Dos horas después de que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires dieran una conferencia de prensa para rechazar que la SIGEN audite a la universidad, un funcionarios de ese organismo de control se presentó en su sede para notificarlas de que estaba habilitado para hacer la auditoría. El hombre de la SIGEN -José Fretes, gerente de control- informó a los movileros que se agolparon en el lugar que necesitaba una oficina para instalar a su gente y acceso a la documentación, que obviamente, la UBA no le dará hasta que la justicia se expida sobre si esta auditoría es legal. No hay ofensiva libertaria sin show: el nuevo round entre el gobierno de Javier Milei y las universidades públicas tuvo su escenificación para las cámaras (y las redes). Se vió a la SIGEN entregar su notificación, a las empleadas de la mesa de entradas recibirlo, aunque la escenografía remitía, involuntariamente para el gobierno, al desfinanciamiento: en primer plano las computadoras de la mesa de entrada, vetustas; de fondo una pared que había perdido pedazos de su revoque. En paralelo, los centros de estudiantes y los gremios preparan una tercera marcha federal, que tiene fecha tentativa para el martes 12 de noviembre (ver aparte).

“Ahora hay que ver qué decide la justicia”, apuntaron desde la UBA. El titular de la SIGEN, Miguel Blanco, les dobló la apuesta: "Si ellos van a la justicia, nosotros también".  

Para las autoridades de la UBA, el gobierno quiere convertir a la SIGEN “en un caballo de Troya para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica”. Así lo señalaron en un comunicado, días atrás, cuando pidieron a los tribunales una declaratoria de certeza sobre si el organismo de control que depende del Poder Ejecutivo, la SIGEN, puede realizar el procedimiento.

Este lunes, para reforzar su argumento de que el problema no es ser auditados, sino la intención de la Casa Rosada para hacerlo, los integrantes del consejo superior anunciaron en la conferencia de prensa que ya abrieron una convocatoria nacional e internacional para que estudios “profesionales e independientes” realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno.

Por otra parte, publicaron en su página web los controles realizados en el período 2020-2023 por la Auditoría General de la Nación, que es el organismo habilitado desde 2022 para esta tarea. También subieron con informes sobre la ejecución presupuestaria de este año.

“No hay un peso del que no se sepa a qué fue destinado”, aseguró Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la casa de estudios.

El rector Gelpi trató de volver al eje real del conflicto con el gobierno, que es el financiamiento a las universidades públicas. Sostuvo a su vez que la gestión de Javier Milei “ha desfinanciado todo” el sistema universitario público. Anticipó que debido al bajo presupuesto previsto para 2025, ”quizás en el futuro cercano no se pueda sostener” su funcionamiento pleno.

"Se ha desfinanciado y eso es obvio, la UBA está haciendo un esfuerzo enorme, como también pasa con el Conicet que es una institución con la que estamos íntimamente ligados", puntualizó el rector.

La pelota, en la Justicia

Al adelantar que el gobierno evalúa presentar una denuncia judicial contra la UBA, el titular de la SIGEN, Miguel Blanco, dijo que ya “hay 27 universidades que aceptaron ser auditadas y con el resto va a pasar lo mismo. La única que niega es la UBA”.

Blanco aclaró algo evidente, que no pudieron comenzar a hacer la auditoría. “Si no nos dejan entrar, no vamos a poder auditar”, señaló. Apuntó además que necesitan acceder a documentación interna. 

Por otra parte, salió a contestar las razones que dió la UBA para rechazar a la SIGEN. “Ellos dicen que ya son auditados por la AGN, pero la realidad es que en los últimos diez años hubo solamente dos auditorías de la UBA, una a la Facultad de Derecho en el año 2007 y 2008; otra a la Facultad de Psicología en 2018. En ninguna se auditaron las rendiciones de fondos ni los convenios", que es el punto que decidió enfocar el gobierno de Milei.

¿Cuál es el punto en el que se está enfocando el gobierno de Milei? Según un informe que la SIGEN filtró a los medios hegemónicos la no rendición de 8 mil millones de pesos de gastos destinados al funcionamiento de la UBA y unos dos mil convenios con reparticiones públicas. Eso decía el informe filtrado, aunque ahora Blanco evitó hablar de cuántos millones realmente no fueron rendidos y pasó de los supuestos 2000 convenios a 354 convenios.   

Uno de los convenios que el gobierno cuestiona -para  ilustrar de qué se está hablando- fue el que firmó ENARSA, la empresa pública encargada del sector energético,  con la Facultad de Economía de la UBA para ver el impacto ambiental del gasoducto Néstor Kirchner.  "En Economía no se estudia una sola materia sobre impacto ambiental", indicó el titular de la SIGEN. 

Finalmente, cuestionó que la UBA sostenga que "a las rendiciones de la cuenta de inversión la presentan al Poder Legislativo, cuando la verdad es que la última que presentaron fue hace nueve años". "Hablan de los informes de la AGN; yo he revisado todos y no hay ninguna referencia ni a las rendiciones de cuentas ni a los convenios. Los argumentos no son sostenibles, hay que preguntarle a la UBA por qué no quieren ser auditada", insistió el titular de la SIGEN.