin estará facultada, entre otros, para: adquirir bienes inmuebles para destinarlos a loteos urbanos/suburbanos; realizar los loteos de urbanización y espacios de hábitat; desarrollar un sistema de inscripción para la adquisición por parte del sector especificado, a precios justos; transmitir y adjudicar el dominio a los beneficiarios; transmitir a título gratuito, de acuerdo a lo que con posterioridad se reglamente para el sector que así lo amerite”. Para constituirse, la Compañía tenía prevista una inversión inicial de cinco millones de pesos. 

El texto recibió fuertes críticas de la oposición en Diputados, que cuestionó con severidad el objeto de la ley al interpretar que ya existen organismos destinados a estas operaciones inmobiliarias, la calificó que “inconstitucional” y avisó que será “una ley nula”. 

La única novedad sobre la Compañía se conoció a mediados de diciembre de 2013, cuando se publicó en el Boletín Oficial el edicto sobre la conformación del Directorio, que está presidido por el ministro de Desarrollo Social (y actualmente también a cargo de Salud), Carlos Gustavo Ramos. Como vicepresidente se nombró al secretario de Gestión de esa cartera, Mariano Adolfo Camoirano; y como director titular a Luciano Matías Rey, quien encabeza la Secretaría de Economía Social. Los tres tendrán un primer mandato con carácter especial de tres ejercicios. 

La Compañía cuenta con una página web http://www.cetse.gob.ar/, pero no registra un movimiento interesante, sólo hay tres noticias en la sección respectiva. Además, accediendo a la cuenta de Twitter desde ese sitio se observa que no se realizó ninguna publicación y tampoco se difundió cuál fue la actividad que realizó puertas adentro. 

UNA QUE NO FUE 

Otra sociedad que fue autorizado el Ejecutivo a conformar fue Arroz del Delta Entrerriano Sociedad Anónima, convertida en la ley 10.092 en diciembre de 2011, sancionada con rapidez y duramente cuestionada por ambientalistas por el impacto que produciría en los humedales y la forma inconsulta de su sanción. La norma, derogada días después, establecía “las bases para lograr una eficiente intervención del Estado Provincial a través de la instrumentación de las políticas públicas que provean como resultado la transformación de las tierras fiscales de propiedad de la provincia de Entre Ríos, actualmente improductivas y el mejoramiento y ampliación de la capacidad instalada de los puertos”.