La ley del aborto sigue en debate en el Senado pero si resulta sancionada el 8 de agosto en algunas provincias y obras sociales ya imaginan muy difícil su implementación.

Es que el artículo 16 incluye la práctica en el Plan Médico Obligatorio (PMO), o sea, obliga al sistema público de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga a incluirlo entre sus prestaciones.

Una vez reglamentada deberán montar la infraestructura necesaria para implementar la ley y no exponer a los médicos a sufrir hasta 3 años de prisión por no recibir un paciente, como indica el artículo 2.

Y en el 13 se responsabiliza a las instituciones médicas por demorar una intervención, que tiene plazos para cumplirse. "No pueden imponerse requisitos de ningún tipo que retrasen el acceso a prestaciones", señala el texto.

La objeción de conciencia complicaría mucho más la aplicación de la ley, porque serían necesarias derivaciones en tiempo récord, una logística difícil de imaginar en el sistema público.

Es por eso que gobernadores, sindicatos y empresas de medicina prepaga ya alertan que si la ley es sancionada y reglamentada no será fácil cumplirla en el corto plazo, mientras crece el interrogante de cual será el costo final de atender esa demanda.

En las audiencias en el Senado el único que se animó a ponerle un número fue el urólogo Fernando Secin, que previó un costo de 1600 millones de pesos y 150 mil internaciones si se habilita la interrupción del embarazo antes de la semana 14 de gestación.

Lo calculó en base a un dato que luego él mismo consideró falso: los 500 mil abortos anuales que la campaña a favor de su legalización asegura que se practican en el país.

"Juguemos con los números. Un misoprostol cuesta 3.343 pesos, 500 mil son más de 1.600 millones de pesos, 55 millones de dólares", contabilizó Secin, que perteneció al Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC) y cobró fama por atender a Robert De Niro en New York.

"Si tenemos en cuenta que el 30% de los casos termina en intervención por feto muerto y retenido, habría 150 mil internaciones. Entre 10 y 12 veces más que las del hospital Garrahan. Además, hay que hacer una ecografía en todos los casos", presagió.

Este pronóstico no es convalidado por gobernadores y directores de clínicas consultados por LPO, que subrayan que es muy complejo fijar hoy con precisión la magnitud de la demanda que recibirá el sistema. 

Con un agravante: La ley si se aprueba, se aplicará inicialmente en un contexto de fuerte ajuste del gasto. Fue la primera objeción que hizo Maurice Closs, el ex gobernador de Misiones. "Del plan Remediar está viniendo un 40% de los remedios que venían antes. Los médicos de cabecera han disminuido arriba de 150%, más cerca del 200%".

"Los programas de salud mental bajaron de cerca de cincuenta médicos a poco más de treinta. En dos años de gestión vino un millón y medio de pesos para lucha contra el dengue, cuando cada año se gastan veinte", enumeró. 

"Si está en el PMO vamos a tener que adaptarlos, pero hay que dejar claro que no será de un día para el otro", agregó a LPO el funcionario de una de las provincias más importantes, quien señaló que es imposible predecir la demanda y sus costos.

"Lo que está claro es que va a demandar un tiempo para adecuar la infraestructura en todo nuestro territorio, donde no todos los hospitales tienen el equipo y los profesionales para realizar un aborto", agregó la fuente.

Además de las mujeres que se acerquen a pedir que les practiquen un aborto, tanto en el sistema público como el privado están previendo el impacto de aquellas que consuman misoprostol y luego enfrenten complicaciones.

Lo explicó en las audiencia del Senado, Marina del Pilar Villagra, médica de Catamarca. "Los riesgos del misoprostol, cuando está controlado su uso por un equipo de salud, disminuyen mucho. Actualmente hay mujeres que lo usan solas y sin contención del sistema de salud, ahí se pueden dar complicaciones".

Los militantes de la campaña verde aseguran que los hospitales ya gastan mucho por la atención de urgencia que generan los abortos clandestinos mal resueltos, pero no hay estadísticas oficiales ni proyecciones certeras para confiar.

Nadie sabe a ciencia cierta lo que se vendría con la ley y muchos están en alerta. Cuando se aprobó en Diputados, la CGT pidió una reunión con el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, para saber cómo enfrentará a una potencial demanda de abortos. Con que recursos humanos y de infraestructura.

El encuentro se demoró, pero si la ley resulta sancionada, el debate se retomará en el proyecto para crear la agencia Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) que evite la judicialización por pedidos de prácticas médicas que no son concedidas.

Fue enviado al Senado y es un viejo reclamo de los sindicatos, molestos por fallos que obligan a las obras sociales que administran a invertir fortunas. Es un reclamo que también comparten las empresas de medicina prepaga.

"Hace años que las obras sociales y prepagas están con problemas por medicamentos costosos y no sé si soportarán una demanda excesiva de misoprostol e intervenciones", confió a LPO una diputada que militó con los celestes.