Mariano De Vedia

La posible reapertura de la causa judicial que involucra a antiguos miembros de la organización Montoneros por el atentado contra el comedor de una sede de la Policía Federal, que causó 23 muertos y 112 heridos en julio de 1976, está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata del proceso más avanzado, luego del reclamo de la vicepresidenta Victoria Villarruel para reabrir las investigaciones de los ataques cometidos por las organizaciones guerrilleras en la cruenta década del 70.

La Sala I del tribunal tiene pendiente definir si confirma la decisión de avanzar con la investigación del caso y disponer medidas de prueba, así como la orden de indagar al exlíder guerrillero Mario Eduardo Firmenich, decisiones que en diciembre pasado dispuso la Cámara Federal. Las defensas del exjefe montonero y de otros imputados, entre los que se encuentran Patricia Walsh, Lila Pastoriza, Norberto Habegger, Marcelo Kurlat y Horacio Verbitsky, entre otros 16 acusados, presentaron recursos de casación, que aguardan una definición.

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Si bien el caso cobra actualidad en el contexto del 49° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Cámara Federal de Casación Penal no tiene plazos para pronunciarse. Fuentes judiciales recordaron a LA NACION que el primer paso sería decidir sobre la admisibilidad de los recursos planteados y, en caso de considerarlos admisibles, el tribunal tendría que fijar una audiencia para que las partes expongan sus posiciones en forma oral.

En agosto del año pasado, en un acto en el Senado, Villarruel reclamó la reapertura de las causas por las víctimas de las organizaciones guerrilleras, como un modo de “generar conciencia” de la necesidad de avanzar en busca de “la memoria y la justicia completas”. Lo hizo al encabezar en el Senado un acto por el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. En esa misma aparición, tomó distancia de la polémica que había generado en el bloque de diputados de La Libertad Avanza la visita de legisladores a exrepresores detenidos en el penal de Ezeiza.

“Fue una intención social y política, más que de práctica ejecutiva, dado que desde su posición como presidenta del Senado es difícil impulsar causas en ese sentido, pero algunos razonamientos fueron escuchados”, dijeron a LA NACION fuentes cercanas a la vicepresidenta, al referirse al llamado a indagatoria de Firmenich ordenado por la Cámara Federal en diciembre de 2024, en la causa por el atentado contra el comedor de la Policía Federal.

“La Argentina merece no ser un nido de impunidad y para eso hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia. Por eso, reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo, para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra Nación”, sentenció en ese momento la vicepresidenta Villarruel.

La historia del recordado atentado contra la sede policial se reactivó hace unos años con la publicación del libro “Masacre en el comedor” (Sudamericana), del periodista Ceferino Reato, que aportó detalles y testimonios.

Mario Firmenich, en una de sus recientes aparicionesIndagatoria al jefe montonero

La indagatoria a Firmenich y la orden de reabrir la investigación sobre el atentado de Montoneros fueron dispuestas por la Cámara Federal, que revocó la exención de la acción penal por prescripción que había dictado la jueza federal María Servini y encuadró el hecho como una “violación a los derechos humanos”, agravada por la posterior omisión de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

La bomba contra el comedor de la entonces Superintendencia de Coordinación Federal explotó el 2 de julio de 1976, a las 13.20, en un horario de plena actividad y movimiento en la dependencia de la Policía Federal.

La imagen más conocida del atentado de Montoneros al comedor de la dependencia de la Policía Federal, el 2 de julio de 1976

La Cámara Federal incluyó en su resolución “la impactante lista de víctimas olvidadas en los archivos de la historia” y señaló que no era la primera vez que un ataque de Montoneros tenía como destinatario a un objetivo de la Policía Federal. Mencionó, así, los atentados contra los jefes de ese cuerpo, el comisario Alberto Villar, en 1974, y el general de brigada Cesáreo Ángel Cardozo, en junio de 1976, con el objetivo de “golpear directamente al corazón de la fuerza”. Frente al ataque al comedor de Coordinación Federal, los jueces concluyeron que “el objetivo ya no tenía la precisión quirúrgica de un homicidio, sino la espectacularidad de una matanza, y ya no buscaba dañar la cúpula de la institución, sino apalearla en toda su integridad”.

Con la firma de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que ordenó la indagatoria de Firmenich argumentó que “la brutal represión ilegal que desplegó la dictadura militar que usurpó el poder a partir de marzo de 1976 fue el episodio más oscuro, cruel y aberrante de la historia argentina”.

“No hubo porción de la historia argentina previa a ese período que se le compare. Pero, aun así, su barbarie no absuelve ni exculpa a quienes planearon el atentado [la agrupación Montoneros], a las distintas células encargadas de su logística y realización -los integrantes del denominado Pelotón de Combate Sergio Puigros-; ni a los que lo ejecutaron materialmente. Las atrocidades de unos, no neutralizan los crímenes de los otros”, añadieron los magistrados, que aceptaron como querellantes en la causa a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que reclama el enjuiciamiento a los responsables de los ataques de organizaciones guerrilleras.

La Cámara Federal recordó en su fallo de diciembre que el dictamen del fiscal actuante en la causa estableció a Rodolfo Walsh como “uno de los posibles responsables de la ideación, planificación y puesta en marcha de la operación” que derivó en el atentado. En su caso se dictó la extinción de la acción penal por muerte, como ocurrió también con José María Salgado, a quien se lo indicó como el autor material del atentado, luego de incorporarse a los cuadros de la institución policial, y fallecido un año después del ataque, luego de ser secuestrado en Avellaneda.