El dicho de que el juez habla sólo por sus fallos es parte del pasado; hoy, el Poder Judicial está obligado a explicar sus sentencias; más, cuando éstas tienen un impacto tan grande como el del caso por el secuestro de Marita Verón, afirma Alvaro Herrero.

Doctorado en Ciencias Políticas en Oxford y director de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Herrero analizó, en diálogo con LA GACETA, dos temas que se retroalimentan: la relación entre Justicia y Gobierno (ese fue su tema de tesis doctoral) y la reacción que tuvo una parte importante de la opinión pública tras el fallo judicial en el caso Verón.

Hecha la salvedad de que no conoce los pormenores del juicio en el que fueron absueltos la semana pasada los 13 acusados por la desaparición de Marita Verón, Herrero analiza por qué ese fallo ha impactado tanto en la sociedad argentina.

Por un lado, afirma, hay una cultura de opacidad y de reserva en la Justicia propia de otra era. "La Justicia muchas veces interpreta erróneamente el concepto de independencia, siente que no debe rendir cuentas a la sociedad. Pero en nuestro sistema constitucional existe el principio de publicidad de los actos de gobierno; y el Poder Judicial es el que más rezagado está en términos de rendición de cuentas, de publicidad y transparencia: no sólo deben mostrar las declaraciones juradas; están obligados a explicar sus sentencias", reflexiona.

Sin embargo, reconoce que hay una ambigüedad en las exigencias sociales y políticas para con la justicia. "Cuando la transición democrática en la Argentina, nos encontramos con burocracias estatales que no estaban ajustadas al Estado de Derecho. De repente, debíamos investigar las violaciones masivas a los derechos humanos, cometidas por el Estado, por las distintas agencias, penitenciarios, policiales, de inteligencia y cómplices civiles. Le tiramos el fardo a la Justicia, le pedimos que logre que el Estado cambie de manera drástica a cómo se comportó durante la dictadura; y por otro lado, nos frustramos cuando tampoco es capaz de lidiar con delitos mucho más sencillos".

Herrero acerca otra explicación a la "ira popular" que levantó el fallo Verón. "La gente se moviliza cuando sabe que hay estructuras delictuales complejas, que muchas veces cuentan con la connivencia del poder político. En casos como el de Marita Verón, es claro que las redes de prostitución funcionan con distintos niveles de tolerancia y protección del aparato estatal, sea de las fuerzas policiales o del poder político, nacional o provincial. Se genera un vínculo de empatía con la víctima. La primera reacción es: no logran hacer justicia. La segunda es que hay corrupción porque el poder político está metido detrás. Queda la idea de que cuando está metido el poder, la Justicia los enjuicia, pero nunca castiga a los culpables. Y hay otros casos en los que está metido el poder con los que pasa lo mismo, y que son los de corrupción. En la Argentina, en casi 30 años de democracia, no han habido casi personas condenadas por delitos de corrupción".

- ¿A qué atribuye ese resultado? - Por un lado, a una clarísima selectividad del sistema penal y de la política criminal del Estado nacional y provincial. Todo el aparato de la justicia criminal está preparado para perseguir y encarcelar pobres. Cuando aparecen delitos más complejos, como las redes de narcotráfico, de corrupción o de prostitución, el aparato de Justicia se vuelve tremendamente ineficaz, no logra perseguirlos ni condenarlos. Creo que, en alguna medida, por una cuestión cultural del Poder Judicial; los actores judiciales muchas veces no ponen el mismo esfuerzo en perseguir a un pobre que a un rico, o a un poderoso.

- El poder político no soporta la "politización" de la justicia...

- Se ve en todo el país. El poder político se resiste a que el Poder Judicial haga un control de los actos de gobierno y que se involucre en discusiones de políticas públicas. No me parece mal que los jueces se involucren en discusiones de políticas públicas; su rol constitucional es por un lado controlar la legalidad de los actos de gobierno y defender los derechos de los ciudadanos; y muchas veces eso exige que se involucren en discusiones de políticas públicas, que intervengan en el proceso político.

-¿Cuándo se dio ese cambio? - En Argentina, y en el mundo, se ve en los años 80, y confluyen varios factores: 1) con las transiciones democráticas en América latina, al Poder Judicial se le pide que controle a los gobiernos democráticos, que ayude a generar una cultura de Estado de Derecho en aparatos estatales; 2) la incorporación de reformas constitucionales o de apoyo a tratados de derechos humanos en los años 90, una expansión de los derechos que pasan a tener rango constitucional y que pueden ser exigibles judicialmente; 3) una sociedad mucho más activa, que genera procesos de movilización legal, que diseña estrategias para exigir en sede judicial. Y hay otro factor: cuando el Gobierno controla las dos Cámaras y tiene la capacidad de castigar a los jueces que fallan en contra del gobierno, aparece también el fenómeno de la judicialización. Cuando Alperovich, o quien sea, controla la Legislatura y por ende la capacidad de castigar a los jueces, ellos están con un perfil más bajo; cuando el poder se atomiza, los jueces pueden actuar más activamente sin temor al castigo; sin mayoría absoluta, la posibilidad de juicio político es menor.