La Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, tendrá en sus manos el análisis de la voluminosa causa por los denominados "sobornos en el Senado". Una vez cumplidos los pasos de la apelación interpuesta el miércoles pasado por la fiscalía y por la Oficina Anticorrupción (OA) ante la sentencia absolutoria dictada el pasado 23 de diciembre, comenzará a desandar un complejo expediente judicial atravesado por la política. El TOF 3 y la fiscalía que encabeza Sabrina Namer expresaron posturas diametralmente opuestas sobre lo que sucedió en el gobierno de la Alianza. Al final del camino, será Casación la que decida si el hecho que conmocionó la vida institucional del país siquiera existió.

Fue la causa judicial con mayores consecuencias políticas desde el regreso de la democracia. Motivó la renuncia de un vicepresidente y fue el punto de inflexión en la espiral descendente de la Alianza como proyecto político. Pero para el TOF 3 nada de esto existió y quedó en evidencia en el juicio.

La aprobación en el Senado de la Ley de Reforma Laboral el 26 de abril de 2000, propuesta para acentuar la flexibilización del empleo, quedó inmediatamente teñida de sospechas. Una denuncia que comenzó como un rumor plasmado periodísticamente cobró vigor y se transformó en una crisis de credibilidad del gobierno que llevó, el 6 de octubre de ese año, a la renuncia de Carlos "Chacho" Álvarez ante la presunción de que se utilizó la "Banelco" para pagar sobornos a legisladores peronistas para garantizar la votación de la norma.

Durante tres años poca evidencia judicial pudo acumularse hasta la llegada, en diciembre de 2003, del "arrepentido" ex secretario parlamentario Mario Alberto Pontaquarto, que se autoincriminó y aseguró que fue él quien trasladó dinero desde la ex Secretaría de Inteligencia del Estado, destinado a comprar voluntades en el Senado. Su testimonio fue el eje de la acusación que en 2009 tuvo con procesamiento confirmado a De la Rúa, a Pontaquarto, al ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes, al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, y a seis senadores.

Pero el 23 de diciembre de 2013, luego de un año y medio de juicio oral, 350 testigos –incluyendo a toda la Cámara de Senadores de entonces–, pericias y demás evidencia desplegada en las audiencias, el TOF 3 no sólo consideró que el hecho no pudo probarse, sino que jamás existió. Y cargó muy duro contra el quinto juez que intervino y que instruyó el tramo final de la causa, Daniel Rafecas, y contra todos los que apuntalaron la acusación. La OA deberá pagar todos los gastos judiciales y a Pontaquarto lo quitaron del Programa de Protección de Testigos por "mentiroso".

Actuales gobernadores, entonces legisladores, todo el arco político y sindical asistieron. Incluso Cristina Fernández tuvo que declarar por escrito como testigo. Para la fiscal Namer, el tribunal intentó descalificar testimonios decisivos, con lo que arribaron a una sentencia "arbitraria e infundada", tras desestimar pruebas y "sembrar sospechas acerca de su origen".

NO EXISTIÓ. Para el TOF 3 no existió la reunión en la Casa Rosada en la que supuestamente se acordó el pago de un soborno. Tampoco un encuentro el 18 de abril de 2000 entre De Santibañes y Pontaquarto en el que arreglaron el horario de entrega del dinero. Menos aun que haya visitado la SIDE para retirar 5 millones de pesos. Para los jueces, tampoco los llevó a su casa entre el 19 y el 26 de abril, ni los trasladó a una habitación del Hotel Howard Johnson para retirarlos luego de la sesión con el objetivo de llevarlos por la noche a la casa del senador Emilio Cantarero. La auditoría sobre los balances de la central de inteligencia no arrojó un faltante de dinero similar. "La prueba producida en el debate no sólo echa por tierra el relato de Pontaquarto, sino también las esforzadas versiones construidas por los acusadores", sostuvieron los jueces en los fundamentos de más de 2600 carillas, dedicadas en gran parte a cuestionar al juez, a la fiscalía, a la Oficina Anticorrupción y al ex fiscal de Investigaciones administrativas, y actual diputado, Manuel Garrido. Para Namer, se buscó "demonizar" los testimonios que apuntalaron la acusación y se evitó realizar careos que conducían a saber si se adulteró una planilla que daba cuenta de la salida de fondos de la ex SIDE. Agregó que tampoco se atendió a la prueba de la ubicación de los celulares de los protagonistas al ocurrir los hechos.

