La polémica por los salarios y la agremiación de los internos en los penales de todo el país llegó a la Legislatura de Mendoza. Los que se enfrentaron a través de los medios fueron el diputado kirchnerista Lucas Ilardo y su par Daniel Cassia, legislador por el Frente Renovador.

Cassia, conocido por sus iniciativas relacionadas con la mano dura en seguridad, explicó que a su criterio no debería contar el fallo de la Cámara de Casación Penal a favor de presos que trabajan en Ezeiza para que cobren aguinaldo y tengan vacaciones, “porque debería haberlo hecho una cámara laboral”.

En cuanto a la existencia de un sindicato, aseguró que “mientras se les ha negado la personería jurídica a gremios de actividades mas nobles– los celadores, por ejemplo– no se puede priorizar el de los internos en las cárceles”.

Agregó que “reconocer derechos a quienes han infringido la ley, cuando a las víctimas no se las tiene en cuenta, genera disgusto y malestar social”. Igualmente no dejó de valorar “que es importante invertir en programas de reinserción social”.

En tanto, el camporista Lucas Ilardo, enfrentado a Cassia en lo ideológico, aseguró que “tenemos que hacernos responsables como sociedad acerca de qué hacemos con las personas privadas de libertad, si los estimulamos para que se reinserten o los dejamos sin esas herramientas”.

Por otra parte, y en coincidencia con el ex director del Servicio Penitenciario y actual conjuez Sebastián Sarmiento, el legislador del Frente para la Victoria subrayó que los presos “tienen derecho a tener un sindicato porque también son trabajadores y es necesario que cuenten con una representación”.

Es necesario aclarar y reiterar que el fallo de Casación no es una novedad, por cuanto ratificó lo que se reglamentó por ley en 1996. Y alcanza sólo a los que trabajan, ya sea en mantenimiento de las cárceles, en talleres de producción o en empresas privadas. En el caso de Mendoza, sólo 700 de los 3.000 internos se desempeñan laboralmente.

Entonces, que las personas privadas de libertad cobren un salario no es una iniciativa del Gobierno actual, es un derecho que los internos tienen por la ley 24.660.

Lo que hizo exaltar algunos ánimos sociales fue que se conformara un gremio que represente a los presos que trabajan y que reclama derechos laborales como aguinaldo, vacaciones y el cobro del total del sueldo, sin los descuentos que hoy se le practican.

En Mendoza

La realidad no es igual para todas las provincias en esta temática.

En Mendoza, si hubiera que pagar un sueldo no menor a las tres cuartas partes de un salario mínimo vital y móvil a cada uno de los internos que trabajan sería necesario que el sistema penitenciario contara con un presupuesto de $200 millones anuales. Actualmente el presupuesto es de $100 millones.

Estos datos fueron proporcionados a radio Nihuil por Sebastián Sarmiento, conjuez de ejecución penal y quien hasta abril de 2013 fue director del Servicio Penitenciario provincial.

En verdad, los números actuales distan muchísimo de los ideales que plantea la ley.

En una entrevista brindada al programa Primeras voces, Sarmiento explicó que si bien la ley indica que hay que pagarles a los internos que trabajan, en Mendoza sistemáticamente no ha habido fondos para realizar ese gasto.

Además, explicó que en el caso de trabajar para empresas externas a la Penitenciaría, son éstas las que abonan el salario. Mientras, si sus actividades son en talleres o mantenimiento de la misma Penitenciaría, es el Estado el que paga. “Lo que se deposita es una suma miserable. La Legislatura nunca ha votado una partida para pagar sueldos a los internos. Siempre se ha dejado en segundo plano este tema”, sostuvo.

Consultado acerca de si es conveniente la existencia de un sindicato de presos, Sarmiento respondió: “Creo que es un mecanismo interesante. Todos los trabajadores necesitan una representación dentro de lo razonable. Reconocer los derechos de cualquier trabajador es importante”.

Evitar la reincidencia

Si bien los datos de reincidencia son importantes, de hecho el 65% de los liberados reinciden en el delito, Sarmiento manifestó que el sistema debe comprometerse a generar herramientas de autosustento y autoempleo, para que esto no suceda. “Es una fantasía eso de que van a salir de la cárcel y van a conseguir trabajo. No es fácil esto. Hay que establecer un puente entre la sociedad y la cárcel, en especial en los primeros seis meses, cuando una persona que sale se enfrenta con la realidad”, aseguró el ex director del Sistema Penitenciario.