Por Leonardo Domínguez

Inmuebles para construir casas que fueron pagados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) al doble y hasta al triple de lo que pocos días antes lo habían comprado empresas constructoras. Ese es el foco principal de la causa penal que la Justicia Federal está instruyendo para investigar un plan de construcción de casas que el organismo estatal articuló en la gestión anterior. Aún no hay imputados con nombre y apellido por los presuntos sobreprecios con plata del Estado, pero fuentes judiciales aseguraron que están bajo investigación funcionarios y más de 20 propietarios de firmas privadas que participaron de tres licitaciones que se llevaron a cabo en 2014 para levantar 31 complejos habitacionales en Rawson, Chimbas y Pocito. 

Las licitaciones que despiertan sospechas son la 3, 4 y 13 del año 2014 que se hicieron en el marco del plan Techo Digno que se financia con recursos nacionales. El proceso se realizó con aporte de terreno, es decir las empresas constructoras ofrecieron los lotes para construir los barrios y el IPV se los compró a las que resultaron adjudicatarias de las obras.

De acuerdo a los datos que recogió la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que fue quien hizo la denuncia en la Fiscalía Federal de San Juan (ver página 3), las dudas están puestas, fundamentalmente, en las operaciones de los lotes. Las fuentes revelaron que una constructora pagó un terreno a 2 millones de pesos para entrar a la licitación y apenas unos días después, el organismo estatal le adjudicó las obras y se lo compró a 4 millones, o sea un 100 por ciento más. También, contaron, hay un caso de un inmueble que la empresa lo compró a 1,5 millones de pesos y el organismos estatal lo tomó a 5 millones, es decir un 233 por ciento extra.

Semejante diferencia en un lapso muy corto de tiempo, cuando las condiciones del mercado eran las mismas, desatan sospechas de sobreprecio en la Justicia Federal. Aunque no se puede descartar que las firmas constructoras hayan tenido la suerte de comprar muy barato y vender a lo que correspondía, una fuente abocada a la investigación confesó que le llama mucho la atención y que la lupa está puesta en esos casos.

La investigación apunta a los delitos de defraudación contra el Estado nacional y lavado de dinero. En los tribunales federales se preguntan cómo fue que el IPV pagó tanto y miran a funcionarios y empresarios por presuntas complicidades. Si bien todavía no han surgido nombres, los antecedentes del IPV indican que las empresas que fueron adjudicatarias en las tres licitaciones son Perfil, Borrego, Senda, Eduardo Suárez, Sigma, Senco, Panacam, Construcciones SAT, Nacusi, Cicom, Galvarini, DAZ, Construcciones Industriales, Terusi, Conicom, Scop, Mapal, Valdivieso, Diamante Giuliani, Enrique Bilbao y la UTE de SAV y Construáridos. 

Las fuentes advirtieron que también revisarán el valor que se pagó por las viviendas. Las tres licitaciones fueron por 2.231 casas que están divididas en los 31 barrios que están pendientes de entrega en Rawson, Chimbas y Pocito. A su vez, están dentro del lote de más de 3.000 que la administración giojista encaró para todo el Ggran San Juan y el departamento del Sur, que fueron sorteadas en octubre de 2015 entre las familias que están inscriptas en el IPV.

La causa salió a la luz el miércoles por un operativo que realizó la Policía Federal en el IPV por orden del juez federal Miguel Gálvez, que está subrogando en el caso en lugar de su colega Leopoldo Rago Gallo, para secuestrar documentación. La misma se refiere a las tres licitaciones, los convenios firmados con la Nación por el plan Techo Digno y a las resoluciones de adjudicación a las empresas que trabajan en los 31 barrios.

Ayer, el exgobernador José Luis Gioja habló desde Roma del tema y aseguró que “en estos 12 años hemos trabajado con absoluta conciencia... en el plan Techo Digno se fijaron precios topes y si algún empresario o funcionario de tercera o cuarta línea no cumplió con algo, es problema de ellos”. Mientras que con José Strada, exministro de Infraestructura, no fue posible comunicarse.

Por el momento no se habla de montos de la supuesta defraudación. Sólo se sabe que los contratos firmados con las 21 empresas ascienden a 996 millones de pesos y eso incluye el valor de las 2.231 casas y los lotes, sin contar las redeterminaciones de obra autorizadas hasta el momento (ver Los costos).