La causa se había iniciado a raíz de una presentación de la empresa Medio Ambiente denunciando presuntas irregularidades en el proceso de licitación del servicio de recolección de residuos de Río Grande, que finalmente fue adjudicada a la empresa Agrotécnica Fueguina.

La licitación realizada en septiembre del 2008 durante la gestión del ex intendente Jorge Martín. Y había alcanzado al contador Paulino Rossi (ex secretario de Finanzas); el contador José Labroca, y funcionarios que en ese momento integraron la comisión de adjudicación, como, el contador Federico Zapata, el doctor Sebastián Tesei, la ex directora de Compras, Pamela Valdivia, Carina Acevedo, ex coordinadora de Auditoría Externa; y Armando Chiamma ex coordinador de Ecología.

Pero además obligó a la participación de funcionarios públicos de diversos órdenes como los concejales (mc) Gustavo Longhi y Marisa Montero, quienes sirvieron sus declaraciones en calidad de testigos, y fueron promotores de las mayores críticas políticas contra la gestión municipal de ese entonces.

En su parte resolutiva el juez de Instrucción Eduardo Lopez sobreseyó a los mencionados por entender que no se constituyó los delitos por los que fueron imputados (defraudación a la administración pública), por lo que además se rechazaron los requerimientos de instrucción formulados por la Fiscalía y la Querella representada por el abogado Javier Dafonseca.