Recientemente se dio una controversia por un informe de La Vorágine, donde manifiestan la disparidad en el acceso al agua entre los habitantes de la Calera y Coca-Cola Femsa. La empresa utiliza enormes cantidades del recurso hídrico para embotellar su agua de marca Manantial, mientras los habitantes de La Calera en momentos de racionamiento se vieron en circunstancias muy difíciles durante el Fenómeno del Niño. La polémica es evidente: que se le esté dando prioridad al agua de una empresa multinacional mientras los habitantes se están quedando sin ella.

Como siempre en estos mundos de posverdad y desinformación, primero vino la ola de indignados a criticar al alcalde Galán por haber permitido esto, aduciendo que los bogotanos tuvieron que racionar su agua para que Coca Cola mantuviera su operación. Ahora bien, el distrito de Bogotá no tiene jurisdicción sobre La Calera y el manantial del cual Coca Cola extrae su agua, no desemboca en ningún embalse que nutre a la ciudad (el embalse de San Rafael comparte desembocadura con el río Teusacá, pero finalmente no se encuentra con la quebrada usada por Coca Cola). Algunos alegan que el alcalde Galán es miembro del consejo directivo de la CAR y por lo tanto tiene un rango de incidencia, pero esa conexión es más forzada. Este escándalo nos invita, nuevamente, a reflexionar sobre cómo podemos caer en narrativas ideologizadas que buscan desprestigiar.

Aún así, sí hubo enormes racionamientos en el municipio mientras Coca Cola Femsa tenía vía libre para continuar extrayendo. ¿Quién debería tener la primicia sobre el recurso? La ley es clara en que debe ser la gente en un principio. 

Lo que más atrae mi atención de este acontecimiento es que vaticina un conflicto que será cada vez más relevante en tiempos de desequilibrio climático y crisis ecológica: la disponibilidad de recursos naturales y quiénes deben tener acceso a éstos. La resolución de los conflictos ambientales siempre deben comprenderse de manera holística y atendiendo a todos los grupos de interés. Por un lado estarán quienes defiendan a la empresa privada como motor de empleo y desarrollo, así como los potenciales productos de primera necesidad que puedan estar supliendo mediante sus actividades que requieran de los servicios de provisión de la naturaleza. Por el otro, quienes defiendan el derecho fundamental de las personas a resolver sus necesidades básicas, en este caso, el agua. Con toda seguridad las grandes empresas ya están incorporando estos riesgos en su proceso de toma de decisiones, buscando lugares de extracción donde puedan minimizar sus riesgos naturales, reputacionales y políticos.

Es importante estructurar métodos para discernir sobre las posibles consecuencias de distribuir los recursos naturales escasos de determinadas maneras. Las prioridades deben ser mantener suficientes recursos para las generaciones venideras y distribuir lo que se extrae de manera equitativa, para que todos podamos acceder a nuestras necesidades básicas. Habrán circunstancias donde la empresa privada, si es vigilada con atención, podrá cumplir éste rol. Hoy es el sector privado quien provee muchos de los servicios elementales para nuestro bienestar, por lo que es importante diseccionar cuál es el uso que se le da a los recursos, a qué población está beneficiando, cuáles son sus potenciales sustitutos y un largo etcétera que llega a la conclusión de que debemos buscar alejarnos de soluciones simplistas y cuadriculadas. Tampoco podemos olvidar que los procesos productivos y la cultura de consumo masivo deben cambiar fundamentalmente para asegurar un planeta vivible. Que la búsqueda de consensos no nos haga perder la visión sistémica que necesitamos con urgencia.