El apagón que dejó a oscuras a más de la mitad de la capital el martes último, entre las 20 y 21, volvió a encender paradójicas luces de advertencia sobre las endebles condiciones del sistema de transmisión eléctrica que opera la empresa Transnoa en la región.

Esa misma noche, el titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Armando Isasmendi, vinculó el generalizado corte con un posible acto de sabotaje, por el que apuntó contra empleados que están en huelga en la estación transformadora del barrio San José, en la zona sur de la ciudad de Salta, en reclamo de la reincorporación de cinco trabajadores que fueron despedidos, en medio de una conciliación, luego de adjudicar a la empresa incumplimientos a convenios colectivos, leyes laborales y normas de seguridad.

Ayer, en respuesta a las aseveraciones de Isasmendi, el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, Lauro Paz, sostuvo que el apagón del martes “se debió pura y exclusivamente a la falta de mantenimiento de los equipos de Transnoa y a una desinversión de años” en el sistema de transmisión eléctrica del que depende el servicio a hogares, oficinas públicas, escuelas, hospitales, comercios e industrias de la región.

Tras señalar que todas las circunstancias que desencadenan un corte de energía quedan registradas en las computadoras, Paz sostuvo que es “inaceptable que se pretenda atribuir a trabajadores un acto de sabotaje que jamás existió”.

En medio de la controversia se conocieron informes que confirman una situación más que preocupante en el sistema concesionado a Transnoa. Uno de los reveladores informes se desprendió de una inspección que hizo desarrollar la Federación nacional del sector en las estaciones transformadoras de 132 kilovoltios (kv) que funcionan en la provincia de Salta y el otro, incluso más esclarecedor, se corresponde con el último informe anual que Transnoa elevó a Cammesa, la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico del país.

Luz roja

En el reporte a Cammesa, Transnoa subrayó que su red de transporte recayó en “un estado de criticidad por demás alarmante”, porque “la ejecución de inversiones mínimas necesarias no va de la mano” con el gradual “aumento de la demanda”.

En el informe la transportista puntualizó que “resulta habitual que, para evitar restricciones de demanda (cortes) Cammesa aplique exigencias de operación admitidas para condiciones de emergencia, abriendo líneas, llevando las tensiones fuera de banda, la carga de transformadores por encima de su potencia nominal y las corrientes por las líneas al límite de lo admisible, entre otras irregularidades”. En este contexto, Transnoa indicó que, “aún con las riesgosas acciones mencionadas, existen estados de demanda (picos de consumo) en los que se debe recurrir inevitablemente al corte de demanda”.

Redes antiguas y sobreexigidas

En su último informe a Cammesa, Tansnoa señaló que la cuarta parte de sus líneas de transporte “tienen más de 30 años, de las que un 60% tiene más de 40 años”. En este punto, la transportista consignó que las líneas y estaciones de transformación eléctrica más antiguas son, precisamente, las que conectan a los centros con mayor demanda, por lo que operan con “elevada carga”.

En septiembre de 2011, la Federación nacional del sector dispuso una inspección a las 13 estaciones transformadoras (ET) de Transnoa en la provincia de Salta.

En su informe, los técnicos apuntaron que en ninguna de ellas se cubrían guardias, las 24 horas, con personal técnico. Se observó que en muchas de las estaciones había un único operario (y solo en un turno) y que la mayoría estaba expuesta al ingreso de personas que, por desconocimiento u omisión, podían atentar contra las instalaciones, su propia vida y la seguridad de la población.

Por otra parte, lo especialistas constataron que, a excepción de la estación de Cafayate, ninguna otra contaba con el kit completo de elementos de protección personal y colectiva que debe incluir pértigas, detectores, guantes dieléctricos, taburetes aislantes y equipos de puesta a tierra.

Ayer el gremio de Luz y Fuerza denunció que todas las irregularidades expuestas en ese informe y llevadas al Ministerio de Trabajo el pasado 25 de abril siguen inalterables y en muchas localidades, agravadas.