Después de los anuncios del presidente Mauricio Macri sobre una reforma integral que intenta motorizar al sector productivo, el Ejecutivo provincial quiere que en Salta se agilice un paquete de medidas que impulsan la inversión y la generación de empleo en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Más del 90% de las empresas radicadas en Salta son pymes, por lo que se espera que el nuevo esquema fiscal y de alicientes tenga un impacto considerable.

El ministro de Ambiente y Producción de la Provincia, Javier Montero, presentó ayer a diputados y senadores la letra chica del proyecto de ley de promoción y estabilidad fiscal para la generación de empleo. Se apunta no solo a estimular la inversión productiva para favorecer a empresas que se quieren radicar en Salta, sino también a aquellas que ya están constituidas y buscan ampliar su plan de negocios.

La iniciativa, además, ratifica algunas exenciones al impuesto de sellos y propone un techo para que no haya aumentos impositivos. "Proponer esa estabilidad fiscal hasta el 2020 y que luego se sumará con lo que manifestó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de manera progresiva en los próximos cinco años, ir reduciendo actividades económicas (ingresos brutos) y el impuesto de sellos", afirmó Montero.

Expansión económica

Desde el Gobierno provincial esperan que se genere una expansión económica, se incremente la demanda laboral y se garantice la competitividad de los sectores productivos locales, buscan darle un fuerte impulso a aquellas empresas que produzcan en la provincia. Además, quieren poner en marcha un motor para que los productos sean exportados a diferentes países limítrofes y que el Pacífico sea otra opción real y concreta al puerto de Rosario.

Como la autoridad de aplicación del Sistema Único de Promoción será el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, Montero fue el encargado de presentar el proyecto.

En diálogo con El Tribuno, el funcionario provincial consideró al proyecto como "sumamente integrador" que hace foco en dos temas.

Los focos

En primer lugar, se unifican todas las leyes provinciales en una sola y se hace un replanteo de los beneficios provinciales como los impositivos, ayudas crediticias y subsidios de tasa.

En segundo lugar, Montero explicó que estarán en sintonía con las dos leyes nacionales que sacó Cambiemos el año pasado (ley de pymes y de emprendedores) para las pequeñas y medianas empresas. Estas legislaciones apuntan al fortalecimiento del sector, con ayudas como créditos.

"Después hay algunas decisiones adicionales como focalizar un poco en las tierras recuperadas de Salta Forestal y qué podemos hacer en términos productivos. Queremos que la Legislatura nos acompañe. Queremos ratificar y darle fuerza de ley a lo que queremos llamar a la Agencia de Promociones e Inversiones de la Provincia. El Gobierno nacional ha creado la agencia y nosotros hemos firmado un convenio con esa agencia y venimos trabajando", destacó el ministro de Ambiente.

Dentro del proyecto de ley hay un tema que va a generar un debate positivo con el Colegio de Escribanos, de Contadores y Abogados.

"Es la modificación y unificación de lo que es el registro público y la inspección de personas jurídicas para poder llegar a aplicar algunos conceptos novedosos que ha implementado el Gobierno nacional como es la sociedad de un solo socio o la sociedad anónima simplificada. El anhelo es que esa sociedad se pueda constituir en 24 horas", detalló Javier Montero.

.La letra chica del proyecto del ley

En el nuevo esquema fiscal y de fomento al sector productivo, el Gobierno provincial creará un sistema único de promoción de las inversiones privadas para promover la generación de fuentes de trabajo de calidad y disminuir el impacto social que provoca la desocupación y subocupación, dos preocupaciones centrales del mercado laboral en la provincia. 

El Grand Bourg ratificó las actividades económicas que serán los pilares de esta etapa en Salta.

 Este nuevo sistema estará conformado por los sectores: industrial, turístico, cultural, de la industria audiovisual y artes escénicas, ganadero, de los servicios de salud humana, de la generación de energías renovables, minero, de la actividad hidrocarburífera, de la industria del software y la tecnología y de la actividad forestoindustrial.

Se podrán acoger a este esquema empresarios que vuelquen recursos en nuevas instalaciones o en ampliaciones. Están contemplados aquellos que realicen la modernización o mejoramiento tecnológico de su producción. 

Impuestos

El proyecto de ley sostiene que el Poder Ejecutivo podrá otorgar las medidas de carácter promocional como la exención de todos o algunos de los tributos provinciales, excluidas las tasas retributivas de servicios; se darán certificados de crédito fiscal por un monto de hasta el 40 por ciento de las inversiones a ejecutar, los que podrán ser utilizados para el pago de los impuestos a las actividades económicas, de sellos e inmobiliario rural, o los que en el futuro lo reemplacen. 

Se podrán ceder en comodato, por períodos de hasta 20 años, o locar a precio de fomento, bienes de dominio del Estado provincial, apoyar las gestiones para la obtención de créditos ante entidades bancarias y financieras, públicas o privadas.

Los beneficios de exención dispuestos podrán otorgarse por un plazo máximo de hasta ocho años para los nuevos emprendimientos y hasta cuatro para las ampliaciones de establecimientos que se encuentren en marcha o estén en proceso de modernización o mejoramiento tecnológico de su producción. 

Los beneficiarios del sistema único de promoción deberán mantener las operaciones del establecimiento promovido por un plazo mínimo de diez años, caso contrario se deberá reintegrar al Estado la proporción de beneficios en función de los años en que efectivamente funcionó.

Exención de sellos 

La exención de sellos será para la constitución de sociedades o ampliación de su capital social y la reorganización; para los créditos productivos y capital de trabajo (garantías, finanzas y demás instrumentos que suscriban) otorgados por el Estado y las entidades bancarias. El Poder Ejecutivo podrá otorgar subsidios de tasas de hasta cinco puntos y por un monto anual que fije la ley de Presupuesto, para los créditos productivos que se oferten en la provincia.