Luego de conocerse el procesamiento de tres directivos de la Federación de Clínicas de Río Negro y de la ex titular del Ipross por el pago de sobreprecios en medicamentos entre 2002 y 2003, el economista Agustín Argibay, quien había denunciado el posible fraude a la obra social, sostuvo que “todavía hay mucho más para investigar”.

“Ninguna autoridad pública deja que los privados se lleven 250 mil pesos por mes sin tener algún grado de participación. Acá está claro que hubo connivencia con las autoridades del Ejecutivo. Nadie del gobierno podía desconocer lo que estaba pasando”, consideró Argibay, quien estimó que es probable que la causa se haya demorado en la Justicia porque algunos de los imputados estaban directamente vinculados al partido político que gobernaba Río Negro. “Es una vergüenza que haya estado parada seis años”, acotó.

Cuando sólo restaban meses para que la investigación por supuestas maniobras para cobrar exorbitantes sobreprecios al Ipross prescribiera, el nuevo responsable del Juzgado 6 de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en General Roca, Daniel Tobares, procesó al médico cipoleño Carlos Gigena y a sus pares roquenses Roberto Bernardini y Héctor Tasat, conductores de Feclir, como así también a la ex responsable de la obra social y ex funcionaria del radicalismo, Adriana Gutiérrez.

“No sólo fueron estas personas las que participaron, hubo más gente hacia arriba y hacia los costados. Fue un acto de corrupción que demuestra que hubo un paraguas de protección del poder”, argumentó Argibay.

Cuasi fantasmas

La denuncia fue por una triangulación en la que Ipross contrata a Feclir para que esta entidad le suministre las prestaciones, adquiriéndolas de privados, que fueron "Droguería Eleón" para medicamentos oncológicos y "Corporación Atlantis" para prótesis. “Empresas cuasi fantasmas”, señala el fallo de la Justicia.

“La contadora que dispuso la Justicia se acercó hasta la oficina de una de las compañías y era una pieza donde no había nada, es increíble”, contó el economista cipoleño.

"Sanción social"

Según Argibay, más allá de los nombres involucrados en la presunta estafa a la obra social y al Estado, “lo importante es que el procesamiento implica una sanción social, porque hay elementos para enjuiciar por corrupción; que la sociedad vea que se sancionan los hechos de corrupción”.

Además, cuestionó duramente que el posible fraude se haya realizado con la salud pública. “Robar en cualquier ámbito es muy grave, pero cuando se lo hace con la salud de la gente, es imperdonable”, criticó.

En este contexto, Argibay destacó que hubo prótesis que no pudieron ser utilizadas por los afiliados al Ipross por su mala calidad. “Otra cosa que es tremendamente grave es que no se sabe qué tipo de medicamentos fueron los que se les suministraron a los pacientes oncológicos”, concluyó.