La UCR sigue agitando en la Legislatura el debate en torno a la independencia política de los candidatos a integrar la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

Mientras espera la llegada del pliego de Miriam Gallardo, la candidata oficial para ocupar el cargo que dejó vacante Luis Böhm en el alto tribunal, dos legisladores radicales, Claudia Najul y Alejandro Molero, presentaron un proyecto para elevar el mínimo de votos requeridos a la hora de ratificar las designaciones en el Senado.

Los senadores de la UCR pretenden modificar el artículo 150 de la Constitución para que los miembros de la Corte y el procurador general de la provincia requieran de aquí en más los votos de dos tercios de los presentes, en lugar del sistema actual, donde apenas la mayoría simple alcanza para quedar ratificados.

La propuesta asimilaría el funcionamiento provincial a las condiciones de la Constitución Nacional, donde es necesario obtener precisamente dos tercios para confirmar al nuevo integrante de la Corte Suprema.

De esta manera, frente a una votación en la que se pronunciara la totalidad de la Cámara Alta, harían falta 26 votos en lugar de 20. Esto favorecería el objetivo de conseguir “profesionales capacitados e idóneos para esta función de tanta relevancia republicana”, según expresan Najul y Molero en el proyecto.

Lo que no cambiaría en Mendoza es el viejo sistema de bolillas blancas y negras, que mantiene el procedimiento en secreto.

Najul ya había propuesto que la próxima vacante en la Corte provincial fuera ocupada por una mujer. El gobernador satisfizo ese reclamo, pero ahora en el radicalismo cuestionan con fuerza el hecho de que la elegida sea militante del PJ: Gallardo fue legisladora y ahora ocupa el cargo de concejal por el justicialismo.

La propuesta fue a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado y tiene muy bajas probabilidades de ser sancionada, más si se tiene en cuenta que en periodo de sesiones extraordinarias no se lo puede aprobar.

Además no serviría para el corto plazo,dado que requeriría poner en funcionamiento el proceso de enmienda constitucional, que exige, además de la sanción del proyecto por parte del Senado, la realización de una consulta pública en la próxima elección para imponer la nueva redacción del artículo

Sin embargo, por lo menos mantiene vigente la polémica que aviva la oposición sobre el origen político de la candidata del Gobierno, que está sometida a los vaivenes de la interna peronista.

De hecho, Najul dijo que se elaboró el proyecto luego de que el candidato del justicialismo a la gobernación, Matías Roby, señalara que sus aliados podrían no votar a Gallardo debido a su enojo con el aparato del PJ.

La legisladora señaló expresamente que la idea es evitar “el manoseo de la interna peronista” con la exigencia de un consenso mayor para confirmar los candidatos a la Corte.

Sea buena o no la receta de la UCR, esa manipulación existe. El envío del pliego de Gallardo se frenó hace casi un mes debido a que Pérez no incluyó otras propuestas, como los candidatos a conducir la Fiscalía de Estado y un cargo de vocal para el Tribunal de Cuentas, de las cuales están pendientes sectores y dirigentes del PJ.

Desde el propio oficialismo se reconoció que todos nombramientos no avanzarían hasta que pasara el cierre de listas de candidatos para las próximas elecciones, que se produjo el sábado. Pero hasta anoche, el suspenso sobre el arribo de los pliegos al Senado continuaba.

Con un elemento más. Hubo algunas fuentes que no aseguraron la nominación del contador Ricardo Pettignano para el Tribunal de Cuentas, debido a que su sector político, Integración Peronista, tomó distancia del acuerdo por las candidaturas que la mayoría del aparato peronista abrazó este fin de semana.