Los dos vocales del Tribunal Electoral le reclamaron por nota al secretario de Gobierno, Francisco Petrino, que establezca un cronograma de pago para las más de mil personas que trabajaron en el operativo.

En ambos escritos, uno el jueves y otro el viernes, Martha Raquel Corvalán y Alejandro Ferrari le pidieron a la Comuna lo que no consiguieron verbalmente: que cumpla la “obligación legal” para que unas 900 autoridades de mesa cobren 1.500 pesos cada una y también abonen 1.800 pesos a los 100 técnicos y 50 delegados que estuvieron afectados.

El jueves, los apoderados del Frente Unidad Justicialista le solicitaron otra vez a la justicia provincial que investigue y haga un peritaje a la máquina de Boleta Única Electrónica que cambió el sentido de la votación de un elector en la escuela del barrio CGT. Y exigieron que los “constituya como querellante particular”. “Lo hicimos para que la causa se empiece a mover porque está parada”, confió una fuente. Ya algo consiguieron. Al día siguiente, les llegó la notificación para que el martes vayan a ratificar la denuncia y esperan que esta semana empiecen a surgir las novedades.