Los puntos principales sobre la que versa la preocupación de la legisladora tiene que ver con poder saber cuáles son los nosocomios públicos o privados asentados en la provincia de Formosa donde pueden efectuarse las internaciones como también sobre la aplicación de los protocolos que garanticen los derechos humanos de las personas destinatarias de los servicios de salud mental y si fueron dictados y difundidos por el Ministerio de desarrollo humano a los profesionales y no profesionales de la carrera sanitaria de Formosa.

Sería Importante que el Ministro nos diga si existe planeamiento a mediano o largo plazo delineado por el Ministerio, en cumplimiento de la Ley marco para la atención de la Salud Mental en lo que respecta a Presupuesto - conforme lo dispuesto en el Artículo 32° -; y la Creación de nuevos nosocomios - conforme lo dispuesto en el artículo 27°, dijo la legisladora.

Maglietti también interrogó a Décima saber sobre los motivos de las derivaciones y porcentaje de casos que no pudieron ser tratados en esta provincia, y las razones de la imposibilidad. Interesa particularmente conocer, los montos que insumen estas derivaciones y si se ha contemplado destinar esa importante masa dineraria a la adecuación o construcción de sectores propios o específicos para la atención de la Salud Mental y las Adicciones. Como asimismo la cobertura a los acompañantes, estamento ministerial que se encarga del estudio de cada caso en particular y donde los familiares del paciente derivado perciben los recursos para hacer frente a la contingencia.

La legisladora radical expresó en su escrito que interesa conocer los mecanismos, plazos y determinación de los distintos grados o niveles de cobertura que gozan los pacientes a derivar, Autoridad que lo determina y los nexos procedimentales que pudieren existir con el IASEP en relación a la problemática que rodea a la atención de la Salud Mental.

Finalmente en el escrito presentado en la víspera al funcionario de salud se le preguntó sobre los resultados del censo llevado adelante por la Autoridad Nacional de Aplicación, establecidos en el Artículo 37° de la Ley de Salud Mental, en cada uno de los Centros de Atención Provinciales existentes y si está dando cumplimiento a los nuevos estándares y procedimientos que se detallan en la norma nacional para su abordaje y que conforme el Artículo 45° es de orden público.