DEFENSA. Desde el entorno del juez Rafecas sostuvieron que "la instrucción se llevó a cabo conforme a la ley procesal vigente, en forma transparente y a la vista de nueve defensas, tres acusadores y varias ONG, y con el permanente aval de la Cámara Federal que confirmó las decisiones en 26 oportunidades". Allegados al magistrado, sostuvieron que "hay una frontal discrepancia con cómo interpretar la prueba, especialmente el arrepentido y la prueba telefónica, y sacando del juicio oral a Silvana Costalonga (ex esposa de Pontaquarto que ratificaba sus dichos)". También pusieron en tela de juicio la "actitud" de los camaristas. "El TOF hizo propios los planteos de las defensas, incluyendo los más delirantes y paranoicos que ya habían sido desechados", agregaron.

CÓNYUGE. Costalonga no fue convocada al juicio. Para el tribunal, la prueba que podía aportar estaba viciada en la instrucción. La forma en la que se recolectó "demuestra el interés del juez Rafecas y del imputado en sostener los dichos de la cónyuge de este". Para el TOF 3, "Costalonga fue manipulada por su marido, por el Dr. Garrido, entonces fiscal de Investigaciones administrativas, y por el juez Rafecas, ante la pasividad del fiscal Federico Delgado". En cambio, Namer sostiene que su testimonio era decisivo para verificar que el valijero sí trasladó el dinero.

DATOS CAMBIADOS. Explícitamente, el tribunal afirmó que fue cambiada la cantidad de personas que formaron parte de la reunión clave en la Casa Rosada, incluyendo un edecán que ese día no prestó labor. Que declararon distintos horarios de la reunión con De Santibañes, a lo que se sumó un cambio de piso para el retiro del dinero. Que no se tuvo en cuenta que esa cantidad pesaría alrededor de 50 kilos. Pero lo más relevante es que no se tiene siquiera constancia del ingreso de Pontaquarto al edificio el 18 de abril, requisito que había ordenado la Cámara Federal al instruir un peritaje. Rafecas desistió de hacerlo cuando le confirmaron que los datos podrían haber sido modificados.

"La forma en que procedió del juez Rafecas (...) patentiza su parcialidad y falta de ecuanimidad en la investigación de los hechos, quedando en evidencia sus objetivos preordenados, a cuyo fin cercenó a lo largo de esa etapa el adecuado ejercicio del derecho de defensa", fustigaron. "Se modificó la versión del propio Pontaquarto cuando ella era contradicha por la prueba", subrayaron como una de las máximas irregularidades, a pesar de que calificaron de "fantasía" su relato. Cuatro minutos fue el tiempo en el que se supone que Pontaquarto retiró el dinero de la SIDE, algo que tampoco convenció al tribunal. Su reconocimiento del despacho del ex jefe de la SIDE también tuvo contradicciones, lo mismo que el hecho de que ninguno de los empleados de la central no lo hayan visto pasar. Para la fiscalía, el solo hecho de que algunos datos de los lugares que dijo haber recorrido coincidan con la realidad, da cuenta de que el "arrepentido" participó.

Testimonios, indicios, elementos de prueba y documentos han tenido la misma disparidad entre la parte acusadora y los jueces. Pedidos de investigación por falso testimonio y por faltas éticas a abogados que intervinieron en el expediente también fueron parte del contrapunto. El TOF 3 reclamó "prueba directa" de los sobornos. La fiscalía replicó que el estándar fijado atentó contra la posibilidad de valorar los indicios de lo que para los acusadores ocurrió.

FINAL. La apelación y todo el proceso por delante no auguran una definición pronta. Casación estará llamada a echar luz en una causa enmarañada para determinar si todo el proceso constituyó una pantomima del sistema judicial, que estiró al máximo su capacidad de daño y concluyó en una nueva decepción sobre el accionar de la justicia, o si en realidad este caso fue el hecho de corrupción más escandaloso de comienzos del siglo XXI en la Argentina. «