Una decisión inesperada del juez adelantó el desenlace del arresto que tuvo en vilo al mundo sindical. Estaba previsto que el gremialista Gerónimo Venegas siguiera preso, incomunicado, al menos hasta hoy; pero minutos antes del mediodía de ayer, Norberto Oyarbide informó que la indagatoria sería en cuestión de minutos.

Los afiliados del gremio de Venegas y sus aliados políticos lo celebraron como el primer logro de su lucha por la liberación. "Mañana [por hoy] no hay luz en el edificio por tareas de refacción. Nos lo informó a las 8 la Cámara de Casación", fue la explicación del juzgado. Así empezó un día de versiones cruzadas y tensión extrema en los tribunales de Comodoro Py, que terminó anoche, con la noticia de la excarcelación.

A las 16, el fiscal Luis Comparatore había accedido a la liberación. Entre sus argumentos sostuvo que los delitos adjudicados a Venegas no tenían la magnitud de los que pesaban sobre otros gremialistas presos (una clara referencia a Juan José Zanola). Lo cierto es que en la fiscalía de Comparatore no sólo creían que Venegas debía ser excarcelado; pensaban que no debió haber sido detenido. Como sucedió otras veces, nadie de la fiscalía asistió a la indagatoria.

La audiencia duró siete horas. Empezó a las 13, cuando el juez le informó a Venegas los cargos en su contra: asociación ilícita, fraude al Estado, comercialización de sustancias peligrosas para la salud y falsificación de marcas. Le contó sobre las escuchas, los peritajes y los documentos encontrados en los allanamientos que fueron las pruebas en las que basó su decisión de detenerlo y le exhibió decenas de carpetas.

Mientras tanto, lo que pasaba en el despacho del juez era un misterio puertas afuera. Sólo a las 21, cuando terminó la audiencia y se levantó el secreto, se supo qué se le adjudica al gremialista. El primero de los cargos es haber desviado dos millones de pesos que el Estado le había entregado a la obra social para la prevención de enfermedades. Según la defensa, ese dinero se usó para comprar 20 ambulancias para poder llegar a los afiliados que trabajan en zonas de campo. Según los investigadores, estaba determinado en qué programas debían usarse esos fondos y no se preveía la compra de vehículos.

Además, todo ese reparto de dinero está bajo sospecha. Para Oyarbide, lo hizo el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli sin permiso legal, en favor de 52 de las obras sociales (lo procesó esta semana por eso). La de Venegas fue la tercera entre las que más dinero recibió.

El segundo es por troqueles falsos presentados ante la Administración de Programas Especiales para lograr el reintegro del precio de remedios oncológicos. Un peritaje policial analizó los troqueles de una serie de expedientes iniciados por Venegas y resultó que la gran mayoría eran falsos, explicó una fuente de la investigación. Dijo que se sospecha que se pretendió estafar al Estado en $ 730.000.

El tercer cargo es por el descubrimiento de un medicamento falso para tratar el VIH. Un médico de Venado Tuerto hizo la denuncia. Un allanamiento de ayer desmotró que el remedio (Reyataz) había salido de la farmacia del sindicato de Venegas, informaron fuentes judiciales. De ese allanamiento surgió que el 80% de los medicamentos con troqueles falsos descubiertos venían de la droguería Atlántida, una de las más sospechadas, allanada anteayer.

El último de los cargos es por asociación ilícita. Entre las pruebas hay escuchas a Luis Torrent, un contador que, según el juzgado, es mano derecha de Venegas (fuentes del gremio dicen que es un sindicalista más). También de Vanina Postigo, secretaria de Torrent. Ellos hablan del poder de Venegas, de sus vínculos con Eduardo Duhalde y de la posibilidad de hacer "un negocio grande". Postigo le dice a Dany, de una droguería, que es un sindicato de mucha plata y afirma: "Ahora están laburando rebién. ¿Sabes lo que roban, no?"

Venegas está libre, pero la causa sigue adelante y el juez debe decidir si lo procesa.