La primera sesión del año del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se desarrolló por momentos en un clima denso, que incluyó graves acusaciones por parte de un consejero en contra de sus pares. El clímax se dio durante el tratamiento del primer punto de la orden del día, que proponía que las autoridades soliciten a la Justicia que anule una resolución de 2008 por la cual se daban por finalizadas las obras referidas a la “ciudad universitaria”, lo que implicaba que la UNT dejaba de recibir la mitad de sus utilidades de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

La Ley N° 14.771 (creación de YMAD) prevé que las utilidades de la empresa se distribuyan del siguiente modo: el 60% para Catamarca y el 40 % para la UNT, hasta que se termine la “ciudad universitaria” -en referencia al edificio inconcluso, ubicado en San Javier, que se empezó a construir durante el Rectorado de Horacio Descole-. Acabadas las obras, la UNT debía percibir la mitad de lo que recibía -el 20% del total-, y el otro 20% del total se distribuiría entre las demás universidades del Estado.

El 2 de enero de 2008, el ex rector Juan Alberto Cerisola firmó la resolución por la cual daba por terminada la “ciudad universitaria”, sobre la base -según dijo a LA GACETA en septiembre pasado- de una redefinición del concepto. “Cuando (YMAD empezó a distribuir utilidades) nos dimos con que el proyecto de ciudad universitaria ya no era viable. Por ello, repensamos la ciudad universitaria, lo que significaba sustituir el proyecto de San Javier”, había dicho. Según estimaciones del ex representante de la UNT ante YMAD Florencio Aceñolaza, tal decisión significó que la universidad dejó de recibir unos $ 500 millones.

Pese a que en la última sesión del año pasado se había decidido que las tres comisiones permanentes del cuerpo se pronuncien respecto del planteo de que la rectora, Alicia Bardón, pida a la Justicia que anule aquella disposición, el tema volvió al recinto ayer sin contar con todos los aconsejamientos. 

La titular de Enseñanza y Disciplina, la decana de Naturales, Margarita Hidalgo, explicó que esa comisión no había adherido a la propuesta porque consideraban necesario la opinión de Asuntos Jurídicos. “El artículo 1° decía que la rectora disponga realizar acciones de lesividad. Hasta no oír a Jurídicos no íbamos a firmar”, señaló.

“Queremos esquivarlo”

Visiblemente enojado, el consejero por los graduados Ricardo Cisneros reclamó su tratamiento, con severidad. “¿Perdemos $ 500 millones y hablan de un tecnicismo jurídico? ¡En la comisión hay una asesora de Asuntos Jurídicos! Lo digamos de frente: ¡no queremos tratarlo, queremos esquivarlo! ¡Demos la cara, no nos ocultemos! Para eso hicimos un juramento. ¡Hay que tratar este tema!”, bramó.

Hidalgo le respondió a Cisneros. “No existe la intención de esquivar, de ocultar o de no tratar el tema. Al contrario; queremos hacerlo, pero con conocimiento válido e irrefutable”, dijo. El titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, precisó que el asesoramiento que pudiera brindar la persona de esa dependencia que colabora con las comisiones no debe interpretarse como un dictamen oficial del área.

La decana de Artes, y titular de la comisión de Interpretación y Reglamento, Raquel Pastor, también le contestó a Cisneros. “No me haré cargo de acusaciones que van y vienen. Trabajé con seriedad, compromiso y objetividad cada tema”, afirmó. Y explicó por qué acordaba con la moción del consejero Jorge Molina (docentes titulares) de que el tema sea tratado en una reunión conjunta de las tres comisiones. “Por respeto, no diré de quiénes; pero hay muchas opiniones que están siendo modificadas, y por eso considero que debería darse la instancia de la discusión en comisiones”, indicó Pastor.

El cuerpo decidió por unanimidad que desde las 8.30 del martes se reúnan las tres comisiones para debatir un dictamen que será tratado el martes 28.

Los asuntos entrados no prosperaron en el Superior. El consejero Ricardo Cisneros (graduados) pidió que la Sigen y la AGN investiguen destino de cada peso de YMAD. Acordó que pase a comisión. También propuso la creación de una contraloría universitaria; y terminó aceptando que lo trate la Asamblea Universitaria, en el marco de la reforma del estatuto.