Delfina Torres Cabreros

“Pedimos que se revisen las sobrecargas de la deuda contraída, que nos parece algo ilógico, y Georgieva nos dijo que lo iba a llevar al Directorio para revisarlo”, contó este miércoles el presidente Alberto Fernández al salir de la reunión que mantuvo en Bali con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se trata de un reclamo que el Gobierno incluyó sin éxito en la renegociación del préstamo de $44.500 millones con el FMI, cerrado a principios de este año, pero que permanece sobre la mesa y que el kirchnerismo duro suele evocar como una causa pendiente. El exministro de economía, Martín Guzmán, lo planteó en octubre de 2021 en la cumbre de líderes del G20 que se realizó en Roma y recabó apoyo de mandatarios y figuras del mundo académico en distintos foros internacionales, pero se retiró de la gestión sin haber visto una alteración efectiva en los papeles. 

Alberto Fernández, secundado ahora por Sergio Massa, sumó ahora un argumento: el costo de la guerra. A los efectos de la pandemia –ya presentes en la negociación inicial–, agregó los US$5.000 millones que la Argentina perdió por pagar más cara la energía, los alimentos y los fertilizantes producto del nuevo contexto internacional.  

El mandatario jugó también la carta humanitaria: las sobretasas afectan tanto a la Argentina como a Ucrania, un país que merece la solidaridad de los países occidentales, pero es castigado por el financiamiento que necesita para sobrellevar los efectos de una guerra.  

Los sobrecargos son los “intereses extra” que le cobra el FMI a los países que toman un préstamo por encima de lo que el estatuto del organismo le habilita en función de su capacidad económica. Según se precisa en las normas internas del FMI, la tasa de los préstamos se compone de tres elementos. 

Alberto Fernández se reunió con Kristalina Georgieva en Indonesia. Presidencia

Por un lado, la tasa básica, que toma como referencia la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y de otros países cuyas monedas integran la canasta del FMI. Sobre ese elemento –que es dinámico y que se disparó este año por la coyuntura financiera internacional– se suman las sobretasas. Se paga un 2% extra si el monto del crédito pendiente supera el 187,5% de la cuota que tiene el país dentro del organismo. Además, si el crédito se mantiene por encima de ese porcentaje de la cuota por más de tres años, esta sobretasa se eleva otro 1%. La Argentina cumple con todos los puntos: obtuvo un crédito por más del 1.000% de su cuota, que tiene previsto pagar hasta 2034. 

“Estos sobrecargos buscan evitar que al país le ingrese dinero y lo utilice para pagar otros préstamos en lugar de al FMI. Además, es una de las principales fuentes de financiamientos del Fondo, de su estructura burocrática”, explica a elDiarioAR Mara Pedrazzoli, economista del Centro Cultural de la Cooperación (CCC).

Según detalla, por el aumento de las tasas de referencia en los principales países del mundo los intereses de la deuda que la Argentina debe pagar se abultaron mucho en el último período. “Antes teníamos un sobrecargo de 3% sobre una tasa básica de 1,25%. Hoy esa tasa básica está más o menos en el mismo nivel que los sobrecargos”, precisó. 

Un punto clave es que las cuotas de los países en el FMI están muy atrasadas con respecto al crecimiento del producto de algunos países y de sus necesidades financieras, lo que termina generando sobrecargos para algunos miembros. Pero reestructurarlas es una negociación árida al interior del organismo. Los países de mayor poder, concentrados en el G7, son renuentes a perder poder relativo dentro de la estructura. 

La última modificación de las cuotas se efectivizó en 2016 (varios años después de que se acordara) y entraron entre los 10 principales miembros del FMI cuatro economías emergentes: Brasil, China, India y Rusia. Ese grupo se completa con Estados Unidos (16,66%), Japón (6,21%) y los cuatro países europeos más grandes: Alemania (5,37%), Francia (4,07%), Reino Unido (4,07%) e Italia (3,05%).

El economista Joseph Stiglitz, mentor del exministro Guzmán, es una de las voces más resonantes a favor de la eliminación de las sobretasas del FMI. En un informe reciente, señaló que el FMI estima que los países deudores pagarán más de $4.000 millones en recargos adicionales, además de los pagos de intereses y capital desde el comienzo de la crisis de Covid-19 hasta fines de 2022. 

Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en base a datos del FMI

“Como resultado de los impactos económicos sin precedentes de la pandemia de Covid-19, estas multas excesivas están presionando aún más a los países más desesperados, precisamente cuando necesitan invertir en respuesta y recuperación”, apuntó. Para el académico, tal como está definido el sistema se prevé que en el futuro los recargos aumenten “hasta el punto en que se espera que proporcionen una parte sustancial del financiamiento de las operaciones básicas del FMI”. “Es irónico que se pida a los países más pobres y desesperados que financien una de las instituciones mundiales más importantes, pero en la que su voz tiene poco peso”, denunció. 

 Actualmente 14 países están afectados por sobretasas del FMI. Según el Center for Economic and Policy Research, con sede en Washington, la Argentina gastará $3.300  millones en sobrecargos de 2018 a 2023, el equivalente a nueve veces la cantidad que tendría que gastar para vacunar completamente a todos los argentinos contra Covid-19. El estudio también señala que los recargos son aproximadamente el 45% de todo el servicio de la deuda no principal pendiente con el FMI por parte de los cinco países con mayores compromisos financieros.  

La Argentina es el principal deudor de ese organismo; su deuda representa el 29,3% del stock total de préstamos. Le sigue Egipto, con el 13,5%, y en tercer lugar Ucrania, con el 6,8%. Estos tres países explican la mitad del dinero prestado y el Gobierno de Alberto Fernández busca hacer causa común para aprovechar el contexto y forzar alguna concesión del rígido organismo que conduce Georgieva.